El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha llamado en la madrugada de este domingo a la movilización en la acampada por la vivienda en Sol. "Miles de personas hemos decidido quedarnos en Sol acampando, esto tiene que suponer un antes y un después. Seguiremos manteniendo el pulso a las Administraciones", ha señalado Valeria Racu, miembro de la plataforma.
Parece que hablar de Maricarmen, es habalr de crisis social, manifestaciones, policiales, el
Ministerio de Vivienda, Ayuso y Pedro Sánchez a la vez. Quizá es que detrás del Sindicato de
Inquilinas hay activistas bien pagados y a la izquierda del PSOE. ¿Me equivoco, Ada Colau?
Pedro Herrero analiza cómo funciona el actual movimiento por la vivienda y reconstruye las conexiones entre el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Barcelona, IDRA, la PAH, Ada Colau, Barcelona en Comú y una generación de activistas profesionales que ha convertido la vivienda en uno de los grandes campos de batalla políticos de España.
Nombres como Jaime Palomera, Valeria Racu y Carme Arcarazo aparecen una y otra vez en ese ecosistema. Investigación académica, asociaciones, portavoces mediáticos, campañas contra los fondos buitre, organización de manifestaciones, producción audiovisual y presión directa sobre las administraciones forman parte de una estructura mucho más sofisticada que la imagen tradicional de unos vecinos organizándose espontáneamente para impedir un desahucio.
La clave está en una palabra: proxy.
Herrero explica cómo determinados movimientos políticos pueden construir organizaciones formalmente separadas de los partidos pero útiles para mantener influencia social, controlar determinados debates y movilizar a la opinión pública. La PAH precedió al salto institucional de Ada Colau. Los Comuns llegaron al Ayuntamiento de Barcelona. Después crecieron organizaciones, grupos de investigación y estructuras vinculadas al activismo de vivienda capaces de seguir operando incluso cuando sus referentes políticos ya no ocupaban las instituciones.
Y ahí aparece también el dinero.
La conversación sigue el rastro de proyectos de investigación, subvenciones municipales, fondos europeos y financiación pública recibida por organizaciones como IDRA. El debate ya no consiste únicamente en saber qué propone el Sindicato de Inquilinas, sino en entender cuánto cuesta mantener activistas liberados, investigadores, campañas profesionales, abogados, vídeos, actos públicos y una maquinaria de comunicación que puede superar ampliamente la capacidad de muchas pequeñas empresas.
Todo eso desemboca ahora en Madrid.
Valeria Racu se convierte en una de las caras visibles del movimiento. Carme Arcarazo presenta el “decreto Maricarmen”. Jaime Palomera ocupa el espacio académico desde el que cuestiona que construir millones de viviendas sea suficiente para reducir los precios. Ada Colau vuelve a participar personalmente en protestas contra desahucios. El movimiento nacido alrededor de Barcelona se ha convertido en un actor nacional capaz de presionar directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
Maricarmen funciona como el caso perfecto para entender esa estrategia.
Una mujer de 87 años, una vivienda en Sáinz de Baranda, un alquiler antiguo, nuevos propietarios, una subida hasta los 2.650 euros, imágenes de antidisturbios y una anciana saliendo en camilla concentran en una sola historia toda la carga emocional necesaria para dominar durante días la conversación pública sobre vivienda.
Pedro Herrero lo define como un estado de comunicación alterado: aparece una víctima concreta, todos los focos se concentran sobre ella, la política empieza a reaccionar y en cuestión de horas se instala la sensación de que es obligatorio hacer algo. El caso particular termina convertido en argumento para cambiar una política nacional.
Pero hay otra guerra debajo.
El Sindicato de Inquilinas no solo presiona a Ayuso o a los propietarios. También está presionando por la izquierda al PSOE y al Gobierno. Podemos, Sumar, los Comuns y el movimiento inquilino compiten por apropiarse del problema de la vivienda mientras Sánchez intenta presentar sus propias medidas. Óscar Puente conoce perfectamente este tipo de campañas: años atrás ya denunció públicamente cómo determinados grupos de presión podían construir relatos contra una administración.
La vivienda es hoy probablemente el mayor problema material para millones de jóvenes españoles. Precisamente por eso importa conocer también a quienes han conseguido dominar su relato.
Quiénes son. De dónde salen. Cómo se organizan. Quién financia sus estructuras. Qué relación existe entre IDRA, los Comuns y el Sindicato de Inquilinas. Por qué Jaime Palomera aparece como experto, Valeria Racu como activista y Carme Arcarazo como portavoz. Y cómo una red nacida en Barcelona ha terminado condicionando la conversación política sobre alquileres, propietarios, desahucios y construcción de vivienda en toda España.
Porque cuando una asociación tiene portavoces, investigadores, abogados, campañas profesionales, millones de visualizaciones y capacidad para colocar un decreto con su nombre encima de la mesa del Consejo de Ministros, ya no estamos hablando solamente de activismo callejero.
Estamos hablando de poder.
Ministerio de Vivienda, Ayuso y Pedro Sánchez a la vez. Quizá es que detrás del Sindicato de
Inquilinas hay activistas bien pagados y a la izquierda del PSOE. ¿Me equivoco, Ada Colau?
Pedro Herrero analiza cómo funciona el actual movimiento por la vivienda y reconstruye las conexiones entre el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Barcelona, IDRA, la PAH, Ada Colau, Barcelona en Comú y una generación de activistas profesionales que ha convertido la vivienda en uno de los grandes campos de batalla políticos de España.
Nombres como Jaime Palomera, Valeria Racu y Carme Arcarazo aparecen una y otra vez en ese ecosistema. Investigación académica, asociaciones, portavoces mediáticos, campañas contra los fondos buitre, organización de manifestaciones, producción audiovisual y presión directa sobre las administraciones forman parte de una estructura mucho más sofisticada que la imagen tradicional de unos vecinos organizándose espontáneamente para impedir un desahucio.
La clave está en una palabra: proxy.
Herrero explica cómo determinados movimientos políticos pueden construir organizaciones formalmente separadas de los partidos pero útiles para mantener influencia social, controlar determinados debates y movilizar a la opinión pública. La PAH precedió al salto institucional de Ada Colau. Los Comuns llegaron al Ayuntamiento de Barcelona. Después crecieron organizaciones, grupos de investigación y estructuras vinculadas al activismo de vivienda capaces de seguir operando incluso cuando sus referentes políticos ya no ocupaban las instituciones.
Y ahí aparece también el dinero.
La conversación sigue el rastro de proyectos de investigación, subvenciones municipales, fondos europeos y financiación pública recibida por organizaciones como IDRA. El debate ya no consiste únicamente en saber qué propone el Sindicato de Inquilinas, sino en entender cuánto cuesta mantener activistas liberados, investigadores, campañas profesionales, abogados, vídeos, actos públicos y una maquinaria de comunicación que puede superar ampliamente la capacidad de muchas pequeñas empresas.
Todo eso desemboca ahora en Madrid.
Valeria Racu se convierte en una de las caras visibles del movimiento. Carme Arcarazo presenta el “decreto Maricarmen”. Jaime Palomera ocupa el espacio académico desde el que cuestiona que construir millones de viviendas sea suficiente para reducir los precios. Ada Colau vuelve a participar personalmente en protestas contra desahucios. El movimiento nacido alrededor de Barcelona se ha convertido en un actor nacional capaz de presionar directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
Maricarmen funciona como el caso perfecto para entender esa estrategia.
Una mujer de 87 años, una vivienda en Sáinz de Baranda, un alquiler antiguo, nuevos propietarios, una subida hasta los 2.650 euros, imágenes de antidisturbios y una anciana saliendo en camilla concentran en una sola historia toda la carga emocional necesaria para dominar durante días la conversación pública sobre vivienda.
Pedro Herrero lo define como un estado de comunicación alterado: aparece una víctima concreta, todos los focos se concentran sobre ella, la política empieza a reaccionar y en cuestión de horas se instala la sensación de que es obligatorio hacer algo. El caso particular termina convertido en argumento para cambiar una política nacional.
Pero hay otra guerra debajo.
El Sindicato de Inquilinas no solo presiona a Ayuso o a los propietarios. También está presionando por la izquierda al PSOE y al Gobierno. Podemos, Sumar, los Comuns y el movimiento inquilino compiten por apropiarse del problema de la vivienda mientras Sánchez intenta presentar sus propias medidas. Óscar Puente conoce perfectamente este tipo de campañas: años atrás ya denunció públicamente cómo determinados grupos de presión podían construir relatos contra una administración.
La vivienda es hoy probablemente el mayor problema material para millones de jóvenes españoles. Precisamente por eso importa conocer también a quienes han conseguido dominar su relato.
Quiénes son. De dónde salen. Cómo se organizan. Quién financia sus estructuras. Qué relación existe entre IDRA, los Comuns y el Sindicato de Inquilinas. Por qué Jaime Palomera aparece como experto, Valeria Racu como activista y Carme Arcarazo como portavoz. Y cómo una red nacida en Barcelona ha terminado condicionando la conversación política sobre alquileres, propietarios, desahucios y construcción de vivienda en toda España.
Porque cuando una asociación tiene portavoces, investigadores, abogados, campañas profesionales, millones de visualizaciones y capacidad para colocar un decreto con su nombre encima de la mesa del Consejo de Ministros, ya no estamos hablando solamente de activismo callejero.
Estamos hablando de poder.
