Os guste o no, la Yoli tiene razón: el SMI en España debería rondar los 1300 o los 1400 euros

El SMI de 1.400 € y la cesta de la compra​

Un kilo de tomate costaba 0,69 euros en 2017 y hoy se maneja la cifra de 2,50, según una de las comparaciones que circulan en el hilo. En medio, el SMI español ha subido; la cesta de la compra, más. Esa es la tesis que abre esta discusión: con el salario mínimo actual, defiende su autor, no se vive con decencia. Avisa de que no vota ni al PSOE ni a Podemos y pide no comprar «la mercancía averiada» a los partidos de la derecha ni a los empresarios. Traducido: el asunto no admite trincheras cómodas.

¿Cuánto es el salario mínimo en España y por qué se discute ahora?​

Las referencias que se cruzan sitúan el salario mínimo en torno a los 1.400 euros mensuales, y ahí arranca el choque. Para una parte, esa cantidad sigue siendo miserable: un camarero de una cadena de bocadillos o un empleado de comida rápida, sostiene un participante, tendrían que cobrar entre 2.000 y 2.500 euros «porque es lo que generan». La respuesta llega sin paños calientes: si de verdad generan eso, que monten su propio negocio y se lleven el margen.

El otro flanco es la vivienda. Con un sueldo de 1.400 euros, argumentan varios, la ecuación solo cierra si el alquiler deja de comerse media nómina. Hay quien lleva el foco más lejos: el problema no son los sueldos, son los precios, y por encima de todos, el del ladrillo. Sobre esa idea vuelve el hilo más de una vez, porque es la que menos se discute y la que más cambia el diagnóstico.

Productividad, el argumento que se pelea​

Los salarios, sostiene una corriente, no se fijan por necesidad sino por productividad; España tendría una productividad mediocre y de ahí los sueldos. La réplica es frontal: la productividad sería un mantra para justificar nóminas bajas, y el ejemplo que se pone son países con fama de poco productivos cuyos trabajadores emigran y ganan el triple haciendo lo mismo. Se citan cajeras de supermercado veteranas, camareros y reponedores en otros países europeos para desmontar la idea de que allí rinden más.

Por debajo late un problema de escalones. Hay quien advierte de que subir el suelo sin tocar los tramos altos empuja a los cualificados a hacer las maletas, mientras las tareas se cubren con subcontratas. Y se menciona el desgaste: cuando la brecha entre el primer y el último peldaño de una misma empresa se agranda, el burnout deja de ser una anécdota de recursos humanos.

Subir el SMI por ley: el escenario de inflación, paro y quiebras​

El escenario pesimista tiene números. Subir el SMI un 10% puede acabar trasladándose a los precios en un 15%, según uno de los cálculos que se lanzan en el debate, con lo que se empobrece a quien se quería ayudar y más gente termina cobrando el mínimo. Para una pequeña empresa, añaden, 300 euros más de salario suponen unos 400 con cotizaciones por empleado; en las más frágiles, eso es la quiebra. Los defensores de la subida responden que la inflación es global y que, aunque hubo subidas antes, la mayor llegó con la pandemia y la guerra. El cálculo completo, partida a partida, no deja indiferente a nadie.

Inmigración, empresas y quién paga la factura​

Aquí el argumento se enreda. Se sostiene que la llegada constante de mano de obra presiona los salarios a la baja y que sin ese flujo el paro sería menor y las nóminas más altas. Enfrente, otra línea apunta al empresario que paga lo justo y carga al Estado la sanidad, la educación y las ayudas de quien contrata: si asumiera ese coste, concluye, le saldría más barato subir el sueldo a un trabajador de aquí. Entre medias, el resumen más repetido: quien no puede pagar un salario digno no es empresario, es intermediario.

España frente a Portugal: la comparación que no se cae​

Los portugueses fijan su salario mínimo en 900 euros al mes, en 12 pagas, según la comparación que circula en el hilo. Uruguay, 750; la República Checa, 750; Rumanía, 650; Turquía, 500. Y con menos inflación y menos paro, según esos mismos datos. El contraejemplo es Luxemburgo: allí el mismo trabajo que en Portugal se paga a 2.500 euros. La conclusión que se extrae es incómoda: si la productividad fuera la clave, el mismo trabajador no rendiría cuatro veces más por cruzar una frontera.

Funcionarios, gasto público y la factura del Estado​

Otra línea apunta al tamaño del sector público: de medio millón de empleados públicos en 1975 a más de tres millones hoy, con la administración digitalizada y los trámites resueltos por ordenador, según las cifras que se cruzan en el debate. De ahí salta la propuesta de reducir gasto para bajar impuestos a empresas y trabajadores, y de paso que quienes viven de lo público prueben el mercado laboral. También se cuela la comparación con las nóminas altas: los 100.000 euros anuales que, según un participante, cobran algunos cargos públicos o los 80.000 de la presidencia del Gobierno frente al mileurismo del bar de la esquina.

Con estos mimbres, caben dos Españas: la que cree que subir el SMI por decreto solo reparte inflación y paro, y la que responde que el salario mínimo se ha quedado tan atrás que ya no sirve ni para empezar. Las cifras que se cruzan —900 euros en Portugal, 2,50 el kilo de tomate, 400 euros de coste por empleado— apuntan todas al mismo sitio sin decirlo del todo. ¿Cuánto tiene que subir el SMI para que el problema deje de ser el SMI?