Otro policía atacado, y está vez perecido, pero hoygan, las calles son seguras

Muere un policía al frenar el robo de unos palomos​

Un agente de Policía de 41 años salió a la calle a hacer lo que se supone que hace un policía: parar un robo. No llevaba plan, ni apoyo, ni tiempo para pensárselo. Dos atacantes —uno menor de edad, el otro mayor— le abrieron la cabeza y el hombre murió. El detonante fue el hurto de unos palomos de competición, aves que en el circuito colombófilo se pagan a precios que sorprenden a quien nunca ha pisado un palomar. Y sobrevolando el suceso, una pregunta incómoda: si las calles son tan seguras como repiten los informes, ¿qué hacía un policía enfrentándose solo a dos delincuentes por unos pájaros?

Tardó poco en dejar de ser un suceso para convertirse en otra cosa: una pelea con el relato oficial.

Qué se sabe del suceso y por qué importa el detalle de los palomos​

El robo que el agente intentó frenar no era un atraco a un banco. Era el hurto de palomos de competición, un negocio de nicho donde los ejemplares buenos alcanzan precios altos y se revenden con facilidad. Quien cría lo sabe, y quien no, lo ha aprendido estos días: los buenos valen mucho dinero.

Junto a las condolencias apareció enseguida un detalle administrativo que chirría. La de policía no figura entre las profesiones reconocidas como de riesgo, se subraya, mientras la propia naturaleza del oficio consiste en ponerse delante de un delito cuando el resto mira hacia otro lado. El fallecido era el que se metió. Otros, apuntan varias voces, se habrían hecho los suecos.

¿Son seguras las calles? La contradicción que nadie desactiva​

La tesis que recorre buena parte del asunto es que en España se está normalizando agredir y matar a policías, y que eso va a acabar mal. Se sostiene sin demasiados matices: primero fueron las agresiones toleradas, después los ataques sin respuesta, ahora un muerto.

Frente a eso está el discurso oficial de calles seguras, el que justifica despliegues y estadísticas que bajan. El choque es evidente. Si las calles son seguras, la prima que cobran los agentes en nómina —el llamado plus de peligrosidad— no tiene justificación alguna. Y si no lo son, entonces el relato no cuadra. Es la cuadratura del círculo que nadie ha resuelto.

El miedo a la ley: por qué un agente duda antes de disparar​

Un argumento recurrente sitúa el problema no en la calle, sino en los juzgados. El policía que dispara se expone a una condena por uso desproporcionado de fuerza, a pisar la cárcel y a quedarse años sin poder volver a ejercer. La conclusión que se extrae: tienen más miedo de jueces y periodistas que de los criminales.

No todos lo compran. Otros responden que esa narrativa funciona como coartada permanente, que la ley penal existe para todos y que quien reclama la ley del más fuerte no puede luego quejarse de cómo actúan los agentes. La discusión derivó hacia disquisiciones sobre los requisitos de la legítima defensa, el domicilio y hasta qué hacer con un intruso armado dentro de casa. Terreno minado, y ninguno de los bandos cedió.

Quién escribe las leyes: el reproche que va más arriba​

El paso siguiente fue señalar al legislador. La crítica de fondo: las normas las aprueba gente a la que nadie elige directamente, encajada en listas cerradas, y después no existe mecanismo alguno de castigo cuando hacen lo contrario de lo prometido. El ejemplo que se repite es el de un regidor que prometió en campaña desmontar las zonas de bajas emisiones y acabó ampliándolas al máximo.

De ahí sale una idea cada vez más repetida: el problema no son las personas que aplican la norma, sino quienes la redactan. Y una advertencia lanzada al aire: el día que uno de esos legisladores sufra en su casa lo que sufren los ciudadanos, la ley se cambiará en una tarde.

Del pésame al ajuste de cuentas: el tono que cambió​

El arranque fue de condolencia. Después se torció. Una corriente sostiene que los agentes deberían aprender la lección a base de golpes, que quien le baila el agua al poder acaba cobrando por ello, y que el fallecido murió defendiendo un sistema que les da la espalda. Hay incluso quien reclama que la Policía despierte y elija bando.

Es una corriente, no la única. Enfrente están los que exigen penas severas para los agresores, defienden al agente que se metió donde no le llamaban y subrayan que la mayoría de los que se juegan el tipo no son responsables de las leyes que aplican. La línea que separa la crítica política del desprecio al que ya no puede defenderse se cruzó varias veces.

El menor de edad y el castigo que se anticipa corto​

Uno de los atacantes era menor. La previsión más repetida es que saldrá casi impune, y el reproche se dirige a la normativa de responsabilidad penal del menor y a quienes la han diseñado. No hay sentencia ni conclusiones judiciales firmes, solo la sensación extendida de que el mayor pagará y el menor volverá pronto a la calle.

Sobre ese terreno movedizo se levanta otra queja: la de que el sistema protege más al agresor que a la víctima, y que el agente que se queda quieto tampoco gana nada. La investigación sigue su curso.

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Queda un número que resquebraja el relato oficial sin necesidad de interpretaciones. En nómina, según se sostiene, los agentes cobran un plus por peligrosidad. Si las calles son seguras, ese complemento sobra. Y si no lo son, llevamos años pagando por firmar una ficción.