Pakis del Glovo, el escalafón más bajo

La cuenta de Glovo se alquila: el reparto sin permiso​

Son casi las once de la noche y una bici espera parada en una esquina de Barcelona. El repartidor mira el móvil: el pedido tarda y el turno se estira. Así, miles de trayectos idénticos sostienen cada noche la última milla del reparto a domicilio, un negocio en el que la cuenta del trabajador con papeles se alquila a quien no los tiene. El resto —el idioma, el permiso de trabajo, la vivienda compartida— aparece como síntoma, no como causa.

Autónomo en el papel, asalariado de hecho​

La primera pieza del puzle es la figura laboral. En el reparto a domicilio no hay cuenta ajena, ni jornada fija, ni horas extras: el trabajador se da de alta por su cuenta y factura por pedidos. Esa frontera convierte el empleo en un limbo y alimenta las preguntas de siempre. ¿Quién responde del salario mínimo, de las horas o de un accidente en plena ruta? Nadie contesta con un papel firmado delante.

El permiso de trabajo que nadie llega a pedir​

La pregunta se repite en voz alta y se responde sola. Si de verdad se evaluara el idioma al conceder un permiso, lo que ocurre en la calle no tendría explicación. La hipótesis que gana peso es más simple: no hay permiso que conceder, sino una cuenta que se alquila. El titular con papeles cede su perfil de repartidor y se lleva su parte; quien pedalea se queda el resto. Con ese arreglo, la administración nunca ve una solicitud, solo a un autónomo más dado de alta.

La plataforma que no pregunta​

La crítica no se detiene en quien reparte. Apunta a Glovo y a su cadena de subcontratas: se sostiene que un repartidor se da de alta, subcontrata a otros —presuntamente sin papeles— y la empresa mira hacia otro lado. Se reparten las migas, resume la tesis más repetida. Frente a eso, el reproche a los sindicatos por haberse centrado en la negociación política en lugar de perseguir estas bolsas de fraude.

Taxis de Barcelona: la acusación sin pruebas​

Hay un capítulo aparte para el taxi. Circula la acusación, sin denuncia ni expediente conocido, de que determinadas paradas de Barcelona estarían controladas por grupos organizados que presionarían a los conductores locales para que no aparquen allí. No hay nombre, ni fecha, ni resolución pública. Solo el relato.

A quién le sale la cuenta​

El argumento que más se repite es que el modelo no perjudica a la empresa ni al cliente, sino al trabajador de aquí. El reparto barato se apoya en una cadena de subcontratas informales, y quien acaba compitiendo con esa estructura es el autónomo local, con cuota, seguro y factura que declarar. La queja, en el fondo, no va contra quien llega: va contra quien lo coloca.

El cierre lo da un detalle que nadie sabe dónde archivar. Hasta veinte personas viviendo en la misma casa, según las versiones que circulan, y un euro de propina como único reconocimiento para quien sube las escaleras. Si eso pasa en un solo piso, el sistema no está roto. Está funcionando exactamente como está diseñado.