Ceuta y el coste de un derecho: la salud sexual de los migrantes
¿Tiene un migrante recién llegado a Ceuta derecho a que el Estado le facilite una vida sexual satisfactoria? La pregunta suena teórica hasta que alguien propone pagarlo con dinero público. Entonces se convierte en un problema de presupuestos, de impuestos y de prioridades.
Un derecho con factura
La defensa de la idea fue clara: la sexualidad es un derecho, y los recién llegados no disponen de herramientas para ejercerla en condiciones. El remedio propuesto consistía en voluntarias o profesionales pagados para cubrir la carencia. La contra argumentación no se hizo esperar: cursos de sexualidad psicoafectiva, servicios de Cruz Roja y, sobre todo, la advertencia de que la factura acabaría en la casilla de los contribuyentes que ni siquiera llegan a fin de mes.
El fondo queda así: la salud sexual como prestación social tiene coste, beneficiario y responsable. Y nadie se pone de acuerdo en quién debería ser ese responsable.
El precedente de la Guerra Civil que incomoda
Para rebatir la propuesta se recuperó un episodio histórico que funciona como advertencia. En la 83.ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, en el frente de Vinaroz, las infecciones de transmisión sexual causaron más hospitalizaciones que los combates directos. Se mencionó también un vale emitido en Toledo en septiembre de 1936 por el Comité de Milicias y Defensa de la Ciudad, convertido después en munición retórica.
La ironía del dato sirve al menos para recordar que la salud sexual no es un capricho: cuando falta educación y prevención, la factura sanitaria siempre llega.
Y aquí termina el consenso. Si la sexualidad es un derecho, falta saber quién lo paga. Si no lo es, habrá que explicar por qué el problema desaparece por decreto. En Ceuta, como en el frente de 1936, lo único seguro es que la cuenta no la paga quien hace chistes con ella.