Peru: Aprueban ley que prohíbe arrendar vivienda a Venezolanos

Perú aprueba vetar alquiler y empleo a venezolanos sin papeles​

Una ley aprobada en Perú prohíbe arrendar vivienda a venezolanos en situación irregular, darles trabajo y venderles o alquilarles coches y motocicletas. La norma, difundida en redes junto a la pregunta de cuándo se aplicaría algo parecido en Chile, extiende el veto a cualquier extranjero sin papeles y abre un debate que en España se lee en clave de política migratoria, mercado de alquiler y presión sobre los servicios públicos.

El texto que circula no detalla sanciones, plazos ni cómo se comprobará la situación administrativa de cada inquilino o trabajador. Eso no ha impedido que la discusión derive hacia lo de siempre: quién paga la factura de una vivienda escasa, quién cubre los empleos que nadie quiere y por qué la conversación se atasca en el insulto antes de llegar al dato.

Qué prohíbe exactamente la norma peruana​

La ley, según el mensaje que abre el asunto, veta tres cosas concretas: arrendar vivienda a venezolanos en situación ilegal, darles empleo y arrendarles o venderles vehículos. La coletilla final amplía el cerco a todo extranjero ilegal, no solo a una nacionalidad. Es decir, el criterio legal es la situación administrativa, no el pasaporte.

Ahí está el primer problema práctico. Un arrendador particular no tiene forma sencilla de verificar si su inquilino está regular o no, y una empresa que contrata tampoco. La norma, tal como se describe, traslada al casero y al empleador una carga de control que hasta ahora correspondía a la administración. Quien sostiene que este tipo de medidas son papel mojado tiene aquí su argumento más sólido.

El argumento que se repite: vivienda, empleo y servicios​

La tesis que domina la conversación es económica. Hay quien afirma que la llegada masiva de población extranjera encarece los alquileres, tensiona la compra de vivienda, presiona el mercado laboral a la baja y satura sanidad y ayudas sociales. Es el mismo diagnóstico que se escucha en España, en Chile o en Colombia, con distintos acentos y el mismo destinatario.

Frente a eso aparece la objeción clásica: si no vienen, ¿quién hace los trabajos que la población local rechaza? El sector agrario, la hostelería o el reparto funcionan con mano de obra migrante, y los salarios de esos puestos no invitan precisamente a hacer cola. La respuesta habitual —que se suban los sueldos— choca con que el consumidor tampoco quiere pagar más por el producto de temporada.

El matiz que rompe el relato uniforme​

No todos los perfiles son iguales, y eso desordena el debate. Hay quien distingue entre el migrante con estudios que se coloca de repartidor o camarero y el que llega en fases posteriores, con menos recursos, cuando el primer contingente ya ha abierto camino. La secuencia —primero los que tienen algo, después el resto— se repite en varios países de acogida.

También se señala que España aplica a los venezolanos un régimen particular: no se les concede asilo por motivos políticos, sino por razones humanitarias, y en un plazo relativamente corto pueden solicitar la nacionalidad. Ese trato diferenciado, que no existe para otras nacionalidades, alimenta la sensación de agravio entre quienes comparan casos.

Del dato al insulto en dos mensajes​

La conversación se degrada rápido. Lo que empieza como discusión sobre cupos, visados o precios de alquiler termina en descalificaciones cruzadas y en acusaciones de racismo lanzadas en ambas direcciones. Es el patrón conocido: cuando el argumento se agota, aparece el calificativo.

Hay una ironía útil en todo esto. Los mismos que exigen controles fronterizos duros suelen ser los que se benefician de la mano de obra barata que esos controles dejarían fuera. Y los mismos que invocan solidaridad con el migrante rara vez alquilan su piso a precio de saldo. La coherencia, en materia migratoria, es un bien escaso en todas las orillas.

Qué pasa ahora con la ley peruana​

El texto no aclara el calendario de aplicación ni el régimen sancionador. Tampoco resuelve la contradicción de fondo: si un extranjero irregular no puede alquilar ni trabajar, ¿cómo se le regulariza o se le expulsa? La ley prohíbe el acceso a dos bienes básicos sin decir qué ocurre con quien ya los tiene.

En España, la pregunta que sobrevuela es si este tipo de normas se copiarán o quedarán como gesto simbólico. La respuesta no está en el texto peruano. Está en cuánto aguante el mercado de alquiler y en cuánto tarde la política en convertir el descontento en votos.