Podemos propone para "explotar a la derecha" bajar los alquileres un 40%... por ley...

Bajar el alquiler un 40% por ley: el plan de Podemos y sus agujeros​

«Para reventar a la derecha». Con ese rótulo presentó Podem València un decálogo de ocho medidas. La segunda —bajar los alquileres un 40% por ley— es la que ha abierto el melón económico, porque toca de lleno un mercado ya tocado por un problema elemental: faltan pisos.

El paquete lo completan la reforma del CGPJ, el control económico público, la regularización de migrantes, la ilegalización de Desokupa, un referéndum sobre la monarquía, el bloqueo del tránsito de barcos hacia Israel y un giro en la posición sobre el Sáhara. Ocho puntos que se leen más como programa de campaña que como plan de gobierno. La pregunta incómoda es la de siempre: ¿quién paga la diferencia?

Qué significa fijar un precio máximo al alquiler​

Fijar por decreto un precio máximo no crea vivienda: reparte la que ya hay. Si el precio de referencia cae un 40% y la demanda se mantiene, el resultado no es que todos paguen menos, sino que habrá más candidatos para cada piso y algún criterio —explícito o no— para escoger inquilino. En un mercado con escasez, el tope no elimina la puja. La desplaza.

Sobre el papel, quien hoy paga 1.000 euros pasaría a pagar 600. Ese margen de 400 euros es, a la vez, el tamaño exacto del incentivo para buscar fórmulas alternativas: pagos fuera de contrato, sobreprecios por mobiliario o por anexos. Hay quien sostiene que el dinero acabará saliendo por la puerta de atrás; en contra queda el argumento de que, sin intervención, el precio no baja con la rapidez que exige la urgencia social.

El precedente de la vivienda protegida: precio oficial y pagos en efectivo​

La objeción más repetida —y la más difícil de rebatir— es histórica. La vivienda de protección oficial tuvo durante años precios fijados por ley. Oficialmente, ese precio se respetaba siempre. Extraoficialmente, el comprador entregaba regalos en efectivo para asegurarse el piso. La transacción se formalizaba por lo bajo y la diferencia se pagaba aparte.

La lección es incómoda para cualquier tope: un sistema obligatorio de precios solo se sostiene si el Estado se vuelve mucho más intrusivo, con inspección permanente. Y aun así, el mercado busca el camino. Si el control es total, la consecuencia no deseada suele ser corrupción en los propios organismos que vigilan el control.

Menos oferta y más alquiler en negro​

El segundo efecto que señalan los análisis más críticos es la huida de la oferta. Un propietario al que se le baja la renta un 40% por ley y se le añade inseguridad jurídica tiene dos salidas: vender o dejar el piso fuera del mercado. Ambas reducen el número de viviendas disponibles, que es justo el problema de partida.

De ahí a los contratos en negro hay un paso. Menos oferta legal, más demanda embotellada y un tope que nadie respeta cuando el precio real es muy superior: la receta clásica para que la parte no declarada crezca. El desglose de cuánto se pierde por cada vivienda que sale del circuito legal no es un ejercicio agradable.

Los propietarios que no salen en la foto​

Hay un dato que suele quedar fuera del relato: más del 70% de los españoles son propietarios de la vivienda en la que residen. La política de alquiler se diseña como si el país fuera una nación de inquilinos, cuando la mayoría paga una hipoteca fija y observa desde la barrera.

A eso se suma la fiscalidad del alquiler para quien vive fuera. Un no residente que arrienda su piso español tributa por el IRNR el 24% de la renta bruta, sin deducirse gastos: ni hipoteca, ni reformas, ni comunidad. Con una bajada forzada del 40% y ese régimen, el resultado es rendimiento negativo en no pocos casos. El arrendador que aún resiste es, muchas veces, el pequeño ahorrador que compró un piso para completar la jubilación.

Del grupo parlamentario al taxi: la aritmética electoral​

Podemos llegó a tener 71 escaños en el Congreso. Hoy su espacio se mide en otra escala y cada anuncio se lee como intento de recuperar atención y votos. La composición de su electorado, el reparto del espacio a su izquierda y la cercanía de unas elecciones explican propuestas que se lanzan en redes y no en el BOE.

El patrón es conocido: cuanto más se estrecha la base electoral, más se sube el volumen. No hace falta que la medida sea aplicable; hace falta que sea reconocible y movilizadora. Y en un asunto como la vivienda, con el precio en el centro de la conversación pública, el titular sale gratis.

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El problema de fondo —faltan pisos, sobran candidatos por cada uno— no se arregla con un número en un decreto. Construir más, abaratar el suelo o agilizar licencias son respuestas lentas, invisibles y sin titular. Bajar un 40% por ley es rápido, gratuito y suena a victoria. Ahí se atasca el análisis: nadie ha explicado todavía quién pone los 400 euros que faltan cada mes.