Por fin España deja de ser un país de camareros. Ahora lo es de funcionarios.

El empleo público crece un 10,5% desde la pandemia, según datos de la EPA​

En el foro se debate el peso del sector público y la falta de alternativas laborales en el sector privado. Según datos de la EPA de 2024 citados en el hilo, España cuenta con 3,59 millones de empleados públicos, un 10,5% más que antes de la pandemia y un 21,5% más que hace dos décadas. En el segundo trimestre de 2024, España superó los 21,6 millones de ocupados. Algunos participantes sostienen que el sector privado ofrece contratos precarios, horas extras no pagadas y sueldos que no cubren la inflación, y que por eso muchos trabajadores buscan empleo público.

El refugio del empleo público: 3,59 millones y subiendo​

La cifra no es anecdótica. Según los últimos datos disponibles citados en el debate, el empleo público ha crecido un 10,5% desde 2019 y un 21,5% en veinte años. En el segundo trimestre de 2024, España superó los 21,6 millones de ocupados. Algunos participantes afirman que la hostelería se resiente y que los camareros, cuando pueden, se pasan a la administración. No es una moda, es una huida, sostienen.

Hay quien sostiene que el problema no es que haya muchos funcionarios, sino que faltan empresas que ofrezcan algo mínimamente decente. La queja es recurrente: horas extras que no se pagan, plantillas reducidas al mínimo, ingenieros fregando suelos y un cliente que siempre tiene razón. En ese contexto, algunos ven la oposición pública como el único lugar donde el esfuerzo tiene recompensa. O al menos, donde el sueldo llega a fin de mes.

¿Cuántos funcionarios hay realmente en España?​

La confusión es mayúscula. Algunos hablan de 1,6 millones de funcionarios de carrera, otros elevan la cifra a 3,4 millones si se suman laborales, interinos y personal de empresas públicas. Según un participante, la Agencia Tributaria maneja un dato de 3,4 millones de trabajadores dependientes de la administración, incluyendo a los que trabajan en Correos, ADIF, AENA, EFE, RTVE, Indra o Tragsa. La cifra real, por tanto, depende de qué se entienda por funcionario. Y ahí empieza el juego de trileros, según algunos.

Lo que está claro es que el sector público ya no es solo el médico o el profesor. Es también el administrativo de la consejería de fiestas, el asesor de igualdad y el coordinador de deportes. Sobran universidades, sobran políticos y sobran miles de administrativos, sentencia un participante. La pregunta es si esa estructura es sostenible o si, como dicen otros, estamos ante una bomba de relojería fiscal.

La cultura del esfuerzo se apaga​

El diagnóstico se repite entre algunos participantes: la educación se ha convertido en un trámite. Los niños pasan de curso con cinco asignaturas suspendidas para no causarles traumas, afirman. Los títulos universitarios se entregan en cuatro años, sin proyecto de fin de carrera, con asignaturas adoctrinadoras y horarios que invitan a la fiesta, sostienen. El resultado, según ellos, es una generación que sale al mercado laboral sin saber dónde está la bodega de carga, pero convencida de que merece un puesto de trabajo bien pagado desde el primer día.

Las empresas, mientras tanto, se debaten entre contratar a un aprendiz que hay que formar durante años o cerrar. Enseñar a un aprendiz es una tarea que requiere dedicación y tiempo, recuerda un veterano. Pero nadie quiere pagar ese coste, añade. El resultado, según este relato, es un círculo vicioso: las empresas no forman, los jóvenes no encuentran trabajo y el Estado se convierte en el último empleador. Y no siempre el mejor.

El sector público como único motor económico​

Algunos participantes describen la economía española como un human centipede: unos viven de otros, y todos del Estado. El sector público es ya el único que crece con vigor, afirman. Las empresas públicas, aunque no sean rentables, reparten dividendos y colocan a afiliados, sostienen. Los autónomos, mientras tanto, ven cómo les suben las cuotas para pagar prestaciones que nunca usarán, denuncian. La subida de cotizaciones no va a una finalidad relacionada con los autónomos, denuncian desde el sector. El Estado se queda con la pasta y la reparte como quiere, añaden.

La pregunta que flota en el ambiente es quién produce realmente en este país. ¿Paco el fontanero? ¿El camarero que ya no existe? La respuesta, incómoda para algunos, es que cada vez menos gente. Y mientras tanto, el Leviatán estatal sigue creciendo, sostienen. Solo espero que catalanes y vascos se hayan ido para entonces, bromea un comentarista. La broma tiene poco de gracia.

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El debate no se cierra. Unos piden reducir el Estado al mínimo y bajar el sueldo de los funcionarios un 25% para equipararlo al sector privado. Otros recuerdan que los funcionarios, al menos, aprobaron una oposición. Y en medio, millones de trabajadores que cada mañana se levantan sin saber si su empresa seguirá abierta el mes que viene. España ya no es país de camareros, según algunos. Ahora es país de funcionarios. Y de lo que venga.