Por fin una buena noticia: Hacienda rastreará todas tus ventas en plataformas digitales como Wallapop, Vinted o eBay

Hacienda vigilará tus ventas en Wallapop: 2.000 euros o 30 envíos​

Hacienda va a saber lo que vendes en Wallapop. Desde el 1 de enero de 2024, las plataformas digitales están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria los datos de quienes venden a través de ellas, y el disparador es doble: 2.000 euros al año o más de 30 operaciones, sea cual sea el importe acumulado. La norma que lo activa es la Directiva (UE) 2021/514, cuyo objetivo declarado es prevenir el fraude fiscal. Dicho de otro modo: informar no es cobrar todavía, pero el rastro empieza a existir.

Qué obliga la Directiva (UE) 2021/514 y a quién afecta​

Wallapop, Vinted, eBay o Airbnb quedan dentro del paraguas. Las plataformas deben recopilar el nombre, el DNI o la dirección de cada vendedor y el detalle de sus ventas online, y después remitir esa información al organismo fiscal. La fórmula que resume la obligación es explícita: el operador de la plataforma está obligado a comunicar la información. No hay margen para el silencio ni para el olvido.

El criterio de activación no es homogéneo. Basta superar los 2.000 euros anuales para que la plataforma avise. Y basta con más de 30 ventas —el importe da igual— para que ocurra lo mismo. Alguien puede colocar treinta y un artículos a dos euros y entrar en el radar igual que quien mueve un portátil y un móvil de gama alta.

El aviso, el perfil y los 60 días antes del bloqueo​

Una vez que la plataforma comunica, llega el aviso al vendedor por la propia aplicación o por correo electrónico, con la petición de completar información adicional del perfil. El plazo para hacerlo es de 60 días naturales. Si no se rellena, la plataforma bloquea la cuenta. La consecuencia inmediata no es una liquidación, sino la pérdida de acceso al canal de venta mientras se resuelve la identificación.

Ahí aparece la pregunta que nadie contesta con precisión: dónde está la frontera entre un particular que vacía el trastero y una actividad económica encubierta. Si el volumen se interpreta como actividad, el paso siguiente sería el Impuesto sobre Actividades Económicas. Nadie ha fijado aún el número exacto de operaciones que convierte a alguien en profesional a ojos de la administración, y esa indefinición es, hoy, la parte más incómoda del asunto.

¿Y si vendo por debajo de lo que me costó? El problema de demostrarlo​

Aquí está el nudo y la crítica más repetida. La mayoría de lo que se vende de segunda mano se compró nuevo por mucho más de lo que se ingresa después. Si un artículo costó 30 euros y se vende por 20, en términos económicos no hay ganancia, sino pérdida. Pero demostrar ese precio original exige factura, y las facturas de una cafetera comprada hace ocho años no suelen estar en ningún cajón.

La discusión técnica apunta al artículo 11.5 de la Ley del IRPF, que atribuye las ganancias y pérdidas patrimoniales a quien sea titular de los bienes. Si no se puede acreditar el coste de adquisición, se tiende a considerar que ese coste fue cero, y la amortización por el uso tampoco juega a favor del vendedor. El cálculo desglosado de la diferencia entre lo pagado y lo ingresado —con IVA, IRPF y años de uso por medio— da un resultado que sorprende a quien lo hace por primera vez.

Dinero en efectivo, trueque y cierre fuera de la plataforma​

Buena parte de la conversación deriva hacia las fórmulas que circulan para que la operación no deje huella. La más citada: cerrar el anuncio y hacer la entrega en mano, en efectivo, retirando después la publicación o dejándola caducar. Otra: acordar el precio real y declarar en la plataforma una cantidad testimonial, con el resto por transferencia inmediata.

También se menciona el trueque como refugio: cambiar una cafetera por una sandwichera, argumentando que no existe desplazamiento patrimonial ni lucro porque hay conmutación de valores. El razonamiento tiene su lógica de sentido común, pero admite objeciones evidentes: alguien tendría que valorar los dos objetos en el mismo momento y por el mismo importe. Quien compra en persona no se lo piensa dos veces; quien vende a distancia, en cambio, pierde la protección de la plataforma y con ella la posibilidad de devolver lo que no coincide con el anuncio.

Hay quien sostiene que desplazarse al portal del comprador es la única salida para artículos de precio bajo, mientras la parte contraria recuerda que ese mismo sistema es el que dejaba a los compradores sin defensa antes de que existieran los pagos intermedios. Ambas cosas son verdad a la vez, y eso complica el titular fácil.

El fantasma del efecto retroactivo​

La duda que recorre la conversación es si la obligación alcanza a lo ya vendido. Una de las tesis más repetidas sostiene que el marco europeo conocido como DAC 7 estuvo operativo durante todo 2023 y que su aplicación en España llega en 2024 con retroactividad, de modo que operaciones de ejercicios anteriores podrían acabar comunicadas. No hay confirmación oficial en el material disponible, y conviene tratarlo como lo que es: una interpretación en disputa.

La otra corriente, más pragmática, apunta a que el mecanismo real es más simple de lo que parece: la misma maquinaria que cruza la nómina, los dividendos y los céntimos de intereses añadiría los ingresos de las plataformas a la declaración, y a partir de ahí cada titular decide si corrige el borrador. Ese es el escenario que explica por qué muchos están cerrando anuncios antes de que cambie el año.

Con umbrales tan bajos, lo previsible es que la mayoría de los afectados no sean grandes vendedores, sino gente que liquida trastos. Si en los próximos ejercicios las plataformas se vacían o los importes declarados se desploman, la medida habrá recaudado menos de lo que habrá enfriado. Si ocurre lo contrario, la pregunta del IAE dejará de ser retórica. Todavía no hay datos para saber cuál de las dos cosas está pasando.