¿Por qué no se legalizan las drojas?

Por qué no se legalizan las drogas: el negocio que nadie quiere cerrar​

Dos guardias civiles muertos en Barbate. Ese es el precio que la discusión pone sobre la mesa cuando alguien pregunta por qué el cannabis, la cocaína o el fentanilo siguen siendo ilegales en España. La respuesta oficial habla de salud pública. La respuesta que se abre paso en los análisis económicos es otra: hay un negocio que mueve miles de millones y que, si se legalizara, cambiaría de manos. El planteamiento inicial del asunto es tajante: la prohibición no protege a nadie, solo garantiza que el margen se lo reparta quien ya controla la cadena.

A partir de ahí, el asunto se abre en tres frentes que no siempre coinciden: el sanitario, el fiscal y el geopolítico. Y en los tres, los números que se manejan contradicen el relato tranquilizador.

Qué pasa cuando se prohíbe el alcohol: la lección de la Ley Seca​

El paralelismo más repetido es el de la Ley Seca estadounidense. Durante los años de prohibición, Al Capone construyó un imperio sobre el alcohol ilegal, las calles de Chicago dejaron de ser seguras y la gente acabó bebiendo destilados de calidad dudosa que dejaban ciegos a los consumidores. Los cócteles, los cubatas y los combinados nacieron, según esta lectura, como manera de disimular el sabor del alcohol de garrafón. La prohibición no eliminó el consumo: lo encareció, lo adulteró y lo puso en manos de mafias.

La extrapolación es directa. Si con el alcohol funcionó así, con la cocaína o la heroína el mecanismo es idéntico. El argumento que se repite es que el problema no es la droga, sino su prohibición. Y el corolario: quien se enriquece con la prohibición tiene un incentivo activo para que nada cambie.

El fentanilo y el opio: cuando la legalidad también mata​

La objeción más sólida a la tesis legalizadora viene de Estados Unidos. Allí el fentanilo no es de venta libre, pero se recetó oxicodona y vicodina con generosidad a pacientes con dolor, y el resultado fue una epidemia de adicciones que hoy se cuenta entre las mayores crisis sanitarias del país. La conclusión que se extrae: si se destruye el control, la sociedad se destruye con él.

El precedente histórico que se cita es el opio en la China del siglo XVIII, cuando los británicos lo introdujeron masivamente y proliferaron los fumaderos. La población, se argumenta, dejó de trabajar para drogarse. Es el mismo patrón que se atribuye a las zonas con presencia intensa de narcotráfico: los jóvenes quieren ser narcos y ricos, no autónomos con nómina.

Quién se queda el margen: el 50-70% que no llega al narco​

Aquí el asunto se vuelve incómodo. Hay quien sostiene que el negocio no es exclusivo de los narcos y que la horquilla que manejan algunos investigadores sitúa entre el 50% y el 70% del valor añadido en manos que no son las del traficante de lancha. La pregunta que se lanza es directa: si entran miles de millones por el sur de España, ¿de verdad se cree que todo eso lo controla el que cruza el Estrecho?

La tesis que gana peso es que el sistema financiero occidental se sostiene, en parte, sobre esa extracción. Los márgenes son descomunales, se reparten entre pocos y el aparato policial y judicial funciona como fuerza de coerción frente a la competencia. El Estado sería, en esta lectura, la mafia mejor organizada: no compite con el narco, lo monopoliza.

El caso portugués y el contraejemplo del consumo descontrolado​

Portugal despenalizó el consumo de cannabis y, según se defiende, es hoy una sociedad más equilibrada. El sector generaría cultivos legales, comercio regulado, impuestos y cotizaciones. Buena parte de la marihuana que se consume en España ya se produce aquí, en cultivos ilegales con la luz enganchada. La legalización convertiría a muchos de esos productores en autónomos con actividad declarada.

El contraargumento es que no se puede legalizar en una sociedad de consumo permanente, donde el bombardeo publicitario empuja a consumir más. En Estados Unidos, se dice, la marihuana legal derivó en variedades con porcentajes de THC altísimos y en un aumento de casos de esquizofrenia asociados a su consumo. La conclusión que se extrae: la sustancia no es el problema, el entorno que la rodea sí.

El coste de mantener la prohibición​

El gasto en policías, recursos judiciales y operativos contra el narcotráfico es la partida que nunca aparece en el debe de la prohibición. Se argumenta que ese dinero sale de expoliar a las clases trabajadoras para sostener una ficción de primer mundo. Y que, mientras tanto, se cierran unidades de élite contra el narcotráfico por falta de presupuesto mientras se amplían otras partidas.

La pregunta que queda flotando es la del mensaje inicial: hasta cuándo se va a seguir con esta mentira. La respuesta que da el análisis económico es que mientras el margen sea mayor en la ilegalidad que en la legalidad, nadie con poder para cambiarlo tendrá interés en hacerlo. Y ahí, de momento, el cálculo no cuadra para el contribuyente.