El juez de la Audiencia Nacional propone enviar a juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso, a quien califica de «no consentido», y a Albert Luque y Jorge Vilda por los delitos de coacciones
La resolución del Juzgado Central de Instrucción Número 1, firmada por Francisco de Jorge, marca un punto de inflexión en el caso. El magistrado no solo considera que el gesto del expresidente de la RFEF fue «unilateral y sorpresiva», sino que las presiones posteriores a la jugadora crearon una «situación de ansiedad e intenso estrés». Esta valoración jurídica es la que justifica abrir la puerta al juicio oral para los cuatro implicados.
La instrucción investiga a Rubiales por agresión sexual y coacciones. Sin embargo, el auto extiende la responsabilidad penal a otros tres miembros del entorno técnico y directivo: el director deportivo de la Selección masculina, Albert Luque; el exentrenador de la femenina, Jorge Vilda; y el exresponsable de marketing, Rubén Rivera. A estos últimos se les imputa exclusivamente el delito de coacciones, derivado de las presiones ejercidas para que la futbolista afirmara públicamente que el beso había sido consensuado.
El argumento central del juez se basa en la creación de un entorno hostil. Según la resolución, las acciones del grupo directivo no fueron meras gestiones de imagen, sino que constituyeron un acoso que vulneró la libertad de la deportista. La Fiscalía y las acusaciones personadas tienen diez días para solicitar la apertura del juicio o el sobreseimiento.
La estrategia de defensa y la reacción del entorno futbolístico
La defensa del expresidente de la RFEF ha intentado desmontar la narrativa de la agresión argumentando que hubo un contexto de «ambiente de jolgorio» y amistad previa. Se ha citado a antiguos compañeros que aseguraban tener un «buen rollo» con la jugadora, intentando demostrar que no existía la intención de vulnerar su voluntad. No obstante, el juez ha desestimado estas alegaciones al priorizar la declaración de la propia Hermoso y las pruebas de las presiones sufridas.
La situación procesal ha sufrido un nuevo giro con la paralización del auto que enviaba a juicio a Rubiales y el resto de miembros de la RFEF. La instrucción sigue abierta hasta que declare Montse Tomé, la seleccionadora. El juez ha anulado el plazo para formular los escritos de acusación hasta que se celebre la testifical con la seleccionadora. Este retraso ha sido interpretado por muchos analistas como una forma de dilatar el proceso, buscando «quitárselo de encima» y trabajar lo menos posible, aunque legalmente es una medida para asegurar la veracidad de los testimonios clave.
El debate sobre la justicia y la presunción de veracidad
El caso ha reabierto el debate sobre la disparidad de penas en la justicia española. Mientras que en casos de violencia de género o agresiones sexuales se buscan penas severas, delitos económicos o incluso terrorismo reciben amnistías o penas consideradas leves por gran parte de la opinión pública. Esta percepción de injusticia ha generado una corriente de opinión que critica la «justicia de dos velocidades».
Existe la preocupación de que se esté creando un precedente donde cualquier contacto físico no explícitamente consentido pueda derivar en cárcel, independientemente de la intención. Se argumenta que, si se aplicara la misma dureza con otros colectivos o delitos, las prisiones estarían sobrepobladas. La crítica se centra en que el sistema judicial parece más interesado en «cambiar las leyes de la naturaleza» que en aplicar la justicia de forma homogénea.
El caso Jenni Hermoso deja, por tanto, una herida abierta en la institución del fútbol y una pregunta pendiente sobre la independencia judicial y la igualdad ante la ley. El próximo paso será la declaración de Montse Tomé, cuyo testimonio podría ser decisivo para confirmar o desestimar las presiones alegadas por la defensa.