La FIFA suspende a Rubiales

La FIFA suspende a Rubiales 90 días y el pulso sigue abierto​

La FIFA ha suspendido con carácter provisional a Luis Rubiales por 90 días y le inhabilita para cualquier competición mundial. El detonante es el beso —un pico, en la versión del propio interesado— a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración del título, un episodio retransmitido en directo a medio mundo. La paradoja es de manual: el castigo llega de un organismo del que se recuerda más la elección de Catar como sede de un mundial que su celo por los derechos humanos. Y nada de lo importante está cerrado. Falta por saber, entre otras cosas, quién tiene competencia para juzgar qué.

Qué significa la suspensión de 90 días de la FIFA​

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció un castigo provisional de 90 días que le aparta de cualquier competición mundial. En la práctica, el presidente de la federación no volverá al palco de un mundial mientras el expediente siga abierto, aunque el puesto no se le cae por decreto: no ha dimitido. Su propia reconstrucción de la escena incluye una conversación previa en la que le dijo a Hermoso que se olvidase del penalti fallado porque había estado «fantástica», ella le contestó «eres un crack», él preguntó «¿un pico?» y ella, siempre según su relato, dijo «vale».

La federación ha redoblado la apuesta con un comunicado en el que sostiene que el pico fue consentido y acusa a la jugadora de «tergiversar la realidad». Es decir, el organismo no se limita a defenderse: señala a la protagonista. Hay quien lee en esa estrategia un pulso por el relato más que una defensa jurídica, y quien sostiene que el movimiento sensato sería dejar pasar los días y preparar los vídeos de defensa.

La batalla legal: FIFA, TAD y juez ordinario​

No hay una respuesta pacífica sobre la validez del castigo. Se argumenta que una suspensión provisional, para sostenerse, debe estar motivada y apoyarse en alguna causa legal, y que no se puede apartar a alguien «porque sí». Que el episodio ocurriera a 10.000 kilómetros de España y que una federación no sea nadie para dictar órdenes de alejamiento son los dos argumentos que más se repiten entre quienes consideran la medida nula de pleno derecho.

En paralelo corre la pelea por la calificación. Para unos, pedir un pico siendo presidente de la federación es abuso de poder y falta muy grave, y con eso la inhabilitación sería larga. Para otros, el encaje técnico no llega a tanto y quedaría en grave, con un castigo más corto. Se añade, según un participante, un dato de geometría institucional: el TAD se compone de ocho jueces, cinco de ellos propuestos por el CSD. Y un problema de fondo que apuntan quienes siguen el caso: sin denuncia de la jugadora, el juez ordinario difícilmente tiene por dónde entrar.

La federación es privada: quién paga y quién cobra​

Aquí está la parte que más pesa en clave económica. La RFEF es una entidad privada, y de ahí que la cabeza visible pueda cambiar sin que cambien los que llevan años viviendo de ella. La pregunta que sobrevuela el asunto: ¿seguirá cobrando Rubiales durante la suspensión? La tesis que defiende un participante es que la FIFA puede apartarlo un tiempo y hacerle el vacío, nada más, porque, sostiene, por lo penal no hay nada y por lo civil tampoco.

De ahí nace el escenario más incómodo para quien celebra el castigo: si el caso acaba en los tribunales ordinarios y la resolución le da la razón, la factura sería doble, con indemnización millonaria, vuelta al cargo y salarios atrasados. Se trata de un escenario hipotético, no de un hecho: no hay sentencia que lo respalde.

El efecto contagio: De la Fuente, Vilda y las federaciones​

El caso ha salpicado a la parcela deportiva. En la lectura de un participante, Luis de la Fuente, seleccionador, ha quedado retratado por su silencio y su complacencia: quien pensó que el vendaval pasaría y que su puesto quedaría blindado se encuentra ahora con que su continuidad al mando de la selección no parece garantizada. La comparación que circula es la de una veleta: quien llegue al despacho tal vez prefiera no tenerla al lado.

Más allá del banquillo, se especula con que el conflicto derive en algo mayor: que la selección y los clubes españoles queden fuera de competiciones internacionales, y con que algunas federaciones territoriales planteen desvincularse de la RFEF para competir por su cuenta. Son hipótesis, no hechos consumados, pero marcan el perímetro del riesgo institucional.

El doble rasero de las instituciones deportivas​

El argumento más repetido es el de la vara de medir. Se recuerda que Joseph Blatter, anterior presidente de la FIFA, adjudicó un mundial a Catar sin que aquello se anulara, y que lo que cambió fue el busto parlante, no el sistema. En esa misma línea se cita el caso de Osasuna: la UEFA le dejó disputar la Conference League y, días después de la resolución favorable, los tres condenados por amaños, entre ellos presidente y gerente, ingresaron en prisión.

La conclusión que se extrae es incómoda para todos: los grandes organismos del fútbol no están en posición de dar lecciones morales, y el impulso disciplinario tiene tanto de ejemplarizante como de gestión de imagen. Con esos precedentes, la ejemplaridad del castigo queda en entredicho antes de que nadie haya firmado una sentencia.

Con la suspensión en vigor, el expediente abierto y ninguna resolución judicial encima de la mesa, la pregunta ya no es qué ocurrió en la celebración, sino quién firma la próxima resolución y con qué vara. Si la FIFA se equivoca de competencia o de motivación, el castigo se vuelve contra quien lo dictó. ¿Y entonces qué?