¿Que están intentando hacer con los móviles?

Pamplona, Madrid y Bilbao monitorizan móviles, según foreros​

Un ayuntamiento que dice querer impulsar el comercio local. Otro que necesita saber si hacen falta más líneas de transporte. Un tercero que recopila datos y no aclara para qué. Tres ciudades, tres excusas distintas y un mismo instrumento: el rastro que deja tu teléfono móvil por la calle. La noticia, recogida en medios locales y comentada en un foro, ha puesto sobre la mesa algo que hasta ahora se asociaba a agencias estatales: la monitorización de la población desde el ámbito municipal, sin ruido y con fines que se presentan como inocuos.

El patrón no es casual. Como resume un comentario recurrente en el debate, la inercia del Estado es hacia acaparar cada vez más poder y ejercer más control, y ese movimiento se replica en cada nivel administrativo: local, autonómico, central y europeo. Lo llamativo no es que exista la tecnología, sino que se despliegue en silencio y con una justificación distinta en cada ciudad.

Smart cities: del piloto de transporte al rastreo sistemático​

El marco donde encajan estas iniciativas tiene nombre: smart cities. Bajo esa etiqueta se han financiado durante años proyectos de digitalización urbana que, en la práctica, se han convertido en redes de captación de datos. Un técnico que trabaja en el despliegue de una de estas ciudades lo describía sin ambages: «no nos lo creemos ni nosotros, no tiene ningún sentido». La confesión, difundida por un desarrollador que ha documentado varios de estos proyectos, apunta a una brecha entre el relato oficial y lo que ocurre sobre el terreno.

La crítica más afilada no viene de la tecnología, sino de su ejecución. Hay quien sostiene que las smart cities españolas son en realidad páginas web mal mantenidas y aplicaciones de escasa utilidad, mientras que la infraestructura que de verdad importa —cámaras con reconocimiento facial y de matrículas, sensores de todo tipo— se despliega sin publicidad y sin que se sepa qué canales privados transportan esos datos ni con qué finalidad. Es decir: lo visible es la anécdota; lo invisible, el negocio.

El negocio de los datos: subvención, subcontrata y mordida​

La dimensión económica del asunto merece atención. Bruselas financia con subvenciones proyectos de digitalización urbana; el ayuntamiento de turno aprueba la ordenanza que permite instalarlos; una empresa «amiga» se lleva la adjudicación; esa empresa subcontrata a otra «especializada»; y esta, a su vez, a autónomos que ejecutan el trabajo por cantidades que, en el relato que circula, resultan ridículas. En cada eslabón se detrae un porcentaje. El resultado final no es una ciudad más inteligente, sino un flujo de dinero público que se reparte por la vía de siempre.

A eso se suma el uso comercial. Los datos de movilidad tienen valor de mercado: permiten saber qué zonas concentran tráfico peatonal, qué franjas horarias son rentables, qué comercios atraen clientela. Quien controle esa información puede venderla a terceros o utilizarla para diseñar políticas fiscales —más parquímetros, nuevas tasas— sobre el terreno ya cartografiado. La pregunta que flota es sencilla: si el objetivo fuera solo «impulsar el comercio local», bastaría con datos agregados y anónimos. No hace falta identificar dispositivos.

Lo que ya hacían Google y Apple, ahora con dinero público​

Una objeción recorre el análisis: si alguien quiere saber por dónde se mueve la gente, ya existen Google y Apple, que llevan años recopilando esa información con precisión quirúrgica. Cierto. La diferencia es que ahora lo hace la administración, con presupuesto público, sin consentimiento explícito y con una excusa que cambia según la ciudad. Y sin la obligación de transparencia que, en teoría, debería acompañar a cualquier uso de fondos públicos.

El historial no invita al optimismo. Ya hace más de una década se descubrió que el Ayuntamiento de Londres había instalado papeleras que captaban la dirección MAC de los móviles que pasaban cerca, sin avisar a nadie. La tecnología era tosca comparada con la actual, pero el principio era el mismo: aprovechar el rastro digital de los ciudadanos para fines no declarados. Lo de Pamplona, Madrid y Bilbao no es una anomalía; es la continuación de una práctica que se ha ido normalizando.

De la monitorización a la zonificación: el siguiente paso​

La discusión deriva hacia escenarios más incómodos. Si se puede rastrear quién entra en una zona, se puede restringir el acceso. Las zonas de bajas emisiones ya funcionan con matrículas; aplicar el mismo principio a personas —mediante el móvil— es técnicamente trivial. No hay que imaginar mucho: el mismo sistema que hoy sirve para «ver si se necesitan más líneas de transporte» puede mañana servir para denegar el paso a quien no cumpla ciertos criterios. La infraestructura ya está desplegada; solo falta la norma que le dé un uso más ambicioso.

El cierre del debate, si es que lo tiene, apunta a una cuestión de fondo: la tecnología no es neutral, pero tampoco lo es su ausencia de regulación. Mientras no exista un marco que obligue a declarar qué se recoge, para qué y con qué límites, cada ayuntamiento podrá seguir instalando sensores con la excusa que más le convenga. Y el ciudadano, ajeno al proceso, seguirá llevando en el bolsillo el dispositivo que lo delata.