¿Quiénes son los buitres? (Alejo Vüdal Quadras en Vozpópuli)

Los llamados fondos buitre son grandes inversores inmobiliarios, pero en España poseen menos del 10% del parque de viviendas, según los datos que maneja el sector. El grueso del alquiler y la compraventa está en manos de pequeños propietarios, y el problema de fondo es la escasez de oferta frente a una demanda creciente.

El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido setenta en el mismo piso de Madrid, ha sacudido la actualidad española más que cualquier otro desalojo reciente. Falleció poco después de que la policía ejecutara la orden judicial de salida. El caso ha entrado de lleno en la campaña electoral y ha reabierto el debate sobre quién tiene la culpa de que la vivienda se haya convertido en un problema para millones de personas.

Qué son los fondos buitre y cuánto pesan en el mercado

La expresión fondo buitre se usa para grandes fondos de inversión que compran activos inmobiliarios o deuda a precio de saldo, a menudo en situaciones de crisis, y luego los gestionan para obtener rentabilidad. En España operan desde la crisis financiera de 2008, cuando absorbieron carteras de vivienda procedentes de la reestructuración bancaria. Su presencia es visible en el alquiler y en la compraventa de bloques enteros, pero su peso real en el conjunto del parque residencial es limitado.

Los grandes fondos de inversión son titulares de menos del 10% del parque habitacional español. El resto está en manos de propietarios particulares, muchos con una o dos viviendas, que las alquilan para complementar una pensión o para ayudar a la emancipación de sus hijos. Ese detalle desmonta la idea de que unos pocos actores controlen el mercado. La vivienda en España es, sobre todo, un negocio de pequeños ahorradores.

La confusión entre fondo buitre y casero particular tiene consecuencias. Cuando se señala a los fondos como único culpable, se deja fuera de la foto al verdadero motor del desequilibrio: la oferta insuficiente. Y se pone en el punto de mira a personas que no gestionan miles de inmuebles, sino uno o dos.

La oferta no crece y la demanda se dispara

El precio de la vivienda ha subido con fuerza en los últimos años por una razón que los economistas repiten: la oferta no acompaña a la demanda. La población española ha crecido en 2.900.000 habitantes en los últimos ocho años, según los datos que se manejan en el debate público. Ese aumento se explica en buena parte por la inmigración, tanto regular como irregular. Más gente necesita más casas.

Al mismo tiempo, la construcción de vivienda nueva no ha recuperado los niveles anteriores a 2008. Los costes de materiales, la falta de suelo finalista y la lentitud administrativa frenan los proyectos. El resultado es un parque que crece muy por debajo de lo que crece la población. Cuando la demanda sube y la oferta se queda quieta, los precios suben. Es lo que ha pasado.

Las medidas legislativas de los últimos años han ido en dirección contraria a la solución. Leyes que limitan la actualización de rentas, que alargan los plazos de desahucio o que aumentan la protección del inquilino reducen el atractivo de poner una vivienda en alquiler. Menos oferta, otra vez. El desequilibrio se agrava y el precio sigue su escalada.

Desahucios: 269.000 desde junio de 2018

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura debatida en el Congreso el 1 de junio de 2018, se han producido 269.000 desahucios en España. Son 90 al día de promedio. La cifra la maneja el propio sector y ha circulado en el debate público, aunque hasta el caso de Maricarmen Abascal no había provocado una reacción social de esta magnitud.

El desalojo de la anciana se produjo en cumplimiento de una orden judicial ejecutada por la policía nacional. Antes había rechazado varias soluciones ofrecidas por la administración autonómica y municipal, según los datos que se han hecho públicos. El piso que ocupaba procedía de una normativa del franquismo y la salida se produjo por otra norma aprobada por gobiernos socialistas. La instrumentalización política del caso ha sido intensa en radios, televisiones y portadas.

Hay un detalle que conviene no perder de vista: desahucios similares ocurridos en Cataluña han pasado inadvertidos. Eso sugiere que la indignación no se activa igual en todos los territorios. La selectividad del escándalo dice algo sobre quién lo impulsa y con qué objetivo.

Expropiar, prohibir desahucios y el fantasma de Venezuela

Una parte de la izquierda ha respondido al problema con propuestas que, llevadas al extremo, pasarían por expropiaciones, prohibición de desahucios y cambios legales que afectan a la propiedad privada. Es un enfoque que ya se ha ensayado en Venezuela y en Cuba, con resultados conocidos: escasez, miseria y mercados paralelos. La perspectiva de sustituir una dificultad grave por un desastre generalizado no parece un gran negocio.

Las acampadas y protestas que han surgido en varias ciudades españolas piden lo imposible mientras ocupan espacios públicos y perjudican a los comercios de alrededor. La comparación con el mayo de 1968 se ha hecho en más de una tribuna. El problema no es que la gente se manifieste, sino que el diagnóstico sea erróneo y las soluciones empeoren lo que pretenden arreglar.

El predicador alemán emigrado a Estados Unidos W. Boetcker dejó escritas diez frases que se citan a menudo en estos debates. Tres de ellas vienen al caso: no se puede ayudar al pobre destruyendo al rico, no se puede crear prosperidad desalentando el ahorro y no se puede promover la fraternidad admitiendo e incitando el odio de clases. Abraham Lincoln, en su discurso de aceptación de la candidatura republicana al Senado por Illinois en 1858, lo resumió de otra forma: una casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie.

Los buitres, si se quiere usar la metáfora, no son los propietarios legítimos de activos inmobiliarios. Son quienes se valen del infortunio de unos para excitar el rencor contra otros. El problema de la vivienda en España es real y grave. La solución no pasa por señalar a un falso culpable, sino por entender que sin más oferta y con reglas que no castiguen al que ahorra, el precio seguirá subiendo. Cualquier decisión sobre compra, alquiler o desahucio conviene consultarla con un profesional del sector o un asesor legal.