reaccionariobulo: el gobierno no ha hecho nada en materia de vivienda

Ocho años de leyes de vivienda y una oferta de alquiler que cae​

El 2 de octubre de 2026, el balance que se reivindica desde el Gobierno socialista es una lista de ocho años: reforma del alquiler, suspensión de desahucios, Ley de Vivienda, avales, bonos y planes estatales. El balance que se le opone cabe en una frase: casi todo eso ha sido contraproducente. Entre ambos relatos hay un problema que ninguno de los dos resuelve del todo, y no es ideológico: es competencial.

Qué ha hecho el Gobierno en vivienda desde 2019​

La cronología oficial arranca en 2019 con la reforma del alquiler: contrato mínimo de cinco años para particulares y siete para empresas, además de límites a determinadas garantías. En 2020, con la economía parada, llegan la suspensión de desahucios de hogares vulnerables, prórrogas de contratos y moratorias de alquiler, medidas que se extendieron varios años más.

En 2021 se anuncia un Plan de Vivienda en Alquiler Asequible con un objetivo de 100.000 viviendas y arranca la negociación de la futura ley. En 2022 se limita temporalmente la actualización de determinados alquileres al 2%. Y en 2023 el Congreso aprueba la primera ley estatal específica de Vivienda con 176 votos a favor. Es la norma que crea las zonas de mercado residencial tensionado.

Después, la legislatura deja medidas sueltas: una línea de 2.500 millones en avales del ICO para la compra de primera vivienda, con hasta el 20% del préstamo cubierto; 200 millones para el Bono Alquiler Joven, hasta 250 euros al mes durante dos años; y un sistema de registro y control de alquileres turísticos y de temporada mediante ventanilla única. El último Plan Estatal de Vivienda, para 2026-2030, se anuncia con 7.000 millones.

El nudo competencial: quién declara una zona tensionada​

Aquí está el detalle que desmonta la consigna. El Gobierno central no puede declarar por su cuenta un barrio como zona tensionada. La competencia es autonómica, y tras 2023 la mayoría de las comunidades quedaron en manos de PP y Vox. Varias recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional —Madrid, Andalucía, Galicia, Baleares, País Vasco y Cataluña, entre otras— con el argumento de que invadía competencias propias. Otras simplemente anunciaron que no aplicarían las zonas tensionadas.

La paradoja se sostiene sola: se exige al Ejecutivo que intervenga en el precio del alquiler y, cuando diseña un mecanismo para hacerlo, las administraciones que tienen la llave deciden no girarla. Un Plan de Vivienda puede dotarse con 7.000 millones, pero se ejecuta en suelo ajeno.

¿Ha caído la oferta de alquiler por regular el precio?​

La crítica más repetida sostiene que el paquete regulatorio ha reducido la oferta en lugar de ampliarla. Un cálculo que circula en el análisis del sector sitúa la caída de la vivienda en alquiler disponible en torno al 40% desde que gobierna la coalición, con el argumento de que la inseguridad jurídica empuja a propietarios a retirar pisos del mercado o a pasarlos al alquiler de temporada. El razonamiento tiene una lógica incómoda: si estrechas las reglas y no construyes, encareces lo que queda.

Enfrente, el diagnóstico oficial señala al boicot autonómico y parlamentario como causa de que las herramientas aprobadas no hayan rendido. Los dos decretos de vivienda tumbados en el Congreso por PP, Vox y Junts son, en esta lectura, la prueba de que el problema no fue el diseño sino los votos.

¿Falta construcción de vivienda?​

Es el punto donde buena parte de las posturas críticas converge, incluso las que no comparten nada más: el parque público se construye despacio y la oferta nueva no compensa lo que se regula. La exigencia de levantar vivienda aparece una y otra vez en el análisis, y no depende del color del gobierno autonómico.

Lo que sí depende del color es la aplicación de las zonas tensionadas, el bono joven o los avales. Y ahí el resultado se mide por comunidades, no por decretos publicados en el BOE.

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La pregunta incómoda sigue sin respuesta: qué habría pasado si las comunidades que recurrieron la ley la hubieran aplicado a fondo. Nadie ha medido ese contrafactual, y sin esa cifra el debate se queda en dos listas enfrentadas, una de normas y otra de negativas.