Respondiendo a la burrada económica de "los funcionarios no aportan valor económico, gñe"

El PIB suma el sueldo público, no el valor que produce​

Un debate recurrente en España sostiene que quien cobra del Estado no aporta nada a la economía. La tesis, repetida con insistencia, choca con una pregunta elemental: si una empresa privada de limpieza contratada por un hospital aporta valor, ¿por qué no lo aporta el mismo trabajo hecho por personal público? El argumento no es una defensa del tamaño del sector público ni del socialismo. Es una cuestión de contabilidad nacional. El PIB computa el gasto público como valor añadido, igual que el privado. Negarlo obliga a sostener que tirar dinero en la calle también crea riqueza, lo que revela el absurdo del planteamiento.

Qué significa exactamente aportar valor a la economía​

La confusión de partida es mezclar tres cosas distintas: que un servicio sea útil, que sea eficiente y que genere beneficio neto. Un cirujano que opera a un paciente y lo devuelve al mercado laboral produce un servicio con valor, lo pague el Estado o una aseguradora. El panadero hace pan, el albañil levanta muros, el funcionario tramita expedientes. Todos generan valor de uso. Otra cosa es si ese valor justifica su coste.

Ahí entra el cálculo que sí importa. Si el Estado sustrae al contribuyente más riqueza de la que devuelve en servicios, el resultado neto es negativo. Un servicio puede tener valor y aun así destruir riqueza si cuesta más de lo que vale para quien lo paga. Esa distinción, que los defensores del recorte radical suelen ignorar, es la que separa un análisis serio de un eslogan.

El problema del cálculo sin precios de mercado​

En el sector privado, el precio revela si un servicio merece la pena. En el público no hay precio, no hay demanda voluntaria y no hay competencia. La contabilidad nacional lo resuelve computando el gasto público a coste de producción. El efecto perverso es evidente: contratar más funcionarios o subirles el sueldo incrementa el valor añadido del sector público sin que nadie haya comprobado que ese servicio valga más.

Hay quien sostiene que, al no existir precios, es imposible saber si el valor generado supera al coste. Otros responden que eso no convierte al servicio en inútil, solo en no medible. La sanidad pública, por ejemplo, es objetivamente más barata que la privada en muchos países, aunque el usuario no elija. El debate se atasca exactamente aquí: sin precios no hay cálculo, y sin cálculo no hay veredicto.

El sobrecoste y las condiciones privilegiadas​

Una parte del descontento no discute el valor del servicio, sino su precio. Se argumenta que España es de los pocos países donde el salario público supera al privado en puestos comparables, y que no existe evaluación de rendimiento. De ahí salen las comparaciones con Suiza, donde los servicios públicos se prestan con contratos laborales ordinarios y despidos posibles.

El contraargumento es que la rigidez del empleo público protege contra el soborno y el chantaje. Un ejemplo que circula: una aerolínea dejó en tierra a pasajeros con billete comprado para ceder espacio al equipaje de un jeque. Con funcionarios, sostiene el argumento, eso acabaría en los tribunales al día siguiente. La inamovilidad tiene un coste, pero también un blindaje.

Cuántos sobran y cuántos sostienen el sistema​

La crítica más repetida no es que todos sean improductivos, sino que sobran muchos. Se habla de oficinas donde el trabajo real ocupa entre el 10% y el 40% de la jornada, de duplicidades entre administraciones y de chiringuitos. Un funcionario lo resume sin ambages: más de la mitad son improductivos, y la mayoría son puestos administrativos reemplazables por un robot.

Ese reconocimiento interno desarma la defensa a ultranza. El problema no es el concepto de servicio público, sino su sobredimensionamiento. Antes de discutir si un funcionario aporta, habría que discutir cuántos hacen falta. La respuesta honesta es que nadie lo sabe, porque no se mide.

El punto donde el análisis se atasca​

Sin precios, sin evaluación de rendimiento y sin demanda voluntaria, no hay forma de cerrar la cuenta. El PIB dirá que el sueldo público suma. El contribuyente dirá que paga más de lo que recibe. Y ambos pueden tener razón al mismo tiempo, porque están midiendo cosas distintas. Ahí sigue el debate, sin árbitro.