S.M.IArgentina:150.000 pesos 1kg de carne de pollo:15.000 pesos

El pollo como termómetro del salario mínimo argentino​

Un salario mínimo argentino equivale a diez kilos de carne de pollo. El cálculo, lanzado al calor del paquete de ajuste anunciado por el nuevo gobierno, resume mejor que cualquier informe la aritmética cotidiana de un país donde el kilo de pollo se proyecta hacia los 15.000 pesos y el dólar se ha convertido, paradójicamente, en lo más barato del supermercado. La devaluación del peso, la quita de subsidios a la energía y la subida del impuesto PAIS dibujan un escenario que el propio oficialismo describe como duro y que la oposición traduce en una pregunta incómoda: ¿quién paga la fiesta?

La casta no come pollo

La promesa electoral de que el ajuste lo iba a pagar «la casta» se estrella contra un dato tozudo: los ahorros de la clase política y de los grandes exportadores están en dólares, mientras el resto de la población cobra en una moneda que pierde valor por horas. Hay quien sostiene que las medidas del ministro de Economía van precisamente contra esos privilegios y que habrá que juzgarlas por sus frutos, no por las etiquetas ideológicas de quien las firma. Enfrente pesa el argumento contrario: hay quien afirma que el índice de pobreza habría saltado del 45% al 65% en apenas unas jornadas, y los salarios no van a acompañar la escalada de precios.

Los números que circulan en la conversación pública son de una contundencia brutal. Un forero sostiene que un sueldo mínimo de 150.000 pesos compra entre 100 y 120 kilos de pollo a precio de granja, según los relevamientos que se comparten desde el interior del país. En España, con un salario mínimo de 1.260 euros en doce pagas y el kilo de pollo a cinco euros, la comparación sale a favor del trabajador español, aunque los autónomos recuerden que ellos no cobran el SMI. Saque usted las cuentas.

¿Por qué el dólar es lo más barato del supermercado?​

La paradoja la describen quienes recorren las góndolas: en cuestión de 48 horas los comercios remarcaron casi todos los productos de consumo masivo, de modo que la divisa estadounidense se ha quedado comparativamente barata frente a la comida. No es un fenómeno nuevo en la economía argentina, pero sí especialmente visible cuando la inflación ya venía de tasas anuales desbocadas y el crédito internacional está cerrado con primas de riesgo imposibles de asumir para cualquier actividad lícita.

El diagnóstico que se repite en los análisis más técnicos apunta a la carga impositiva como uno de los lastres estructurales: Argentina soporta una de las presiones fiscales más altas del mundo, con un sector agrícola y ganadero capaz de alimentar a mucha más gente de la que alimenta. La pregunta que sobrevuela es por qué un país que produce carne para exportar tiene a millones de personas haciendo ajustes de gasto para llegar a fin de mes. La respuesta que se ofrece desde el liberalismo es simple: imprimir billetes y controlar precios no genera riqueza, solo retrasa el colapso.

La austeridad como única salida​

El argumento oficialista se apoya en la experiencia histórica: sin estabilidad no hay inversión, y sin inversión no hay forma de convertir la soja en productos elaborados ni de generar empleo. Quienes defienden el plan sostienen que el recorte del gasto público ya alcanza el 2% del PIB en apenas unos días y que, de mantenerse el rumbo, la deuda podría empezar a corregirse en dos legislaturas. El escenario que describen no es de recuperación rápida, sino de meseta: primero frenar la inflación, después estabilizarla, y solo entonces esperar capital extranjero.

La objeción más repetida no niega el diagnóstico, sino el reparto del coste. Hay quien sostiene que una generación entera va a comerse el marrón —el éxodo hacia otros países se da por descontado— mientras los grandes empresarios y los funcionarios de alto rango mantienen sus posiciones. La comparación con España aparece una y otra vez: mismo modelo, mismos intermediarios, misma sensación de que el esfuerzo lo ponen siempre los de abajo.

---

Queda la duda de si el ajuste funcionará o de si, como temen los más pesimistas, el país se encamina hacia un escenario de conflictividad social sin precedentes. El gobierno pide tiempo. La calle, pollo. Y el reloj corre.