Sacad palomitas: Ireno Montero culpa al PSOETA de la suelta de forzadores y Podemas exige al autócrata que siga siendo ninistra si quiere apoyo.

Montero culpa a Justicia de las excarcelaciones y Podemos lo pone como precio​

La investidura sigue abierta y el apoyo de Podemos tiene precio. La formación ha exigido que Irene Montero continúe al frente del Ministerio de Igualdad —con una cartera igual o mayor que la que venía gestionando, según el resumen de la exigencia que se ha difundido— como condición para sostener al próximo Gobierno. A la vez, la ministra ha señalado al Ministerio de Justicia, en manos del PSOE, como responsable del error que ha permitido revisar a la baja condenas por delitos sexuales al amparo de la ley del solo sí es sí.

El episodio reabre dos discusiones distintas: quién responde políticamente por una norma que casi nadie defiende ya en público y cuánto vale un puñado de escaños cuando el margen parlamentario se cuenta con los dedos de una mano.

Qué exige Podemos para investir a Sánchez​

El órdago es explícito: mantener a Montero en Igualdad es requisito para votar a favor. No es una cartera cualquiera. Igualdad es el departamento que la formación considera propio y su continuidad se lee, en el análisis, como prueba de fuerza interna.

En el resumen difundido de la exigencia se pide una cartera igual o mayor a la que ocupaba, con el mensaje de que el resto de demandas programáticas son negociables si se cumple la primera. Desde el análisis se apunta una doble lectura: es una jugada de supervivencia orgánica —sin sillón no hay estructura— y, a la vez, una manera de trasladar el coste de la legislatura a otro socio.

Por qué Montero señala al Ministerio de Justicia​

La ministra ha atribuido a Justicia el error que provocó las revisiones de condena y las excarcelaciones. El problema del argumento, según recuerdan varios participantes en el debate, es que la norma salió de un Consejo de Ministros con el PSOE sentado en la mesa, y una parte del análisis recuerda que el departamento proponente era Igualdad, no un convidado de piedra.

Ahí se enreda el relato. Si la ley se aprobó en el Consejo de Ministros, la responsabilidad no puede adjudicarse a un solo ministerio. Se sostiene que el error de cálculo lo arrastró todo el Gobierno y que ahora toca repartir culpas porque nadie quiere cargar con el desgaste en plena negociación.

Las revisiones de condena que descolocaron al Gobierno​

El caso más citado es la reducción en un año de la condena a uno de los miembros de La Manada, acordada por la Audiencia de Navarra en aplicación de la ley. Sobre esa decisión se ha construido casi todo el relato de las últimas semanas, con la portavoz del Gobierno desmarcándose del texto y describiéndolo como una norma que aprobó nuestro país.

Hay quien defiende que la ley es correcta y que el fallo está en la interpretación judicial. Otros responden que la primera en reconocer el problema ha sido la propia ministra, aunque sea para cargarlo sobre un compañero de gabinete. Y aparece una coincidencia incómoda: se avisó antes de tramitar la norma, según sostienen varios de los participantes. Sostener hoy que nadie lo vio venir es como sorprenderse de que suba una hipoteca.

Cinco diputados: el escaño más caro de la legislatura​

El peso parlamentario de Podemos es, según el recuento que se cita en el debate, de cinco diputados, los mismos que el PNV. Con ese margen, la aritmética manda y el escaño se convierte en moneda de cambio. No hay mayoría sin ellos, y eso da poder de negociación a un grupo con representación mínima.

De ahí que una parte del análisis sostenga que la coalición no puede permitirse romper; otra responde que quien se queda sin representación, sin financiación y con los escaños pendiendo de un hilo es justamente la formación que aprieta. En medio queda la lectura que sostiene que mantener a la ministra es un precio barato para el PSOE, porque no altera gran cosa y le sirve de pararrayos durante el desgaste de la legislatura.

El voto que se compra con fondos europeos​

El foco se desplaza de Madrid a la España vacía. Circula una tesis que atribuye el suelo electoral de la izquierda a redes clientelares: subvenciones y fondos europeos que aterrizan en municipios pequeños, contratan a dedo a una docena de personas durante un año y movilizan después el voto de familias enteras. Es una hipótesis sin verificar, pero ordena buena parte del desconcierto sobre por qué los números no se mueven.

En qué punto queda todo esto​

Con cinco diputados a un lado y el rechazo a repetir elecciones al otro, el órdago sigue en pie y la investidura, sin cerrar. Si se paga la cartera, el desgaste se reparte entre socios. Si no se paga, toca explicar una repetición electoral que nadie quiere firmar. Nadie ha puesto aún la cifra exacta de lo que cuesta llegar hasta aquí.