La campaña que pide fondos para restaurar la Iglesia de Hiniestra esconde un detalle incómodo: es propiedad privada del Arzobispado de Burgos.
La iniciativa «Salvemos la Iglesia de Hiniestra» ha irrumpido con urgencia: el templo se cae a pedazos y necesita una intervención costosa. Pero al escarbar en la titularidad, la sorpresa salta: la iglesia no es municipal ni comunal, sino propiedad del Arzobispado de Burgos. Un dato que cambia el relato.
Propietario ausente, bolsillo ciudadano
Mientras los vecinos recogen firmas y donativos, la pregunta se repite: ¿por qué el dueño no asume el gasto? El Arzobispado figura como titular de un inmueble que se desmorona, y la respuesta institucional brilla por su ausencia. No es un caso aislado: en España hay cientos de iglesias cerradas, sin culto y con un mantenimiento que nadie quiere pagar.
Sin sacerdotes, sin uso, con riesgo
Incluso si la restauración se lograra, otro problema emerge. Muchos de estos edificios están desacralizados o sin actividad religiosa. En la diócesis de León, por ejemplo, la falta de clérigos es tal que arreglar la iglesia supondría luego un gasto en vigilancia y reparaciones por robos o incendios. Una trampa: salvar el ladrillo para que se convierta en una carga perpetua.
El caso de Hiniestra ilustra una paradoja recurrente: el patrimonio eclesiástico se deteriora, y la solución que se ofrece es la colecta popular. Pero cuando el propietario es una institución con recursos —el Arzobispado—, el gesto sabe más a desviación de responsabilidad que a solidaridad vecinal.