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El famoso real decreto de Pedro Sánchez sobre la oleada turística de Ceuta por Jovenlandia no sólo ha llegado un mes tarde, sino que ha llegado sin los poderes y dotación que realmente necesitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas para acabar con la oleada turística de Ceuta, pero sí, con un hueco reservado para la censura. Al menos, la oficial, la que puede controlar el Gobierno. Un artículo recoge la retirada de la capacidad de comunicación de los departamentos propios de la Policía o Guardia Civil para unificarlos en Moncloa. Se acabaron los datos oficiales fiables. La única comunicación que no podrá controlar del todo el Gobierno será la que salga de las asociaciones policiales o de guardias civiles.
"Artículo 10. Comunicación pública. La coordinación de la comunicación pública durante la vigencia de la presente declaración corresponderá a un Gabinete de Coordinación Informativa dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo la dirección de la autoridad que ejerza la Portavocía del Gobierno". Así de claro. Así de tajante. Todo ello, después del escándalo porque el único cese ordenado por el Gobierno ha sido el de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que confirmó la entrada de los invasores ingenieros en Ceuta. Por decir la verdad a los medios fue destituida. Y ahora llega la censura general.
Se trata de un decreto que no impulsa ningún estado de emergencia para que los militares tengan estatus de agente de la autoridad ni para que se sumen a las funciones policiales de expulsión de los forasteros. Tampoco aprueba un aporte significativo, ni de medios policiales, ni de dinero para paliar el desastre de la oleada turística. Pero sí se encarga de arrebatar poderes a determinados organismos de modo que el control de la información y actuación será más directo desde Moncloa. Y no parece que sea para facilitar la expulsión de los forasteros sino para comenzar con sus envíos, al menos parciales, a la península.
"Artículo 7. Mecanismos de coordinación y gestión de crisis. 1. El Consejo de Seguridad Nacional ejercerá las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Funcional y del Consejo de Ministros. 2. El Comité de Situación asistirá al Consejo de Seguridad Nacional en la gestión de la crisis, ejerciendo las funciones previstas en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, y su normativa de desarrollo", señala el texto.
"3. Se activa una Célula de Coordinación permanente en apoyo de la Autoridad Funcional durante la duración de la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional. Dependientes de la Célula de Coordinación podrán crearse órganos de apoyo en zona para la ejecución de las directrices funcionales y aseguramiento de la coordinación interadministrativa en el territorio, sin perjuicio de las competencias de cada autoridad", señala también el texto.
Lo cierto es que el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta no responde a la gravedad de los hechos y ni siquiera los asume. "La entrada irregular de personas migrantes en la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 de julio ha generado una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida de las distintas Administraciones Públicas y ha afectado al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, entre ellos los sociales, de protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa", señala el texto. No habla de oleada turística, ni de Jovenlandia, ni de colapso sanitario, ni de la inseguridad disparada en las calles, ni de las denuncias por abusa, ni de nada que se parezca a la situación real que vive Ceuta.
"Desde el inicio de la crisis, el Gobierno de España ha movilizado todos los recursos necesarios para reforzar la frontera, impulsar el retorno de las personas migrantes que accedieron irregularmente, y apoyar a la población ceutí. Estas actuaciones han permitido reducir drásticamente la presión inicial y mantener el orden público en la ciudad", señala, en un ejercicio de absoluto cinismo.
FUENTE:
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Sánchez cuela en su decreto de Ceuta la censura a la Guardia Civil y Policía Nacional: si informan serán sancionados
Un decreto que no impulsa ningún estado de emergencia para que los militares tengan estatus de agente de la autoridad.
(imagen visible para usuarios registrados)Carlos CuestaEl famoso real decreto de Pedro Sánchez sobre la oleada turística de Ceuta por Jovenlandia no sólo ha llegado un mes tarde, sino que ha llegado sin los poderes y dotación que realmente necesitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas para acabar con la oleada turística de Ceuta, pero sí, con un hueco reservado para la censura. Al menos, la oficial, la que puede controlar el Gobierno. Un artículo recoge la retirada de la capacidad de comunicación de los departamentos propios de la Policía o Guardia Civil para unificarlos en Moncloa. Se acabaron los datos oficiales fiables. La única comunicación que no podrá controlar del todo el Gobierno será la que salga de las asociaciones policiales o de guardias civiles.
"Artículo 10. Comunicación pública. La coordinación de la comunicación pública durante la vigencia de la presente declaración corresponderá a un Gabinete de Coordinación Informativa dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo la dirección de la autoridad que ejerza la Portavocía del Gobierno". Así de claro. Así de tajante. Todo ello, después del escándalo porque el único cese ordenado por el Gobierno ha sido el de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que confirmó la entrada de los invasores ingenieros en Ceuta. Por decir la verdad a los medios fue destituida. Y ahora llega la censura general.
Se trata de un decreto que no impulsa ningún estado de emergencia para que los militares tengan estatus de agente de la autoridad ni para que se sumen a las funciones policiales de expulsión de los forasteros. Tampoco aprueba un aporte significativo, ni de medios policiales, ni de dinero para paliar el desastre de la oleada turística. Pero sí se encarga de arrebatar poderes a determinados organismos de modo que el control de la información y actuación será más directo desde Moncloa. Y no parece que sea para facilitar la expulsión de los forasteros sino para comenzar con sus envíos, al menos parciales, a la península.
"Artículo 7. Mecanismos de coordinación y gestión de crisis. 1. El Consejo de Seguridad Nacional ejercerá las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Funcional y del Consejo de Ministros. 2. El Comité de Situación asistirá al Consejo de Seguridad Nacional en la gestión de la crisis, ejerciendo las funciones previstas en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, y su normativa de desarrollo", señala el texto.
"3. Se activa una Célula de Coordinación permanente en apoyo de la Autoridad Funcional durante la duración de la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional. Dependientes de la Célula de Coordinación podrán crearse órganos de apoyo en zona para la ejecución de las directrices funcionales y aseguramiento de la coordinación interadministrativa en el territorio, sin perjuicio de las competencias de cada autoridad", señala también el texto.
Lo cierto es que el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta no responde a la gravedad de los hechos y ni siquiera los asume. "La entrada irregular de personas migrantes en la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 de julio ha generado una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida de las distintas Administraciones Públicas y ha afectado al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, entre ellos los sociales, de protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa", señala el texto. No habla de oleada turística, ni de Jovenlandia, ni de colapso sanitario, ni de la inseguridad disparada en las calles, ni de las denuncias por abusa, ni de nada que se parezca a la situación real que vive Ceuta.
"Desde el inicio de la crisis, el Gobierno de España ha movilizado todos los recursos necesarios para reforzar la frontera, impulsar el retorno de las personas migrantes que accedieron irregularmente, y apoyar a la población ceutí. Estas actuaciones han permitido reducir drásticamente la presión inicial y mantener el orden público en la ciudad", señala, en un ejercicio de absoluto cinismo.
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Sánchez cuela en su decreto de Ceuta la censura a la Guardia Civil y la Policía: si informan serán sancionados
Un decreto que, al mismo tiempo, no impulsa ningún estado de emergencia para que los militares tengan estatus de agente de la autoridad.
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"Cada día que pasa sin resolver expedientes es un día más alimentando la tensión", advierten a Libertad Digital desde AUGC.
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