Sánchez encarga controlar burbuja.info

Sánchez presenta un observatorio de derechos digitales​

El Observatorio de Derechos Digitales que Pedro Sánchez presentó como herramienta para evitar que internet sea «el salvaje Oeste» incluye, entre sus objetivos declarados, acabar con el anonimato en las redes y hacer penalmente responsables a los presidentes de las plataformas por lo que circula por ellas. La medida, anunciada con el argumento de combatir la desinformación, ha sido leída por buena parte de la comunidad del foro como un intento de meter en vereda a los espacios de discusión donde se fiscaliza al Gobierno sin filtros. El primer efecto medible en el hilo no es un cambio legal: es una cascada de mensajes preguntándose cuánto tardará en caer el foro de bolsa más antiguo de España.

Qué plantea el Observatorio de Derechos Digitales​

El anuncio oficial habla de vigilar y proteger derechos en el entorno digital. La letra pequeña, según el relato que ha circulado, incluye dos patas que cambian el juego: la eliminación del anonimato y la responsabilidad penal de los máximos responsables de las plataformas. Traducido: si un usuario publica algo que el Observatorio considera fuera de norma, el que responde ante un juez es el dueño del sitio. Es el modelo del Gran Cortafuegos chino, con la diferencia de que aquí se venderá como garantía democrática.

El problema práctico es de escala. España tiene decenas de miles de espacios de discusión, desde foros de inversión hasta grupos de vecinos. Exigir identificación verificada a todos los participantes y responsabilidad penal a los administradores convierte cualquier comunidad en un riesgo jurídico permanente. Los administradores de foros pequeños no tienen equipo legal. O cierran, o se convierten en filtros previos. No hay tercera vía.

El precedente que nadie quiere repetir​

La comparación con la censura franquista ha aparecido varias veces, con ironía gruesa: «Con Franco no había censura en internet», se repite como chiste amargo. El chiste funciona porque el franquismo no tenía internet, no porque fuera tolerante. Lo relevante es otra cosa: la sensación de que se está construyendo un aparato de control con vocación de permanencia, no una ley de coyuntura.

Hay quien sostiene que el objetivo real no es el discurso de odio, sino el escrutinio económico. Los foros de inversión y análisis financiero son incómodos porque documentan con cifras lo que los medios tardan semanas en publicar. Un hilo sobre el coste real de una medida pública, con enlaces y cálculos, es más difícil de desmentir que un tuit. Y más difícil de moderar sin que se note.

El certificado digital como puerta de entrada​

La propuesta de exigir identificación verificada para publicar tiene un precedente que se cita mucho: el certificado digital. En Estados Unidos no existe un documento de identidad único, así que el modelo no es exportable tal cual. En España sí. La pregunta que se hacen los administradores es si el certificado se usará solo para votar o también para comentar. Si es lo segundo, el anonimato muere y con él buena parte del tráfico.

El argumento oficial es que la verificación protege a los usuarios. El argumento que se sostiene en el hilo es que la verificación permite identificar a quien discrepa. No hace falta espiar a nadie: basta con que el sistema sepa quién eres para que la autocensura haga el resto. Es el efecto enfriamiento que ya se documentó en otros países.

La respuesta de la comunidad: ni miedo ni cierre​

La reacción dominante no es el pánico. Es una mezcla de cabreo y guasa. «No somos tan importantes», resume uno. Otro apunta que el foro lleva años en la diana y sigue en pie: «Eso se dice desde 2019 y aquí seguimos». La resistencia pasiva consiste en seguir publicando, pero midiendo las palabras. Varios mensajes recomiendan no dejar por escrito según qué cosas para no dar munición al Observatorio. Es autocensura preventiva, exactamente lo que la ley dice querer evitar.

Hay también quien señala que el problema no es Sánchez, sino la estructura: la Unión Europea ha lanzado su propio «Escudo de la democracia» para reforzar controles sobre las grandes tecnológicas y hacer cumplir las normas sobre incitación al odio. La iniciativa se presenta como defensa institucional, pero el efecto sobre los foros pequeños es el mismo: más obligaciones, menos margen.

El cálculo que circula en el hilo​

En el trasfondo del debate hay una cuenta que se repite: si el 25% de un 70% da un 17,5%, y de ahí se pasa a un 17%, la diferencia con el 50% que algunos atribuyen a una mayoría no es cosmética. Es la diferencia entre una mayoría absoluta y una mayoría relativa. El dato se usa para desmontar el relato de que el Gobierno tiene un mandato claro para cambiar las reglas del juego digital. La aritmética no es opinable.

La consecuencia práctica es que la legitimidad de la medida queda en cuestión antes de que se apruebe. Si la mayoría que la respalda es relativa, la oposición puede bloquearla o diluirla. Y si se aprueba por decreto, el conflicto está servido.

Qué puede pasar con los foros de inversión​

El escenario más probable no es el cierre, sino la migración. Los administradores que no quieran asumir responsabilidad penal trasladarán el servidor fuera de España. Los usuarios encontrarán la forma de seguir discutiendo. Lo que se pierde por el camino es la trazabilidad: los foros españoles son una fuente documental para periodistas y analistas. Si se van, se va también esa transparencia.

Queda una pregunta incómoda: si el objetivo es proteger al ciudadano de la desinformación, por qué la primera medida es identificar al ciudadano y no al que desinforma desde un medio con consejo de administración. La respuesta, por ahora, no está en el BOE.