Nadie se atreve a hablar claro de los problemas reales de la sociedad: pensiones, viejos, inmi gración masiva, etc

El tapón generacional que nadie quiere votar​

Un jubilado y un joven de treinta años valen lo mismo en la urna. Ese es el punto de partida incómodo de un malestar que recorre la economía española sin encontrar representación política: once millones de pensionistas, según la cifra que se maneja en el análisis, votan con la misma fuerza que quien no encuentra vivienda ni empleo estable. El diagnóstico que abre la conversación es directo: envejecimiento, presión demográfica y duplicidades administrativas forman una pinza que estrecha el proyecto vital de las generaciones nuevas.

La tesis no es nueva, pero el tono sí. Quien la plantea sostiene que el sistema de bienestar ha creado un nido clientelar donde el voto de quien ya tiene la vida hecha pesa igual que el de quien la empieza, y que eso bloquea cualquier reforma. La respuesta inmediata desde otra trinchera: si el problema es el envejecimiento, quien lo denuncia debería aplicarse el cuento. «Cuando llegues a los 40 y no tengas hijos, ¿te suicidarás por ser parte del agravamiento del problema?», replica un interviniente. La tensión entre diagnóstico y coherencia personal atraviesa todo el intercambio.

El cálculo de las pensiones que nadie quiere abrir​

El núcleo económico del asunto está en las pensiones. Un análisis que circula en el debate lo resume así: si alguien se jubila a los 65 y vive hasta los 85, son veinte años de prestación por cabeza. Multiplicado por millones de perceptores, el resultado es un bloque de votos que, se argumenta, exigirá descuentos y privilegios con independencia de cómo se financie el sistema. «Por mucho que se capitalicen las pensiones cada uno con lo suyo, te van a exigir descuentos o privilegios», se insiste.

La contrarréplica llega desde el flanco opuesto: el problema no son los jubilados, sino que el 95% de la población está a favor de subir las pensiones ilimitadamente, incluso votantes de derechas. Esa mayoría, se sostiene, hace inviable cualquier ajuste porque ningún partido se atreve a plantearlo. La conclusión que se repite: no hay nada que hacer en un país con conocimientos económicos nulos.

Hay quien va más allá y señala que la vivienda no la acaparan los mayores, sino la presión demográfica. «Las viviendas las están acaparando los 20 millones de colonos inmigrantes», afirma un interviniente, que acto seguido matiza que el problema de fondo con los mayores son las pensiones públicas, no los inmuebles. Otro responde que los pisos vacíos seguirían siéndolo aunque se marcharan los inquilinos, porque sus propietarios no los venderán a precio de saldo.

Vivienda: oferta, demanda y el debate que no avanza​

El intercambio sobre el precio de la vivienda se convierte en un bucle. Una postura defiende que hay vivienda de sobra porque la natalidad es baja y que, si cayera la demanda, el precio bajaría sin necesidad de construir. La contraria responde que los pisos ya tienen propietario, que no se puede disponer de lo ajeno y que el precio solo cede si la oferta crece más que la demanda. «Primero se aumenta la oferta construyendo a punta pala y luego ya veremos si el precio baja», zanja uno. El otro cierra con un «vuelve a leer el mensaje anterior».

La discusión deriva hacia el marco institucional. Frente a quien defiende el Estado centralizado, aparece la tesis federalista: «Cuanto más pequeño y cercano el estado, más fácil tiene el ciudadano lidiar y luchar contra el estado». El argumento: si una región vota suicidio económico y otra prosperidad, no hay razón para que una cargue con lo votado por la otra. La respuesta desde el otro lado es que las autonomías solo añaden duplicidades administrativas y personal innecesario.

Quién puede permitirse salir a la calle​

Un análisis recurrente en el intercambio explica por qué no hay protesta sostenida contra la subida de impuestos o de la luz: la población es heterogénea y no logra organizarse. Solo salen a la calle, se argumenta, los colectivos que viven del presupuesto público o están ideologizados, porque no dependen de una jornada laboral para cobrar. «Pensionistas, funcionarios, sindicatos, chiringuitos», enumera quien sostiene esa tesis.

Frente a eso, otra corriente señala que el foco está mal puesto: «Mientras tanto los bancos, grandes empresas y grandes entes capitalistas ganando capital a saco». La crítica apunta a que se discute con el penúltimo de la fila y no con el primero, y se echa en falta movilización por salarios y condiciones laborales. La contraoferta de quien abrió el asunto: si se tocan vejez, inmigración y separatismos, todo el arco progresista internacional daría la espalda al país.

El desprecio a la juventud autóctona​

El cierre del arco argumental es amargo. «En España se desprecia a la juventud autóctona», resume un interviniente: se acepta que no tendrá casa, ni trabajo estable, ni futuro, y que gane menos que un jubilado, mientras se dan facilidades a los jóvenes extranjeros. La descripción del mercado laboral y de las relaciones personales que hace es desoladora.

La conclusión que se repite en distintos tramos es que la sociedad está podrida hasta el tuétano y que solo reaccionará cuando falte la comida, la luz o el carburante. «Hasta que todo explote de un día para otro», sentencia otro. El análisis se atasca exactamente ahí: en identificar el problema sin encontrar quién lo vote, quién lo lidere o quién se atreva a ponerle el cascabel al gato.