Sánchez engaña a Sumar: retrasa la publicación de su decreto en el BOE hasta mañana para evitar que entre en vigor

El BOE retrasa el decreto de Sumar para que dure horas​

El Gobierno ha retrasado hasta el jueves la publicación en el BOE del decreto de alquileres que exige Sumar, el que convierte la prórroga automática de los contratos en alquileres indefinidos en la práctica. La explicación que se maneja no es técnica: el viernes el Congreso rechazará el texto por falta de apoyos, así que las medidas estarán vigentes apenas unas horas antes de decaer. En el mismo Consejo de Ministros se aprobaron dos normas de vivienda y cada una ha seguido un camino distinto. La primera, pactada con los grupos que sostienen al Ejecutivo, se publicó el miércoles. La segunda, con las medidas más ambiciosas que reclama el Sindicato de Inquilinos, espera turno.

Dos decretos de vivienda y dos velocidades​

El primer decreto se titula «Se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible». Llegó al Boletín Oficial este miércoles, sin sobresaltos. El segundo incluía una sola cosa: la prórroga automática de los alquileres. Es la medida que, a ojos del propio Ejecutivo, no suscitaría tantos consensos entre los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez —el PNV y Junts entre ellos— y que previsiblemente irá a un segundo real decreto.

Qué incluye el decreto de vivienda ya publicado​

Cuatro medidas forman el bloque que sí ha llegado al Boletín Oficial:

• Protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030.
• Regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.
• Prohibición de compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028.
• Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Todas llevan la fecha de caducidad escrita en el propio texto: 2028 para la compra por fondos y para la prórroga de contratos, 2030 para los desahucios. El decreto retrasado, en cambio, no cuenta con la mayoría de la Cámara Baja para salir adelante. El Ejecutivo lo considera, según el relato publicado, una bomba de relojería capaz de dar la puntilla al mercado del alquiler.

Por qué se retrasa la publicación hasta el jueves​

Fuentes de la Cámara Baja sostienen que, si la mayoría del Congreso rechaza el decreto, sus medidas no entrarían en vigor. De ahí el retraso: se evita que la norma aparezca en el BOE y después decaiga con el rechazo del Parlamento, un escenario que abre un problema de seguridad jurídica. Con menos de 24 horas de vigencia apenas hay margen para reclamar nada ante un juzgado, ni para que un propietario retire su oferta de alquiler antes de que la prórroga sea exigible.

Hay quien lee en todo esto una operación de escaparate: el gesto se exhibe ante el socio y se deja morir en la votación. El cálculo más benévolo apunta lo contrario, que el retraso protege al inquilino de un limbo legal, porque una norma publicada y tumbada genera más confusión que una norma que nunca se imprime.

Un mercado del alquiler que ya estaba roto​

El diagnóstico más repetido entre quienes siguen el mercado de cerca es que el daño ya está hecho, con independencia de lo que ocurra el viernes. Se argumenta que desde 2023 el alquiler residencial se ha ido retirando: lo que sale al mercado es para turistas, estudiantes o por habitaciones. Nadie en su sano juicio alquila ya a familias, a parejas o a solteros, y ni siquiera a funcionarios con nómina fija. Mientras tanto los desahucios siguen su curso, con un procedimiento que se alarga hasta casi dos años entre demanda, informe de vulnerabilidad a servicios sociales y lanzamiento efectivo.

De ahí una conclusión incómoda según esa lectura: lo mejor que puede pasar para no deteriorar más el mercado es que estos decretos no salgan adelante. La protección del inquilino, sostienen, se ha traducido en menos oferta y en precios peores para quien busca. ¿Cuánto vale una norma que solo existe unas horas, y a quién protege de verdad mientras vive?

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