Sánchez rabioso por la suspensión del pucherazo: "No se lo perdonaré"

Sánchez carga contra PP y Vox por frenar el voto de los nietos​

¿Qué ocurre cuando un tribunal suspende con medidas cautelares parte del censo electoral? Eso es exactamente lo que ha pasado con la ley de nietos, la norma que habilita el voto de los descendientes de exiliados españoles, después de que el Tribunal Supremo dictara medidas cautelares que paralizan su aplicación. Pedro Sánchez convirtió el asunto en el eje de su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà, el 20 de septiembre, donde cargó contra PP y Vox y sentenció: «No se lo perdonaré». Poco antes había calificado la suspensión de «hecho muy grave que socava nuestra democracia».

Qué ha suspendido el Tribunal Supremo y quién lo pidió​

Las medidas cautelares paralizan la aplicación de la ley de nietos y, con ella, el voto de los descendientes del exilio hasta que el asunto se resuelva. Según el relato que circula sobre el origen del caso, la iniciativa judicial no vino del PP, sino de Vox y de otra formación política que habría presentado su recurso antes. Vox lo habría registrado dos días después, incorporando además la petición de incluir a extranjeros en el censo CERA sin pruebas previas a la cita electoral.

Hay un matiz temporal que conviene retener: varios participantes sostienen que no habrá una resolución de fondo del Supremo antes de las elecciones. Quien sostiene que el Supremo decidirá a tiempo está haciendo futurología, no análisis.

El CERA suma un 19,96% de inscritos en menos de cuatro años​

El dato que ha encendido el debate es la evolución del Censo Electoral de Residentes Ausentes. La cifra que se maneja es un salto de 2.290.583 inscritos a 1 de noviembre de 2022 hasta 2.747.688 a 1 de agosto de 2026, un incremento del 19,96%. El detalle que se subraya no es solo el volumen, sino que la Oficina del Censo Electoral no habría informado de esa alteración significativa, producida justo después de la instrucción de 2022 de Sofía Puente.

A eso se añade otro dato: más de dos millones de «nietos» del exilio ya tuvieron derecho a voto en 2023 y ahora deberán volver a acreditar esa condición. Para unos, la cifra demuestra que la norma lleva años funcionando; para otros, que el censo exterior se ha convertido en un botín electoral que se mueve sin control público.

La mesa electoral que no cuadra con el escrutinio final​

Entre los testimonios más detallados aparece el de un presidente de mesa de un municipio pequeño con tres mesas, la suya la mayor. El acta que firmó, incluido el voto por correo, daba PP primero con mucha distancia, Vox segundo y PSOE tercero a muchos votos del segundo. El escrutinio publicado colocó al PSOE en segunda posición en un ayuntamiento donde no hay ni un concejal socialista. La única explicación que encuentra es el voto CERA, que se escruta fuera del municipio y no se desglosa por mesas. Firma el acta, pero no firma la conclusión.

El software, las actas y el pucherazo que no se sostiene​

Hay quien apunta al recuento informático y a la empresa que provee el software electoral, con el espejo venezolano como recordatorio. La objeción es razonable: el baile de cifras del recuento no basta para dar la vuelta a unas elecciones, y las actas de cada mesa existen precisamente para invalidar lo que un programa haga mal. El fraude, si existe, hay que montarlo antes de que se cuenten los votos: la puerta está en el voto por correo y en el censo, no en el algoritmo.

Conviene decirlo con claridad: ni el fraude ni la manipulación del censo están acreditados judicialmente. Lo que hay son indicios, actas, cifras discutidas y mucha indignación. La diferencia entre unas cosas y otras es la única que separa una denuncia de un bulo.

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El Supremo tiene la pelota, el Gobierno tiene la furia y el censo tiene 457.000 inscritos más que hace cuatro años. Si todo esto fuera solo una injusticia histórica que reparar, nadie estaría tan enfadado.