Sanidad obligará (penas de prisión) a destruir los medicamentos recaudados para los afectados de la dana

El debate sobre destruir los medicamentos donados a los afectados de la dana​

Los medicamentos recaudados para los afectados de la dana no se van a repartir. Se van a destruir. Y no es una recomendación: según se sostiene en el debate, la normativa de productos sanitarios lo impone, con la trazabilidad como argumento central y con la amenaza de sanción, incluida la prisión, para quien se salte la cadena de custodia. El asunto, que arranca de un mensaje en redes sociales denunciando la paradoja, ha derivado en un pulso entre el principio de legalidad y lo que muchos consideran una emergencia humanitaria en la que el Estado no está llegando.

El marco legal no es discutible: los medicamentos no son una mercancía cualquiera. Siguen una cadena de custodia, requieren prescripción médica para dispensarse y su venta o donación entre particulares está prohibida. La trazabilidad, sostienen quienes defienden la norma, es lo que impide que un fármaco caducado, mal conservado o falsificado acabe en manos de un paciente sin control. La misma lógica que impide comprar y vender medicamentos entre particulares es la que impide donarlos, aunque el destinatario sea una víctima de la catástrofe.

Por qué la trazabilidad bloquea la donación​

El argumento técnico es sólido: un medicamento fuera de la cadena oficial pierde su historial. No se sabe si ha estado a temperatura adecuada, si ha caducado, si es un genérico con el mismo principio activo que otro o si directamente es una falsificación. La receta electrónica añade otra capa: sin suministro eléctrico, sin internet y sin una farmacia operativa con certificado digital, la prescripción no se puede dispensar. Y si el paciente ha perdido su insulina a mitad de mes, la prescripción no estará disponible hasta pasados unos quince días.

Ese es el nudo del problema. La norma protege, pero en una catástrofe la protección se convierte en bloqueo. Hay quien plantea que la solución no es saltarse la ley, sino que exista un mecanismo excepcional: una unidad de farmacia militar, un protocolo de emergencia, algo que el ordenamiento actual no contempla. La pregunta que sobrevuela es incómoda: ¿en qué situaciones la necesidad impera y las normas se pueden saltar, y en cuáles no? Porque una necesidad imperiosa la puede tener una sola persona, y con ese criterio se abre la puerta a cualquier cosa.

La desobediencia como respuesta​

La otra corriente es la de quienes consideran que la ley no puede estar por encima de la vida. El argumento es directo: hay miles de ancianos que no pueden bajar a la calle porque el barro resbala como una pista de hielo, ni acudir a una farmacia que puede estar a varios kilómetros. Si hay que repartir medicamentos puerta por puerta, se reparten. En esta situación, dicen, no hay titulitis ni certificaciones que valgan; se apela a la responsabilidad de quien dona y de quien recibe.

La desobediencia se plantea como una llamada explícita. No es un debate abstracto sobre la legalidad: es la constatación de que, nueve días después, no se ha visto un camión cisterna limpiando calles con agua a presión, mientras los políticos miran desde sus tronos cómo el pueblo se revienta a trabajar. La conclusión de esa corriente es que cumplir la norma cuando el Estado no cumple con lo básico es una forma de complicidad.

El precedente que nadie quiere mirar​

Hay un episodio que se cita como contraste: cuando se envió ayuda a Marruecos tras el terremoto, se bloqueó el envío de medicamentos por la trazabilidad y su santa madre. La pregunta que se lanza es por qué en unos casos la norma es infranqueable y en otros se busca la manera de ayudar. La respuesta, según esta lectura, es que la diferencia no está en la ley, sino en la voluntad política de aplicarla con criterio humanitario.

El asunto tiene una derivada económica que no se puede ignorar. Los medicamentos donados no se compran: se recaudan. Si se destruyen, alguien tendrá que comprarlos de nuevo. Y ahí entra el juego de los fabricantes, que no pierden nada con que se destruyan y se vuelvan a adquirir. La sospecha de que la norma protege más el negocio que al paciente está sobre la mesa, aunque nadie la haya demostrado.

Qué pasa con las recetas electrónicas en una zona cero​

El sistema de receta electrónica es el cuello de botella silencioso. Para dispensar un medicamento se necesita que haya suministro eléctrico, que funcione internet, que la farmacia tenga ordenadores operativos con certificado electrónico y que la prescripción esté disponible. En una zona devastada, ninguno de esos cuatro requisitos está garantizado. Y si el paciente ha perdido su medicación, no puede simplemente ir a otra farmacia a que se la den: el sistema no lo permite.

La consecuencia práctica es que la ley, diseñada para un entorno estable, se vuelve inoperante en el escenario para el que más se necesitaría. No hay una respuesta oficial a qué se hace cuando no hay farmacias, cuando no hay luz o cuando el paciente no puede desplazarse. La sensación que queda es que el ordenamiento jurídico, hecho por gente que no ha pisado una zona cero, no contempla la posibilidad de un desastre natural de esta magnitud.

---

La predicción más razonable es que la norma no se va a cambiar a corto plazo. La trazabilidad seguirá siendo el argumento oficial y los medicamentos donados seguirán su camino hacia la destrucción. Lo que no está tan claro es que la próxima vez que ocurra una catástrofe alguien vaya a esperar a que llegue el papel que autorice a salvar vidas.