SE ELIMINA EL BONO SOCIAL para potencias inferiores a 3000w

El bono social dejará de premiar los 2,3 kW: adiós al descuento por ahorro​

El bono social eléctrico vinculado a la potencia contratada tiene los meses contados. La propuesta que maneja el Gobierno pasa por ligar el descuento a la renta y a la condición de familia numerosa o pensionista, lo que dejaría fuera a uno de los perfiles más singulares del sistema: el consumidor que había ajustado su contrato a 2,3 kW para pagar menos y, de paso, consumir menos. Ese incentivo al ahorro energético desaparecería del mapa regulatorio.

La medida llega después de años en los que reducir la potencia era la única palanca real que tenía un particular para bajar el recibo sin tocar sus hábitos. El término fijo se come una parte creciente de la factura, y quien se apretaba el cinturón hasta los 2,3 kW obtenía el 25% de descuento. Ahora ese mismo gesto dejaría de tener recompensa.

Qué cambiaría exactamente y a quién dejaría fuera​

El nuevo diseño mantendría el descuento del 25% para familias numerosas y para hogares con un pensionista que cobre la pensión mínima, y elevaría hasta el 40% la rebaja para lo que el texto llama colectivos especialmente vulnerables. La excepción a favor de las familias numerosas se aplicaría con independencia de los ingresos, un detalle que no ha pasado desapercibido: una familia numerosa con renta alta conservaría el bono, mientras un hogar de ingresos medios que había bajado a 2,3 kW lo perdería.

El umbral de renta que se baraja ronda los 10.000 euros anuales para acceder al descuento general. Por debajo de esa cifra, el bono se mantendría; por encima, se extinguiría. La consecuencia es que el criterio dejaría de ser el comportamiento energético y pasaría a ser la declaración de la renta.

El cálculo que hacía rentable apretarse el cinturón​

Quien contrataba 2,3 kW no lo hacía por gusto. El ahorro se apoyaba en tres patas: un término fijo más bajo, un consumo forzosamente moderado y el 25% de descuento del bono. Con esos mimbres, el recibo podía quedarse por debajo de los 30 euros mensuales, según un cálculo que circula en el foro. Al desaparecer el descuento, la misma vivienda pasaría a pagar más sin haber cambiado un solo hábito.

Hay quien sostiene que la penalización es en realidad una subida encubierta del término fijo, y que el usuario que había optimizado su contrato acabará pagando la diferencia. El cálculo completo, partida a partida, con los consumos reales de cada electrodoméstico, da resultados que sorprenden: hay quien ha medido aspiradora, horno, vitro y plancha para comprobar cuánto margen tenía antes de saltar el interruptor de control de potencia.

La respuesta del consumidor: cambiar de comercializadora​

La reacción más repetida entre quienes pierden el bono no es volver a subir la potencia, sino marcharse a una comercializadora pequeña. La lógica es sencilla: si el descuento desaparece, al menos que el margen de comercialización no se lo quede la grande. Firmas como Holaluz, Factor Energía, Son Energía o Gesternova aparecen en esa lista, y quienes ya han hecho el cambio relatan llamadas de la antigua compañía ofreciendo contraofertas para recuperarlos.

El argumento de fondo es que el oligopolio eléctrico no compite en precio porque el término fijo y los peajes son iguales para todos. Lo único que un particular puede elegir es a quién le paga el margen. Y ese margen, cuando se multiplica por cientos de miles de contratos, deja de ser simbólico.

El contexto europeo: potencia cara y consumo barato​

La comparación internacional que circula en los análisis del sector es incómoda. Con un consumo bajo, España aparece como uno de los países donde la electricidad sale más cara de Europa, precisamente porque el término fijo pesa mucho y el variable poco. En otros mercados europeos el término de potencia es residual o inexistente, y todo el coste se traslada al kilovatio consumido.

Eso explica que el bono social por potencia fuera, en la práctica, una compensación al consumidor eficiente. Quien gastaba poco pagaba mucho por el simple hecho de tener un contador conectado. El nuevo diseño rompería ese equilibrio y trasladaría el alivio a los hogares con rentas bajas, con independencia de cuánto consuman.

Qué pasa con el impuesto al sol y el autoconsumo​

El debate sobre el bono social se cruza con otro asunto que sigue abierto: el llamado impuesto al sol. La versión que circula es que no aplica a contratos por debajo de 10 kW, es decir, que no afectaría a los consumidores particulares, sino a los productores fotovoltaicos. Sin embargo, hay casos documentados de comunidades de vecinos que se autoabastecen y que aseguran haber pasado por el aro de la norma con potencias muy inferiores a ese umbral.

La confusión sobre a quién afecta realmente el impuesto al sol y a quién no es un síntoma más del laberinto regulatorio. Mientras tanto, el consumidor que invirtió en autoconsumo sigue esperando a saber si su cálculo de amortización se sostiene o se ha quedado obsoleto.

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Con estos mimbres, lo previsible es que el bono social por potencia desaparezca y que el consumidor eficiente busque refugio en comercializadoras pequeñas. Lo que no está tan claro es que el ahorro se mantenga: si el término fijo sigue subiendo y el descuento se va, la factura acabará encontrando su propio equilibrio. Y no precisamente a favor de quien había hecho los deberes.