Se repite el mismo modus operandi. El Begoño borra los metadatos para dificultar la investigación.

Begoña Gómez y el rastro borrado: la causa se complica​

Hay una paradoja que recorre toda la instrucción: si alguien es inocente, ¿por qué elimina los rastros que podrían demostrarlo? La causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se complica según las informaciones publicadas, y el eje ya no es solo el contenido de los contratos, sino lo que desaparece alrededor de ellos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habría acreditado que la funcionaria Cristina Álvarez trabajó de forma constante en los negocios de la mujer del presidente. Y, según las mismas informaciones, Moncloa dio de baja uno de los tres números de móvil que usaba esa asesora apenas siete días antes de que Begoña Gómez declarase.

El patrón se repite, sostienen quienes siguen el caso: borrado de metadatos, contratos con Barrabés bajo sospecha de fraude y gestiones privadas de una asesora desde dependencias públicas. La pregunta que sobrevuela no es jurídica, es de sentido común: ¿cómo se demuestra la inocencia cuando se manipulan los documentos que la probarían?

Qué son los metadatos y por qué borrarlos es tan sospechoso​

Los metadatos son la huella interna de cualquier archivo: con qué programa se creó, con qué cámara o móvil, a qué hora, qué día, cuándo se modificó por última vez y por quién. En una fotografía, en un documento o en una conversación de mensajería, esos datos viajan por dentro aunque el contenido visible se borre. Un ejemplo cotidiano lo ilustra bien: si alguien sostiene que no conoce a una persona y los registros muestran decenas de llamadas y mensajes cruzados, el metadato desmiente la versión sin necesidad de leer una sola palabra del chat.

De ahí que la eliminación de esos rastros no sea un detalle técnico menor. Borrar metadatos no elimina el hecho, elimina la prueba. Y en una instrucción judicial, esa operación tiene un nombre incómodo: obstrucción. Hay quien recuerda que las propias normativas europeas obligan a los operadores a conservar ciertos datos de comunicaciones durante periodos determinados, precisamente para investigaciones de terrorismo y crimen organizado. Que esos datos se esfumen justo antes de una comparecencia es, como mínimo, una coincidencia que el juez tendrá que valorar.

El móvil de la asesora que se apagó antes de declarar​

El caso de Cristina Álvarez concentra buena parte de las sospechas. Según las informaciones publicadas, Presidencia del Gobierno dio de baja uno de los tres números que utilizaba su asesora solo siete días antes de que Begoña Gómez prestase declaración. La UCO habría acreditado que esa funcionaria trabajó de forma constante en los negocios de la esposa del presidente, lo que difumina la frontera entre lo público y lo privado.

La secuencia importa: primero se documenta el trabajo, después desaparece el canal por el que se coordinaba. No hace falta ser experto en instrucción penal para entender que un teléfono dado de baja deja de generar registros. La operación no borra lo ocurrido, pero seca la fuente que lo documenta. Y eso, en términos procesales, se parece bastante a poner palos en las ruedas.

Barrabés, los contratos y el fraude que se investiga​

El otro frente es contractual. Las informaciones apuntan a un supuesto fraude en los contratos vinculados a Barrabés, con la mujer del presidente en el centro de las gestiones. Se trata de dilucidar si hubo trato de favor, si se trocearon adjudicaciones o si se utilizó la posición institucional como palanca. Nada de esto está resuelto: son hechos investigados, no hechos probados, y la causa sigue su curso.

Lo relevante, a efectos de opinión pública, es la acumulación. Un borrado de metadatos aislado puede ser un error informático. Un contrato bajo sospecha puede ser una casualidad administrativa. Una asesora haciendo gestiones privadas desde Moncloa puede ser una agenda difusa. Los tres juntos dibujan un modus operandi, y el modus operandi es lo que los instructores buscan cuando el contenido se les escapa.

La sauna del padre y los sobres: lo que se añade al relato​

A la causa judicial se suma material periodístico de otro orden. Según declaraciones recogidas por medios, Begoña Gómez habría entregado sobres con billetes para pagar anuncios de la sauna de su padre en una revista entre 2002 y 2005, en un local donde, según esas mismas versiones, se ofrecían drogas y trabajaban menores. Son afirmaciones de parte, publicadas y no acreditadas judicialmente, que engordan el relato mediático pero no sustituyen a la prueba.

Conviene separar los planos. Una cosa es lo que un juez investiga con soporte documental y otra lo que circula en entrevistas y exclusivas. Mezclarlos es tentador y periodísticamente rentable, pero también es la vía más rápida para que una causa sólida se desdibuje entre el ruido.

El coste reputacional que no se borra con un clic​

Hay un daño que ningún borrado de metadatos repara. Aunque la causa acabe archivada o sin condena, la condición de persona señalada es difícil de revertir. Quien fue catedrática difícilmente volverá a serlo; quien aspiraba a dar cursos o firmar convenios se encuentra con que ninguna institución quiere arrimarse a un nombre tóxico. Es la parte del proceso que no aparece en los autos y que, sin embargo, pesa más que muchos de ellos.

La defensa sostiene que se colabora con la justicia para demostrar la inocencia. El problema es que la colaboración y el borrado de rastros son difíciles de compaginar en la misma frase. Si los documentos se manipulan, la inocencia se queda sin argumentos. Y esa contradicción, más que cualquier filtraciones, es la que está sosteniendo el caso en la opinión pública.

La carga de la prueba: quién debe demostrar qué​

Aquí conviene un apunte jurídico que se olvida con frecuencia. En un juicio penal no es el investigado quien debe demostrar su inocencia: es la acusación quien debe probar la culpabilidad. Invertir esa carga, como ocurre en algunos procedimientos específicos, es una anomalía que los penalistas discuten desde hace años. Dicho esto, borrar metadatos no es ejercer el derecho a no declarar contra uno mismo: es alterar el material sobre el que se va a decidir. Y eso tiene consecuencias propias, independientes del delito investigado.

La causa, a la fecha de esta discusión, sigue abierta. No hay condena, no hay archivo, no hay sentencia. Solo una acumulación de indicios que los instructores van cosiendo y una estrategia de defensa que, de momento, genera más preguntas que respuestas.

¿Cuánto tarda una instrucción en distinguir entre quien borra porque oculta y quien borra porque no sabe lo que borra?