Se viene clemencia en lo politico.

Junts condiciona la amnistía al referéndum y tensa la investidura​

La política española entra en una fase que algunos ya llaman de clemencia. El independentismo catalán ha puesto sobre la mesa una exigencia que va más allá de la amnistía: la celebración de un referéndum de autodeterminación. La formación de Carles Puigdemont ha trasladado al PSOE que no aceptará un perdón parcial, y menos aún un indulto individual para su líder. La amnistía, sostienen, debe ser «general y generosa» para todos los encausados. Mientras, en Waterloo, Puigdemont mantiene un perfil bajo y se comunica mediante notas manuscritas, con las persianas bajadas y la chimenea encendida en pleno verano, según se comenta en el debate.

El argumento jurídico que repiten los defensores de la medida es simple: la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía, por lo que lo que no está prohibido está permitido. La discusión sobre este punto enfrenta dos tradiciones jurídicas que ya se vieron las caras en la Francia de la Restauración: la liberal, que sostiene que todo lo que no está prohibido está permitido, y la conservadora, que defiende que todo lo que no está permitido está prohibido. La pregunta es cuál de las dos se aplicará en España.

El independentismo ve en la amnistía una oportunidad histórica​

En el núcleo del independentismo se respira un optimismo que no se veía desde hace años. La amnistía no se percibe como una concesión graciosa, sino como una oportunidad política para revertir lo que consideran «porrazos» del PP en Cataluña. La idea que circula es que el independentismo está en el campo base, esperando las mejores condiciones para afrontar el ataque hacia la cima del referéndum. La metáfora montañera no es casual: el proceso se ve como una ascensión larga, con campamentos intermedios y condiciones climáticas cambiantes.

La negociación, sin embargo, no está exenta de tensiones. Hay quien sostiene que el PSOE intenta aplicar solo un indulto a Puigdemont, mientras que Junts exige la amnistía para todos. La diferencia no es menor: un indulto es individual y discrecional; una amnistía es general y borra los delitos. Puigdemont, según estas versiones, se mantiene firme y no aceptará menos. La pregunta que sobrevuela es si volverá como un mesías o si su regreso será un acto más discreto.

La amnistía como moneda de cambio política​

La discusión sobre la amnistía no se limita al plano jurídico. Hay quien la interpreta como un intercambio de favores políticos: clemencia a cambio de apoyos parlamentarios. La respuesta de los defensores es que no se trata de favores, sino de un bien común superior, el de la gente que ha votado bien. La formulación es ambigua, pero deja claro que la amnistía forma parte de una negociación más amplia que incluye la investidura.

El contexto parlamentario añade presión. La suma de VOX en una repetición electoral es un escenario que preocupa a algunos. Otros, en cambio, ven con buenos ojos el crecimiento de VOX: al independentismo le va bien que VOX crezca, se argumenta, porque ambos son hermanos en la cruzada de romper el régimen del 78. La lógica es retorcida, pero no carece de sentido estratégico: cuanto más se radicalice el adversario, más fácil será justificar la ruptura.

El CNI y las comunicaciones cifradas de Junts​

Uno de los aspectos más llamativos del debate es la supuesta dificultad del CNI para espiar al independentismo. Según se comenta, las comunicaciones entre Junts utilizan un cifrado de un solo uso, nunca visto hasta ahora en comunicaciones políticas. El phishing personalizado no serviría, porque los independentistas saben más que los ratones coloraos y saben implementar el protocolo de forma segura sin fisuras. La ironía sobre la capacidad técnica del Estado es evidente.

La escena que se describe es casi cinematográfica: Puigdemont no habla en Waterloo, solo se comunica a través de notas manuscritas, tiene las persianas bajadas y la chimenea encendida en pleno verano. La imagen busca transmitir una idea de clandestinidad y de control absoluto de la información. Si es verdad o no, es otro asunto, pero el relato forma parte de la estrategia.

El referéndum: la línea roja que nadie cruza​

El punto que bloquea todo es el referéndum. La Constitución no permite convocar una consulta de autodeterminación, y el PSOE no puede dar un referéndum pactado sin romper el marco constitucional. La vía del Plan Ibarretxe de 2005, que consistía en reformar el Estatuto para luego convocar una consulta, requeriría una mayoría en el Congreso que el independentismo nunca ha tenido. La conclusión es que el referéndum no pasará la primera fase.

La respuesta independentista es que no se trata de disolver España, sino de poder votarlo. La pregunta que lanzan es si la Constitución prohíbe consultar a la gente, si prohíbe la libertad de expresión. El argumento tiene fuerza retórica, pero choca con la realidad jurídica: una consulta de autodeterminación no es una encuesta de opinión, es un acto de soberanía. Y la soberanía no se comparte.

Las encuestas y el desgaste del relato independentista​

Los datos que se manejan en el debate no son favorables al independentismo. Según el segundo barómetro del año del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, el 52% de los catalanes votarían 'no' en un hipotético referéndum soberanista, frente a un 42% que elegiría el 'sí'. La diferencia es de diez puntos, suficiente para desactivar cualquier pretensión de mayoría. El dato desmonta la idea de que el 75% está a favor de hacer un referéndum, que se confunde con el porcentaje de catalanes que querrían votar, no con el resultado.

La conclusión que extraen algunos es que el independentismo tiene prisa porque sabe que el tiempo juega en su contra. Si esperas una generación, el resultado podría ser aún más desfavorable. De ahí la urgencia por cerrar un acuerdo antes de que el desgaste sea irreversible. La amnistía sería el último cartucho antes de que el proceso se apague.

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El análisis se atasca en un punto: la amnistía parece inevitable, pero el referéndum sigue siendo imposible. El independentismo lo sabe y negocia como si no lo supiera. El PSOE lo sabe y negocia como si pudiera evitarlo. Y mientras tanto, la política española se acostumbra a la clemencia como método de gobierno.