Yolanda Díaz se reúne con Puigdemont en Bruselas al margen del PSOE
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, se reunió este lunes a mediodía con el expresident catalán Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. La cita, adelantada por
ElNacional.cat, contó también con la presencia del dirigente de En Comú Podem Jaume Asens y del eurodiputado Antoni Comín, este último también fuera de España por causas judiciales. La parte socialista del Ejecutivo se desmarcó del viaje: fuentes de Moncloa aseguraron que no fueron informadas hasta la noche del domingo, «a hechos consumados», y subrayaron que la reunión se celebraba en nombre de Sumar y no representaba al PSOE.
Una interlocución con línea directa a Junts
El encuentro no surge de la nada. Semanas antes ya se había publicado que la líder de Sumar mantenía
línea directa con Puigdemont y que sus pasos contaban con el visto bueno de Sánchez. El presidente en funciones y candidato socialista estaría recurriendo a su aliada de coalición como interlocutora para desatascar una negociación que, por la vía socialista, se atascaba. Un destacado socialista lo resumía así: «En esta ocasión llevan una estrategia común, a diferencia de lo que pasó en 2020», cuando el PSOE mostraba aversión a sentarse con las principales fuerzas independentistas y fue Unidas Podemos, entonces capitaneado por Pablo Iglesias, quien armó la mayoría que llevó a Sánchez a Moncloa.
La operativa tiene una lectura política que algunos sostienen:
Díaz asume el desgaste ante el prófugo y de paso invisibiliza a Podemos en la formación de Gobierno. El PSOE mantiene su propia vía y niega cualquier vinculación con la cita. «No hay nada acordado», trasladan desde el entorno socialista.
Veinte juristas y una amnistía por encajar
El trabajo de fondo es jurídico. La ministra en funciones cuenta con un grupo de
20 juristas comandados por Jaume Asens que llevan casi un mes buscando el encaje legal en la Constitución a una hipotética ley de
amnistía. El objetivo declarado: poner fin a la «represión» jurídica de decenas de excargos de la Generalitat pendientes de juicio por el
procés, incluido el propio Puigdemont. La vicepresidenta segunda es quien está llegando más lejos a la hora de hablar de esta solución.
La presión no llega solo de Junts. ERC exige incluir en esa amnistía a los imputados por terrorismo:
nueve personas detenidas en 2019 con explosivos y planes de atentar en Cataluña. Ese flanco complica cualquier redacción legal que quiera presentarse como quirúrgica.
¿Quién paga el viaje y con qué medios?
La escenografía institucional desató la pregunta incómoda: si la reunión es de partido, ¿por qué se celebra en el Parlamento Europeo y con qué fondos? Hay quien reclama investigar si se utilizaron medios y fondos públicos para desplazarse a ver a un prófugo de la justicia. La respuesta oficial no llegó. Tampoco aclaró Moncloa si el viaje se pagó con cargo al ministerio o a la estructura del partido.
El detalle lingüístico también dio juego: Puigdemont habla catalán y Díaz, gallego. Entre ellos, según las imágenes, se comunicaron en español. La anécdota resume el resto.
Un Gobierno que negocia con quien no puede pisar España
El marco legal no es un detalle menor. El artículo 408 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia. La cita circuló con rapidez entre quienes ven en la reunión algo más que una gestión política.
En el otro extremo, se recuerda que Puigdemont es eurodiputado y que su situación judicial no impide el ejercicio del escaño. La discusión sobre si la cita es una cesión al chantaje o un simple trámite de investidura sigue abierta.
Con estos mimbres, la investidura de Sánchez depende de que la amnistía encaje antes de que la política se imponga al derecho. Si el encaje no llega, el calendario se estrecha. Y nadie ha explicado todavía qué pasa si no llega.