Según denuncia el sindicato solidaridad el 70% de los extranjeros que residen en españa no cotizan a la seguridad social

Solo 3 de cada 10 extranjeros residentes cotizan a la Seguridad Social, según el sindicato Solidaridad​

El sindicato Solidaridad denunció en 2023 que apenas el 30,11% de los extranjeros residentes en España figuraban como cotizantes a la Seguridad Social. Traducido a números redondos: de los 6.089.620 extranjeros empadronados, solo 1.833.396 aparecían dados de alta. La organización lo resumió en una frase que ha corrido como la pólvora: «No es verdad que los extranjeros vayan a pagar las pensiones». El dato, extraído de estadísticas del INE, reabre un debate incómodo sobre el modelo migratorio y su sostenibilidad fiscal.

Qué dice exactamente el informe del sindicato Solidaridad​

La denuncia de Solidaridad no se queda en el porcentaje. Señala directamente a los dos grandes partidos: tanto el PP como el PSOE insisten en traer millones de inmigrantes para sostener el sistema, pero las cifras actuales —según su lectura— demuestran lo contrario. El sindicato sostiene que la población extranjera no solo no contribuye en la proporción prometida, sino que se beneficia de un Estado de bienestar financiado por los cotizantes nacionales.

El cálculo oficial es tozudo. 6.089.620 residentes extranjeros, 1.833.396 cotizantes. Es decir, siete de cada diez quedan fuera del sistema contributivo. La pregunta inmediata es cuántos de esos siete están en edad de trabajar, cuántos trabajan en la economía sumergida y cuántos simplemente no buscan empleo.

Los datos que matizan el titular: paro, economía sumergida y contratos​

El INE apunta que cuatro de cada diez nuevos residentes procedentes de otro país ni trabaja ni busca empleo. En el caso marroquí, solo uno de cada cinco cotiza. Y hay más: más de 2,2 millones de inmigrantes viven en España sin trabajar, una cifra que algunas fuentes elevan a 3,9 millones —el 58% del total— cuando se actualizan los registros.

La economía sumergida distorsiona cualquier foto fija. Catalunya tiene a más de 160.000 extranjeros extracomunitarios trabajando de forma irregular, según un informe de CCOO que critica las dificultades administrativas y la falta de convalidación de títulos. Es decir, parte de ese 70% que no cotiza sí trabaja, pero lo hace al margen del sistema. La Inspección de Trabajo, por su parte, tumbó la acusación contra Nacho Cano al concluir que los becarios mexicanos no debían estar dados de alta.

El coste sanitario y las ayudas que no cotizan​

El gasto asistencial añade presión. Un día de ingreso hospitalario en el Servet cuesta 501 euros; en la UCI, 1.332. Los centros de salud necesitan 6.000 médicos más para atender a inmigrantes irregulares, según las estimaciones que circularon tras la ley de Universalidad del SNS. A esto se suma el Ingreso Mínimo Vital: el Gobierno cogió más de 600 millones del fondo de contingencia para garantizar su financiación, y en tres meses se consumió el 40% del presupuesto anual.

El coste de las ayudas con cargo a la Seguridad Social creció un 103% en el último lustro, superando los 24.000 millones al año. La cuarta parte de ese alza corresponde, según las cuentas publicadas, a la aprobación del IMV.

El contraargumento: guiris jubilados, cotizaciones bajas y demografía​

No todos los extranjeros son iguales. Una parte del análisis recuerda que en el cómputo entran los jubilados europeos que se instalan en la costa mediterránea y que, obviamente, no cotizan aquí. También los menores y los estudiantes. La afiliación extranjera se concentra en sectores de baja cualificación: más de 400.000 en hostelería, 388.000 en comercios, 252.000 en construcción, 240.000 en servicios auxiliares. Cotizan, sí, pero poco.

El cálculo más optimista asume que la aportación neta será positiva a largo plazo por el efecto demográfico. El escenario pesimista parte de que el coste de mantener a un alumno en la pública —entre 6.000 y 8.500 euros al año— se come cualquier cotización. La demografía, como un portaaviones, gira despacio: España pasó de una pirámide sana a una invertida en pocas décadas, y las estrategias para el invierno demográfico se reducen a tecnología, inmigración cualificada o ajuste.

La trastienda política: IMV, pensiones y fraude​

El Gobierno lanzó una campaña para convencer a los jóvenes de que contribuir es la mejor garantía para una jubilación digna. Mientras, la oposición y buena parte del análisis económico señalan que el déficit de la Seguridad Social se esconde en los presupuestos. La detención de dos empresarios y veinte marroquíes en Granada por falsear contratos para cobrar ayudas sin trabajar añade leña al fuego del fraude.

La pregunta que queda en el aire no es cuántos extranjeros cotizan, sino cuántos cotizarán cuando la pirámide termine de invertirse. Con estos mimbres, el cesto no cuadra. Y nadie ha enseñado todavía la varita.