Indra ya sabia el resultado de las elecciones antes de las mismas

Indra y el recuento: la sospecha que no se apaga​

Hay una paradoja que define el sistema electoral español: el resultado oficial de unas elecciones generales depende de un software privado, pero el recuento real se hace sobre papel. Las actas se rellenan a mano en cada mesa, se firman por los interventores y se escanean. El ordenador de Indra solo suma. Sin embargo, la desconfianza no ha dejado de crecer desde que el PSOE pasó de 80 a 130 escaños en dos años, según un cálculo que circula en el hilo. En ese intervalo, una parte del electorado dejó de creer en la casualidad estadística y empezó a buscar el mecanismo.

El detonante de este debate no es una prueba judicial, sino una acumulación de indicios que nunca han llegado a los tribunales. La web de resultados cayó el 28M y volvió a caer el 23J. Transparencia pidió los informes de esos fallos y Marlaska no los entregó, según un tuit que circula. Las auditorías electorales previas a Indra no son públicas en España, aunque sí lo son en otros países, según un tuit que circula. Y el recuento final, según varios testimonios, se limita a cotejar las actas dudosas contra el programa de la empresa. Nada de esto constituye un fraude probado. Pero tampoco es un sistema transparente.

Qué dice la ley sobre el recuento de votos​

La LOREG establece que el escrutinio general lo realiza la Junta Electoral Provincial. Los partidos políticos pueden estar presentes, pero no tienen la obligación de auditar cada acta. Esa distinción —poder hacerlo frente a tener que hacerlo— es el eje de la discusión. Quienes defienden el sistema señalan que cualquier formación puede solicitar el recuento mesa a mesa y que los datos están publicados en la web del Ministerio del Interior. Quienes lo critican responden que la carga de la prueba no puede recaer en los partidos, porque son juez y parte del mismo mecanismo.

El argumento más repetido es que las actas son públicas. Miles de apoderados hacen fotos en cada colegio electoral. Comparar esas fotos con los datos oficiales sería, en teoría, tan sencillo como meter dos columnas en una hoja de cálculo. Si los números coinciden, no hay fraude. Si no coinciden, hay una denuncia. El problema es que nadie ha sistematizado esa comparación a gran escala. No porque sea imposible, sino porque nadie con capacidad legal para denunciarlo lo ha hecho.

El caso de los votos de Junts que aparecieron en otras circunscripciones​

Uno de los episodios más citados es la aparición de votos atribuidos a Junts en circunscripciones donde la formación no se presentaba: Madrid, Andalucía, Canarias. El error se ha explicado como un fallo de asignación en el software, no como una manipulación. Pero el episodio alimentó la tesis de que el sistema puede equivocarse sin que nadie lo detecte hasta que el error es demasiado grande para ignorarlo. ¿Cuántos errores pequeños no se detectan?

La respuesta institucional ha sido siempre la misma: el acta manda. Si el acta dice un número y el ordenador dice otro, prevalece el acta. Eso es cierto sobre el papel. La duda es quién verifica que el ordenador no ha cambiado el número antes de que el acta llegue a la Junta Electoral. Y aquí es donde entran los sobres cerrados, las actas sin certificar y los testimonios de apoderados que dicen haber visto discrepancias sin que nadie las corrigiera.

Por qué no hay denuncias de fraude electoral en los tribunales​

La legislación española limita la legitimación para impugnar un resultado electoral. No puede denunciar un ciudadano a título individual, ni una asociación, ni un bufete. Solo los partidos políticos que se han presentado pueden hacerlo. Esa restricción, que existe para evitar impugnaciones masivas y frivolidad procesal, se convierte en el argumento central de quienes sospechan: los únicos que podrían denunciar el fraude son los mismos que se benefician del sistema.

La objeción es razonable. Si un partido pequeño no alcanza representación, ¿por qué iba a gastar recursos en impugnar? Si un partido grande obtiene escaños, ¿por qué iba a poner en duda su propia legitimidad? El resultado es un equilibrio en el que nadie tiene incentivos para auditar. Y en ausencia de auditoría, la sospecha se convierte en certeza para una parte del electorado y en teoría conspirativa para la otra.

El precedente que nadie olvida: las primarias del PSOE​

El episodio más citado como prueba de que el sistema es manipulable no es una generales, sino unas primarias. En 2017, las primarias del PSOE donde Sánchez recuperó el liderazgo fueron impugnadas por sectores del propio partido. La gestora que controlaba entonces la organización fue acusada de favorecer a un candidato. Aquello no fue un fraude electoral en el sentido legal, pero sí demostró que los mecanismos internos de recuento pueden inclinar la balanza.

Ese precedente se usa ahora como analogía: si en un partido con afiliados identificados y censados puede haber irregularidades, ¿qué no puede pasar en un sistema con millones de votos y un software opaco? La comparación es discutible, porque la escala y los controles no son los mismos. Pero la pregunta sobre la opacidad del software sigue sin respuesta.

Qué se puede hacer para verificar el recuento sin depender de Indra​

La propuesta más repetida es simple: publicar las imágenes de todas las actas en la web oficial, junto a los datos que el sistema atribuye a cada mesa. Si las fotos y los números coinciden, la desconfianza se disuelve. Si no coinciden, hay una prueba objetiva. No requiere cambiar la ley, ni crear un organismo nuevo, ni contratar a más funcionarios. Solo requiere que las actas escaneadas sean accesibles.

Otra medida sería hacer públicas las auditorías previas del software, como se hace en otros países. Y una tercera: permitir que los apoderados de todos los partidos, no solo de los que obtienen escaño, accedan al recuento final. Ninguna de estas medidas se ha implementado. El sistema sigue igual. Y mientras siga igual, la sombra del pucherazo seguirá alimentando teorías que no se pueden probar ni desmentir del todo.

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¿Cuántos errores de recuento son tolerables antes de que un sistema deje de merecer confianza? La pregunta no tiene respuesta técnica. Tiene respuesta política. Y esa, de momento, nadie la ha querido dar.