Si hay guerra en Europa, la Constitución Española todavía permite el reclutamiento forzoso aunque tengamos ejército profesional

La Constitución no prohíbe reclutar civiles​

Un español de entre 19 y 25 años puede ser declarado reservista obligatorio por acuerdo del Gobierno. La suspensión de la mili en 2001 no derogó esa figura, que sigue escrita en el ordenamiento, y con un ejército plenamente profesional desde hace dos décadas la letra de la Constitución mantiene, en esa lectura, intacta la puerta del reclutamiento forzoso. De ahí que un asunto que parecía cerrado haya vuelto a la conversación.

Qué dice el artículo 30 de la Constitución Española​

El texto es corto y muy citado: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Añade que «mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública». Nada más. Ni umbrales, ni procedimiento, ni límites explícitos sobre si esa defensa se presta dentro o fuera del país. La interpretación de la norma resulta amplia y ambigua en lo que respecta a un reclutamiento forzoso de la ciudadanía.

La pieza que sí se ha movido es otra. La Ley de Seguridad Nacional, reformada en febrero de 2022, se diseñó para dar una respuesta más efectiva frente a catástrofes como una pandemia, desastres naturales o guerras. Es el instrumento que, según esta lectura, permitiría articular una movilización con cobertura legal. La conclusión es incómoda: no hay una prohibición expresa.

¿A qué edad te pueden llamar como reservista en España?​

Los números son concretos. Los reservistas obligatorios son los españoles con una edad comprendida entre los 19 y los 25 años que sean declarados como tales por el Gobierno, según la definición que recoge el BOE. La vía voluntaria tiene otro perfil: desde los 18 años, sin superar los 58 en oficiales y suboficiales y los 55 en tropa y marinería, sin antecedentes penales y sin procedimientos judiciales abiertos por delito doloso.

El PP ha pedido cambiar el acceso a la reserva militar para no discriminar a las mujeres, que no hicieron la mili. Las convocatorias bareman puntos por haberla realizado, algo que, con el servicio suspendido desde 2001, deja fuera a los más jóvenes. La paradoja es evidente: se puntúa una experiencia que ya no se puede adquirir.

¿Se puede enviar a un español a luchar fuera del país?​

Es la objeción más repetida. El deber constitucional habla de defender España, y una guerra en Ucrania, en esa lectura, no afecta a la seguridad del territorio nacional: el artículo solo cubriría la invasión del suelo propio. Enfrente aparece el argumento contrario. Los compromisos internacionales, la pertenencia a la OTAN y la propia Ley de Seguridad Nacional difuminan esa frontera.

Ninguna de las dos posiciones tiene una sentencia que las zanje. La literalidad del texto permite sostener la primera; la práctica política de las últimas décadas, la segunda.

Qué países europeos han recuperado el servicio militar obligatorio​

Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega y los países bálticos defienden las ventajas del reclutamiento. Alemania y Francia lo estudian. El ministro de Defensa alemán ha reconocido su simpatía por el modelo sueco y quiere legislar el servicio militar obligatorio antes de 2025. Polonia ya lo ha adoptado. España, según las informaciones que se manejan, no se lo plantea porque la amenaza rusa parece lejana.

¿Por qué se duda de que una movilización masiva sea viable?​

Los ejércitos europeos actuales apenas tienen efectivos. Con plantillas reducidas, cualquier necesidad seria de tropas empujaría a un reclutamiento forzoso, sostiene una corriente de análisis. Otra cosa es que funcione. Como resume un participante, cuarenta años de pacifismo y varias generaciones criadas en burbujas de bienestar y sobreprotección no se convierten en una columna de infantería por decreto.

El escepticismo sobre el resultado alcanza incluso a quien cree que el marco legal lo permite. Se apunta a la falta de cultura de defensa, a la demonización de las armas y a la reacción social previsible. Un participante reclama incluso una encuesta sobre qué opinan las mujeres de 19 a 25 años de una eventual intervención como tropa.

El coste de rearmar Europa sin tocar el Estado del bienestar​

Rearmar las capacidades militares de un continente que lleva décadas delegando su seguridad en Estados Unidos llevaría años, incluso si el gasto militar fuera prioridad política. Y exigiría decisiones dolorosas. El dilema es el de siempre: cañones o mantequilla. No sobra industria, ni dinero, ni personal para sostener el nivel de prestaciones y levantar a la vez una defensa creíble.

Queda el detalle que descoloca. La vía voluntaria fija la edad máxima en 55 años para tropa y marinería: el sistema contempla llamar a quien ya lleva media vida trabajando y está a una década de la jubilación. Ese es el papel. Otra cosa es quién contestaría a la carta.