"si no puedo alquilar por 1000 la semana a turistas, no me queda otra que vender".

Santiago cierra pisos turísticos: «Mis ahorros estaban ahí»​

Un propietario invirtió 35.000 euros en reformar un apartamento en el casco histórico de Santiago. Lo inscribió en el registro de la Xunta, operó siete años y ahora el Ayuntamiento le ha puesto fuera de ley. No es un caso aislado: la nueva normativa municipal prohíbe las viviendas de uso turístico en la almendra y en buena parte del resto de la ciudad, y solo las deja sobrevivir en bajos o primeras plantas de edificios de más de seis alturas, un tipo de inmueble que en Compostela escasea. El debate no es si el turismo tensiona el alquiler residencial —eso ya nadie lo discute— sino qué se hace con quienes compraron, reformaron y declararon sus pisos cuando las reglas permitían otra cosa.

El negocio que se apaga y la vivienda que no vuelve​

La tesis del cierre es sencilla: si no se puede sacar un rendimiento turístico, el propietario venderá y el piso volverá al mercado residencial. La práctica, según los afectados, es más terca. «Los propietarios no van a alquilar a familias ni a nadie que no sea vacacional. Ya no», sostiene una de las posturas más repetidas: el miedo a impagos y a ocupaciones ilegales ha quemado la vía del alquiler tradicional. La alternativa sería vender, pero no a cualquier precio. El piso desaparece del mercado y queda dormido en manos de un grupo inversor, sin aumentar la oferta ni bajar la cuota mensual.

Hay quien va más lejos y señala que el cierre no toca a todos por igual. Mientras el pequeño propietario se queda sin licencia, los grandes proyectos siguen adelante: la residencia universitaria del antiguo Hospital Xeral contempla plazas de hotel y la finca del Peleteiro, propiedad de la Sareb, aspira a 40 apartamentos turísticos y un centro comercial, con la plaza pública reducida a 243 metros cuadrados y sin vivienda protegida. La sospecha de un trato desigual sobrevuela la conversación.

¿Cuánto tributa un piso turístico y por qué se habla de competencia desleal?​

La pregunta sobre la fiscalidad de los alquileres vacacionales queda sin respuesta cerrada en el material. Lo que sí aparece es la queja del sector hotelero, que lleva años señalando que compite con pisos que operan sin las mismas cargas ni inspecciones. La propuesta que gana fuerza es la de multiplicar la vigilancia: inspectores con multas de 100.000 euros a las viviendas ilegales y recompensas para quien denuncie. El cálculo que circula es que con 50 euros por chivatazo la especulación se desinfla en menos de un año.

El problema es que la cifra de viviendas sin licencia es difusa. Se habla de miles en toda España y de anuncios que siguen activos en las plataformas aunque el registro no los ampare. La recomendación que se repite es denunciar: la plataforma no verifica siempre la licencia, y el ayuntamiento solo actúa si alguien avisa.

El argumento que nadie quiere oír: la vivienda como bien de primera necesidad​

Frente al relato del pequeño ahorrador arruinado, otra corriente recuerda que un piso no es una inversión cualquiera. «Tu derecho a hacer viajecitos para hacerte selfies no está por encima del derecho a una vivienda digna y asequible», resume una de las intervenciones más apoyadas. La crítica va al fondo del modelo: si el negocio consiste en comprar un bien de primera necesidad y revenderlo al doble, el beneficio privado se paga con inflación y con expulsión de residentes.

La contraoferta es la diversificación. Quien invirtió todo en un apartamento turístico asumió un riesgo regulatorio que ahora se materializa. La respuesta del afectado tipo es que las reglas cambiaron a mitad de partida: primero se les animó a inscribirse en el registro, después se les prohibió operar.

Lo que el cierre no arregla​

Ni el turismo ni la inversión extranjera ni la inmigración explican por sí solos el precio del alquiler. Atacar solo uno de esos frentes deja los otros intactos. Con la oferta congelada, los precios siguen subiendo. Y mientras, la pregunta incómoda: si el piso no vuelve al mercado residencial, ¿a quién le ha servido el cierre?