Sudáfrica lleva a Israel ante la Corte de La Haya por genocidio
Hay un dato que descoloca a cualquiera que siga la guerra de Gaza desde octubre de 2023: el Estado que ha plantado cara judicial a Israel no es una potencia árabe, ni Turquía, ni Argelia. Es
Sudáfrica, que el 21 de noviembre llamó a consulta a su embajador en Tel Aviv y suspendió relaciones con Israel. Y que ahora se sienta en la
Corte Internacional de Justicia de La Haya, bajo el paraguas de la Convención sobre el Genocidio de 1948, para pedir que se declare que Israel está cometiendo crímenes de genocidio y lesa humanidad contra el pueblo palestino.
El calendario está fijado:
el 11 de enero Sudáfrica expone sus argumentos y al día siguiente Tel Aviv presenta su defensa. Israel, que rechaza la imputación alegando legítima defensa, ha nombrado a un experto británico en derecho internacional para representarle. La demanda arranca con una frase que resume el envite: «La presente demanda se refiere a los actos de amenaza, adoptados, tolerados, realizados y que están siendo llevados a cabo por el Gobierno y el ejército del Estado de Israel contra el pueblo palestino, un grupo nacional, racial y étnico distinto».
Qué se le imputa a Israel y con qué cifras
El escrito sudafricano, presentado por una delegación encabezada por su ministro de Justicia,
Ronald Lamola, sostiene que Israel somete a los palestinos a «actos genocidas» y apartheid, y acusa a Tel Aviv de convertir intencionadamente la Franja en un territorio invivible para eliminar físicamente a su población. La acusación sitúa esa política en «los niveles más altos del Estado».
Los números que maneja la parte demandante son los siguientes: desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí habría dejado alrededor de
50.000 víctimas palestinas entre muertos y heridos, la mayoría niños y mujeres, según las autoridades de la Franja y las Naciones Unidas. Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del planeta, lo que multiplica la letalidad de cualquier bombardeo. El documento sudafricano insiste en que se ha elegido deliberadamente la forma más indiscriminada de ataque posible.
La defensa israelí y el temor a una orden de alto el fuego
Israel no discute el marco del tribunal, discute el encaje de los hechos. Según informaciones publicadas sobre la estrategia de la delegación israelí, su objetivo es disuadir a los jueces de calificar la operación como genocidio, porque el umbral legal exige acreditar la intención de destruir a un grupo. El punto verdaderamente urgente para Tel Aviv no es el fallo de fondo, sino evitar que La Haya dicte una
orden provisional de alto el fuego mientras el caso se tramita.
El argumento israelí es que su asalto sostenido a Gaza no alcanza ese umbral. La parte sudafricana responde con declaraciones de altos cargos israelíes —presidente, ministros, mandos militares, embajadores— en las que, sostiene, se ha expresado voluntad de aniquilación sin tapujos. Ese material forma parte central del expediente.
Quién apoya la demanda y quién la mira de reojo
El respaldo ha llegado por bloques. La
Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a 57 países entre ellos Arabia Saudí, Irán, Pakistán y Marruecos, expresó su apoyo al caso el 30 de diciembre. Malasia y Brasil se han sumado. La Liga Árabe también ha respaldado la iniciativa.
La reacción de Pretoria ha sorprendido incluso a sus aliados estratégicos, que no esperaban que diera el paso. Menos aún a Tel Aviv. Sudáfrica se prepara ahora para una reacción diplomática de
Estados Unidos y Europa, y su propio Departamento de Asuntos Exteriores admite que podría perder amigos por el camino.
El flanco incómodo: la relación histórica entre Pretoria y Tel Aviv
Hay un detalle que complica el relato de la ruptura total. En los años 80, Sudáfrica e Israel fueron aliados: dos Estados aislados internacionalmente que se apoyaron mutuamente. Según lo que se ha recordado en el debate, Israel habría vendido a Sudáfrica cazas Kfir, fusiles Galil y conocimientos para modernizar carros Centurión, además de cooperar en el programa nuclear sudafricano. Sudáfrica, por su parte, libraba entonces guerra en Angola, Mozambique y Namibia.
Ese pasado compartido es el argumento que esgrimen quienes consideran la demanda una maniobra de política exterior más que una cruzada moral. Del otro lado, la respuesta es que el historial de un país no invalida una acusación jurídica: si los hechos encajan en la Convención, el tribunal debe pronunciarse.
Qué se juega La Haya y qué se juega Occidente
El caso abre una pregunta incómoda para las instituciones internacionales. Si la Corte emite una orden y no se cumple, ¿qué queda de su autoridad? Si no la emite, ¿qué mensaje se envía sobre el alcance de la Convención sobre el Genocidio? Hay quien sostiene que la demanda servirá para desprestigiar aún más a tribunales como la CIJ o la CPI; hay quien responde que precisamente por eso importa que existan.
En el terreno práctico, el caso no detiene la guerra por sí solo. Pero cambia el marco: obliga a los Estados firmantes a posicionarse por escrito y deja un rastro documental que sobrevivirá al conflicto. Y coloca a Sudáfrica en un lugar que ningún país árabe había ocupado en tres meses de ofensiva.
¿Alguien esperaba que el primer Estado en llevar a Israel ante un tribunal por genocidio fuera precisamente el que compartió con él cazas, fusiles y tecnología nuclear hace cuatro décadas?