Suspenden de empleo a una funcionaria de prisiones que se trincó a un preso en la celda de la cárcel de órense

Função pública, celda y sanción: tres meses por una relación con un interno​

Una funcionaria de prisiones destinada en la cárcel de Ourense ha sido suspendida de empleo y sueldo durante tres meses tras descubrirse su relación con un interno del centro. El caso, adelantado por La Voz de Galicia, arrastra un historial llamativo: la trabajadora había llegado a Galicia en comisión de servicios después de que su expareja, a la que conoció cuando él cumplía condena en la prisión de Lanzarote, fuera condenado por violencia de género contra ella. En su recurso, la sancionada alegó animadversión del director del centro y accesos irregulares a bases de datos, extremos que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no consideró probados.

El asunto desborda el expediente administrativo. Toca el régimen disciplinario de los funcionarios, la proporcionalidad de las sanciones, la organización de los turnos en prisiones y ese terreno pantanoso donde la autoridad pública se cruza con la vida privada de quien la ejerce.

Qué pasó en la cárcel de Ourense​

Los hechos que recoge el expediente son acotados. La funcionaria mantenía una relación con un preso del centro, fue descubierta y la Administración le impuso una suspensión de empleo y sueldo de tres meses. El TSXG avaló la sanción al no apreciar las irregularidades que ella denunció en su recurso.

La secuencia previa añade capas. Según el relato del caso, la trabajadora conoció a su entonces pareja cuando este estaba preso en Lanzarote, donde ella prestaba servicio. Después llegó una condena por violencia de género contra él y un traslado en comisión de servicios a Ourense, cerca de su entorno. Allí volvió a producirse una relación con un interno.

Hay un dato técnico que el propio cuerpo funcionarial subraya: los funcionarios de prisiones no son agentes de autoridad, pese a los intentos recurrentes de reconocerles esa condición. Eso limita el marco sancionador y, sobre todo, la lectura pública del caso.

Cuánto se puede castigar a un funcionario y cuánto se castiga de verdad​

La ley permite suspensiones de hasta seis años. La sanción aplicada fue de tres meses. Esa distancia entre el máximo legal y el castigo efectivo es el eje de la crítica más repetida: el problema no sería la norma, sino quién la aplica y con qué criterio.

La suspensión de empleo y sueldo implica, además, una paradoja administrativa que se señala con retintín: durante el periodo de castigo no se trabaja, pero tampoco se pierde la plaza. Para el cuerpo funcionarial, la única salida real es el concurso de traslado, que en la práctica exige pasar por otro destino antes de poder pedir el siguiente.

El caso también deja al descubierto la imposibilidad de despedir a un funcionario de carrera por una conducta como esta. La discusión sobre si eso es garantía o privilegio queda abierta.

El debate sobre mujeres en destinos con población reclusa masculina​

Una parte del análisis sostiene que la incorporación mayoritaria de mujeres a los nuevos turnos de prisiones —se habla de promociones con un 70% de mujeres— ha cambiado la composición del cuerpo sin que se hayan revisado los protocolos. Otra corriente responde que el problema no es el sexo de quien vigila, sino la ausencia de controles y de consecuencias disciplinarias serias.

El argumento de la llamada hibristofilia —atracción hacia personas que han cometido delitos— aparece en la conversación como fenómeno psicológico discutido, no como explicación cerrada. Se menciona también que psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras que frecuentan prisiones protagonizan episodios similares con cierta recurrencia.

El contraste de trato según el sexo de quien comete la falta es otra línea de fricción: se afirma que un funcionario hombre sorprendido con una interna se enfrentaría a acusaciones de abuso de poder y a penas de cárcel, mientras que aquí la respuesta se agota en una suspensión administrativa.

Lo que queda sin resolver​

El expediente está cerrado y la sanción, ratificada. Lo que no está cerrado es el criterio. Con un máximo legal de seis años y una aplicación de tres meses, la pregunta sobre qué conducta merece qué castigo sigue sin respuesta estable. Y mientras tanto, la plaza sigue ocupada, el sueldo vuelve en tres meses y el sistema de traslados sigue funcionando igual.