Un conocido fiscal 65 viogen fallece en accidente de tráfico camino de un funeral

Muere el fiscal de violencia de género de Zamora en un choque frontal​

Evaristo Antelo, teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Zamora y especialista en violencia de género, falleció este viernes en una colisión frontal entre dos turismos y un todoterreno ocurrida a las 13:45 horas en el kilómetro 7 de la N-631, en el término municipal de Perilla de Castro. El siniestro dejó otro fallecido —un varón octogenario— y varios heridos. Según un interviniente del debate, entre los heridos estaba el hijo del fiscal, de 18 años y estudiante de Derecho, que viajaba con él. Antelo, de 65 años y residente en Salamanca, llevaba casi dos décadas ejerciendo en Zamora y, según ese mismo relato, se dirigía a un funeral junto a su esposa, secretaria de un ayuntamiento, cuando se produjo el impacto.

La noticia derivó en un debate incómodo sobre el oficio del fallecido, la arquitectura de los juzgados especializados y el coste humano de una legislación que lleva dos décadas sin consenso.

Qué se sabe del accidente de Perilla de Castro​

La Guardia Civil informó de una colisión frontal entre dos turismos y un todoterreno en una recta de visibilidad amplia, según intervinientes del debate. El fiscal, que viajaba en uno de los turismos, fue el único fallecido de su vehículo; el otro fallecido, un octogenario, conducía el segundo turismo o el todoterreno, según las versiones que se cruzaron en el debate. Varias personas resultaron heridas.

La carrera de Antelo se desarrolló casi íntegramente en Zamora, donde era teniente fiscal de la Audiencia Provincial y se había especializado en violencia de género. La noticia oficial lo describía como «una persona muy querida en el ámbito judicial». El detalle de que iba camino de un funeral, junto a su mujer, añadió un elemento de fatalidad cotidiana que el debate no tardó en convertir en otra cosa.

Del pésame al ajuste de cuentas: cómo se torció el tono​

Las primeras respuestas fueron de lástima. En pocas horas, el tono viró hacia algo más áspero: la idea de que la muerte del fiscal era una suerte de karma, de justicia divina, de factura pendiente. «El karma es muy cabrón», resumió uno. «Se llama karma y se dice jajaja», añadió otro, que calificó al fallecido de «cómplice necesario». La hipótesis más retorcida que circuló —sin prueba alguna— fue que el otro conductor, el octogenario, pudiera ser el padre de un hombre arruinado o suicidado por un proceso de violencia de género, y que hubiera aprovechado el volante para vengarse. Nadie aportó un solo dato. La hipótesis funcionó igual como válvula de escape.

Hay que decirlo con claridad: nada de eso está acreditado. La Guardia Civil habló de un accidente de tráfico, no de una venganza. Pero el hecho de que la sospecha circulara sin freno dice bastante del grado de deterioro del debate público en torno a esta materia.

Por qué hay fiscales especializados en violencia de género​

La pregunta de fondo la formuló uno de los intervinientes: «No consigo entender por qué hay fiscales de violencia de género. Según esa teoría debería haber fiscales de delitos de tráfico o de falsificación en documento mercantil». La respuesta técnica es que la especialización existe en muchas jurisdicciones —menores, extranjería, medio ambiente, anticorrupción— y responde a la necesidad de concentrar conocimiento en materias complejas. La respuesta política es que la ley de violencia de género creó juzgados y fiscalías específicos, y eso, para una parte del público, rompe el principio de igualdad ante la ley.

El argumento que más se repitió fue el de los «tribunales de excepción». «Desde 2004 no hay igualdad ante la ley», sostuvo un interviniente. «Hay ciudadanos de primera, las mujeres, y esclavos, los hombres, que son juzgados en tribunales especiales cuando son acusados por las ciudadanas de primera». Es una tesis que el ordenamiento no respalda en esos términos —los juzgados de violencia de género juzgan delitos tipificados en el Código Penal común—, pero que expresa un malestar real con la asimetría percibida.

El fiscal que pide el máximo y luego negocia​

Uno de los intercambios más técnicos del debate versó sobre la práctica procesal. «La mayoría de fiscales tienden a solicitar siempre la menor pena posible, primero porque no son tan hijos de puta como piensas, y segundo en aras a alcanzar una posible conformidad», escribió un interviniente. La réplica fue tajante: «CATEGÓRICAMENTE FALSO. Piden lo supermáximo, para luego forzar conformidades negociando con las rebajas». La discusión derivó hacia el uso del dolo eventual, la libre valoración de la prueba y la discrecionalidad judicial. «Aún demostrando tu inocencia, con pruebas de descargo, te condenan igual», sostuvo uno. Otro, con experiencia en la jurisdicción ordinaria, matizó: «Yo he visto archivos y absoluciones. Muchas veces salen libres. Y las penas son de risa».

El intercambio, lejos de resolverse, dejó a la vista un problema de percepción: la misma realidad procesal —fiscales que negocian, jueces que absuelven, penas que se suspenden— se lee desde un lado como garantía y desde el otro como prueba de que el sistema solo funciona cuando quiere.

La herencia funcionarial y el hijo herido​

Un detalle del accidente alimentó otra línea de comentarios: según un interviniente, el hijo del fiscal, de 18 años, estudiante de Derecho, viajaba con él y resultó herido grave. «El hijo de 18 estudiante de derecho que iba a pillar la plaza del padre está grave», escribió ese interviniente, que habló de «una historia de estirpe de funcionarios». La observación conecta con un asunto económico de fondo: la reproducción del empleo público en el entorno familiar, la preparación de oposiciones desde dentro y la ventaja que supone crecer en una casa donde se conoce el temario, el tribunal y el escalafón. No hay dato que cuantifique esa ventaja, pero el comentario la puso sobre la mesa.

También se mencionó la nómina: «Este mes ya había cobrado 12.000 de nómina con la extra», afirmó un interviniente, sin aportar justificación. La cifra no se ha verificado y no consta en ninguna fuente oficial.

El accidente como termómetro del malestar​

La discusión derivó hacia la crítica al sistema político en general: la elección de cargos, la compra de voluntades, la manipulación mediática. «Afirmar que elegimos democráticamente a nadie, conociendo el sistema político español, es de una ignorancia e inconsciencia que asusta», escribió un interviniente. Otro lo llevó al terreno económico: «En Españorda la mafiosa hasta el hijo del barrendero se hace barrendero». La conversación terminó donde suelen terminar estas cosas: en la sensación de que el sistema judicial y el político son la misma cosa, y de que la muerte de un fiscal no cambia nada.

El punto exacto donde el análisis se atasca es este: no hay forma de separar el debate sobre la ley de violencia de género del debate sobre quién la aplica. Y mientras esa separación no se produzca, cada accidente, cada dimisión y cada sentencia se leerán como un capítulo de la misma guerra cultural.