TOMAS DE TORQUEMADA: "Los judíos, por medio de grandísimas e insoportables usuras, devoran y absorben las haciendas y sustancias de los cristianos"

Torquemada y las dos versiones del decreto de expulsión​

El 31 de marzo de 1492, en Granada, se promulgó un decreto que llevaba semanas cocinándose. Su base era un proyecto redactado por el inquisidor general Tomás de Torquemada, fechado en Santa Fe el 20 de marzo y avalado, según la documentación conservada, por la voluntad de los Reyes Católicos. De aquel texto salieron dos versiones finales: una firmada por ambos monarcas y aplicable a la Corona de Castilla, y otra firmada solo por Fernando y destinada a la Corona de Aragón. Entre el borrador y los dos documentos definitivos, y entre estos entre sí, existen lo que el historiador Joseph Pérez calificó de «variantes significativas». No es un matiz menor: en esas diferencias se lee cómo se construyó el relato que justificó la expulsión.

La versión aragonesa es la más explícita. Reconoce el protagonismo de la Inquisición —«Persuadiéndonos el venerable padre prior de Santa Cruz, inquisidor general de la dicha herética pravedad...»— y añade un delito que no aparece con la misma fuerza en los otros textos: la usura. «Hallamos los dichos judíos, por medio de grandísimas e insoportables usuras, devorar y absorber las haciendas y sustancias de los cristianos», reza el documento. Es la acusación económica clásica, la que convierte una minoría religiosa en una amenaza patrimonial para el conjunto.

Qué decía exactamente la versión aragonesa​

El texto dirigido a Aragón no se limita a la usura. Reafirma que solo la Corona puede decidir el destino de los judíos, porque son posesión de los reyes —«son nuestros», se dice—, y acumula expresiones injuriosas: se les acusa de burlarse de las leyes cristianas y de considerar idólatras a los fieles, se mencionan las «abominables circuncisiones y de la perfidia judaica», se califica el judaísmo de lepra y se recuerda que los judíos «por su propia culpa están sometidos a perpetua servidumbre, a ser siervos y cautivos».

La diferencia entre las dos versiones no es de matiz teológico. Es de arquitectura jurídica. En Castilla, el decreto se apoya en la autoridad conjunta de Isabel y Fernando; en Aragón, solo en la de Fernando, porque la estructura institucional del reino lo exigía. Y en el borrador de Torquemada, el peso de la Inquisición como motor de la decisión era aún más visible que en el texto castellano final.

La usura como arma política​

La acusación de usura no era nueva. Llevaba siglos funcionando como argumento contra las comunidades judías en toda Europa. Lo relevante, en este caso, es que se incorpora a un decreto de expulsión como fundamento explícito, junto al argumento religioso. El mensaje que se transmite es doble: los judíos son un problema de fe y un problema económico. Esa combinación es la que hizo el texto especialmente eficaz como herramienta de movilización.

El debate sobre el alcance real de esa acusación sigue abierto. Hay quien sostiene que la usura era una actividad extendida entre los prestamistas judíos porque las normas cristianas la prohibían a los fieles, lo que les dejaba un nicho económico casi obligado. Otros análisis subrayan que la mayoría de la población judía no se dedicaba al préstamo, y que la generalización de la acusación servía precisamente para justificar una medida que afectaba a comunidades enteras.

El origen converso de Torquemada: lo que se sabe y lo que se repite​

Uno de los puntos que más ha alimentado la discusión posterior es la ascendencia de Torquemada. La afirmación de que tenía orígenes judíos se ha repetido durante siglos, pero no hay pruebas documentales concluyentes que la respalden. El propio Joseph Pérez, citado en este contexto, no la da por establecida. Lo que sí está documentado es que varios inquisidores destacados del periodo —Alonso de Cartagena, Diego de Deza, Alonso de Espina— tenían ascendencia conversa, y que el antijudaísmo militante de algunos conversos se ha explicado como una forma de distinguirse de los falsos cristianos.

La confusión entre origen converso y origen judío es frecuente. No es lo mismo. Converso es quien se convirtió al cristianismo, a menudo generaciones antes. Judío es quien practica el judaísmo. La acusación de usura del decreto se dirige a los judíos como colectivo religioso, no a los conversos.

Qué pasó después con las comunidades judías​

La expulsión de 1492 afectó a una población estimada en unos 400.000 judíos asentados en la Península, según los cálculos que maneja la historiografía. La mayoría emigró hacia Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra. Los que se quedaron y se convirtieron fueron objeto de persecución por la Inquisición durante generaciones, acusados de judaizar en secreto. La política de limpieza de sangre se convirtió en un mecanismo de exclusión social que operó durante siglos.

El resultado demográfico es objeto de disputa. Hay análisis que sostienen que la huella genética de origen judío en la población española actual es menor que en otros países europeos, precisamente por el efecto de la expulsión y la persecución. Otros estudios, más antiguos, han sido cuestionados por sus propios autores por metodologías discutibles. La discusión sigue sin cerrarse.

El eco contemporáneo de un decreto de 1492​

La relectura de estos documentos no es un ejercicio arqueológico. Las acusaciones económicas contra minorías —usura, acaparamiento, deslealtad— siguen apareciendo en debates públicos contemporáneos, con otros protagonistas y otros contextos. Entender cómo se construyó el relato de 1492 ayuda a reconocer los mecanismos cuando se repiten.

El dato que descoloca no está en el decreto, sino en su posteridad: un texto redactado para resolver un problema de fe en el siglo XV se ha convertido en pieza central de discusiones sobre identidad, economía y poder casi seis siglos después. La usura era el argumento. La expulsión, la consecuencia. Lo que vino después, historia.