Tu único enemigo es el estado

«Con el Estado nunca se firma la paz»: el debate​

Un abogado lo dejó caer en una conversación: enemigos personales puedes tener muchos, pero mientras sean personas concretas siempre cabe acabar haciendo las paces. Con el Estado, nunca. El aforismo, corto y seco, prendió una controversia que ha ido del monopolio de la violencia a los impuestos, la segunda enmienda estadounidense y las milicias ciudadanas.

Casi nadie discute el punto de partida. El Estado es la institución que se reserva el uso legítimo de la fuerza, y esa definición aparece formulada con crudeza: una máquina burocrática que ostenta el monopolio de la violencia legal. Para unos, ahí está la condena completa. Para otros, es justo lo que impide que la convivencia se degrade en una guerra permanente.

El monopolio de la violencia legal, en dos versiones​

Una parte del análisis acepta el diagnóstico y lo lleva al extremo: si el Estado no es más que una banda armada que se autolegitima con el tiempo, su existencia es incompatible con la libertad individual. La objeción llega de inmediato desde el lado contrario. El Estado no sería el problema, sino las organizaciones criminales que se han hecho con su control; la salida no es demolerlo, sino recuperar su dirección. «Si terminamos con él, las leyes dejan de protegernos», resume una de las aportaciones, que insiste en retomar el mando y no derribar el edificio.

El consenso, si existe, es mínimo: el Estado se ha subvertido, y de ahí nace la sensación de enemistad. La discrepancia real es qué hacer con el hallazgo.

¿Mal necesario o banda criminal organizada?​

Hay quien se declara incapaz de imaginar otra forma de organización. Quien plantea esa alternativa no tiene constancia de que haya existido nunca un país de millones de habitantes sin Estado, y el miedo a su ausencia —a que manden las mafias— pesa más que el miedo a su presencia.

Enfrente, la acusación es funcional: todo invento humano sirve para algo, y una vez que se levantan las capas de barniz —los servicios públicos, las carreteras, la justicia, actividades que ya cubrían instituciones previas— lo que queda es una estructura para extraer y repartir. Una definición que algunos suscriben sin matices: una banda criminal organizada.

La factura: impuestos, dependencia y una cifra en el aire​

El argumento económico ocupa buena parte de la controversia. El Estado, se sostiene, no solo cobra: fabrica dependencia, y con el tiempo convierte la protección en una relación de necesidad. De ahí la reflexión más incómoda, la que da la medida del radicalismo del planteamiento: el peor Estado posible no sería el que falla, sino el que funcionara a la perfección. El que garantizara la paz perpetua e ingresara 5.000 euros a cada habitante para siempre sería, con esa lógica, el más peligroso de todos, porque limitaría más la condición humana.

Se añade la crítica al comportamiento social, y el ejemplo que se cita es la pandemia. Hay quien sostiene que el 95% de la población aplaudió desde los balcones y reclamó medidas más duras contra quien no se plegaba, incluido denunciar al vecino. Ese episodio se lee como prueba de que el problema no es solo la estructura, sino la disposición de la sociedad a obedecerla.

El pueblo en armas y la segunda enmienda como modelo​

Cuando se pregunta por la alternativa, la respuesta que más desarrollo tiene es la del armamento general del pueblo y un sistema de milicias cívicas en el que todo ciudadano se forme. Se recupera la idea de que la libertad política y civil no es compatible con la existencia de ejércitos profesionales, extensible a la policía. Y se citan los textos fundacionales estadounidenses: las armas de fuego igualan en importancia a la propia Constitución, y una milicia bien regulada es la mejor defensa de un país libre.

El matiz llega aquí: la segunda enmienda se defiende, pero se considera lo único bueno que le queda a ese país, y se recuerda que existe porque el pueblo tenía entonces poder suficiente para imponerla. La conclusión: en España no hay margen legal para algo así y ninguna mayoría podría aprobarlo.

Los concejos abiertos y la democracia que sí existió​

Frente a la equiparación entre democracia y sistema representativo, aparece un ejemplo histórico concreto. En la Península Ibérica funcionaron concejos abiertos con derecho consuetudinario, mandato imperativo, bienes comunales, propiedad privada familiar y milicias concejiles. Se sitúan entre los siglos VII y XII, con pervivencia hasta el siglo XIX, cuando la Constitución de 1812 acabó con ellos.

De ahí se desprende una tesis más amplia: lo que hoy se llama democracia parlamentaria es en realidad un sistema representativo, esto es, una delegación progresiva de responsabilidades a cambio de comodidad. El mismo esquema se aplica a Estados Unidos, cuyo origen asambleario se habría ido diluyendo hasta convertirse en una estructura imperial.

El cálculo que queda sin resolver es siempre el mismo: si el Estado es el enemigo con el que nunca habrá paz, ¿quién paga la paz? Hasta el Estado más generoso imaginable —el que reparte 5.000 euros por cabeza y garantiza la calma perpetua— seguiría siendo, para los más duros, el peor enemigo posible. Y nadie ha explicado todavía cómo se financia ese arreglo sin él.