Un vecino de Vizcaya ofrece 1 millón de euros para impedir la apertura de un centro de menas: "Aquí no hay actividades para ellos"

Un millón de euros para frenar el centro de menores de Sopuerta​

Un edificio de Sopuerta, en Vizcaya, lleva desde 2015 en el mercado por 1,3 millones de euros. Ahora hay un vecino dispuesto a poner un millón de su propio bolsillo para que ese inmueble no acabe alojando un centro de menores extranjeros no acompañados. La propiedad no ha contestado a la oferta. El municipio conoció los planes hace menos de un mes, y no fue por boca del Ayuntamiento ni de la Diputación: fue por un anuncio que buscaba trabajadores para el futuro centro.

Qué se prepara en Sopuerta y por qué nadie avisó a los vecinos​

Según la Diputación, en el edificio se pueden instalar más de 100 menores. Un vecino, Joseba, cuenta que serán unos 100 chavales de entre 13 y 17 años. Los vecinos han convocado marchas y concentraciones, y la pared del inmueble está cubierta de pintadas contra la apertura. El argumento que repiten no apela a la procedencia de los chavales: sostienen que no se oponen por racismo, sino porque «nadie les ha dicho nada».

El recorrido institucional de la información explica parte del enfado: cuando los vecinos acuden al Ayuntamiento les remiten a la Diputación, y los detalles se conocen a cuentagotas y por vías indirectas.

El millón de euros y la dueña que no contesta​

La oferta llama la atención porque no la hace una empresa ni un fondo: la hace un particular del pueblo. Su argumento, según recoge la información, es que lo que le interesa es «quitar un problema del pueblo». La propietaria del inmueble no ha dado respuesta, y esa respuesta que no llega es hoy el nudo de toda la operación.

Conviene verlo con números. El precio de salida del edificio es de 1,3 millones. La oferta vecinal llega a uno. La diferencia, 300.000 euros, es lo que separa la compra de la no compra, y no hay información pública sobre qué ocurriría con las plazas previstas si el inmueble cambiara de manos.

Cien menores y 117 jóvenes censados: la proporción que inquieta​

Aquí está el cálculo que recorre el municipio, en el relato de un vecino: si llegan 100 chavales de entre 13 y 17 años y el censo solo registra 117 jóvenes, habrá más menores acogidos que jóvenes empadronados en esas franjas de edad. La frase que resume el temor es la de ese vecino: «van a venir más chavales de fuera que los que hay en el pueblo».

Entre los argumentos que circulan hay uno apoyado en la experiencia cercana: un vecino relata que en un pueblo próximo existió un centro de estas características que acabó cerrado tras un incendio y sostiene que los menores no llegaron a encajar en la vida local por falta de actividades. Es una afirmación de un vecino, no un dato verificado sobre el caso de Sopuerta.

Qué dice la ley: 90 días, 16 años y 18 años​

El inspector de Policía Serafín Giraldo detalla el marco legal que se aplica a estas llegadas. Son menores extranjeros no acompañados porque no se ha localizado a sus padres en el lugar de origen. A los 90 días son residentes y tienen los derechos de cualquier español. A partir de los 16 años pueden trabajar y seguir estudiando. Desde los 18 cuentan con permiso de residencia y de trabajo.

El inspector describe así una transición con hitos administrativos concretos, aunque no aclara qué volumen de plazas necesita el sistema ni cuántos municipios están llamados a asumirlas.

150 euros al día por plaza: el cálculo que circula​

En el debate se maneja la cifra de 150 a 200 euros diarios por cada menor, con fondos de integración de la Unión Europea. No procede de ninguna fuente oficial citada en la información: es un cálculo que circula entre los participantes. Puestos a hacer cuentas, equivaldría a casi 65.000 euros anuales por plaza, y a unos 195.000 euros si se extiende a tres años.

Ese montante alimenta la sospecha, expresada en el debate, sobre el negocio que rodea a los centros: contratos, personal, obra y gestión.

Quién gobierna y quién responde​

En el foro se afirma que el Ayuntamiento de Sopuerta está en manos de EH Bildu y que la Diputación de Vizcaya la gobierna una coalición de PNV y PSOE. Esos nombres no aparecen en la información periodística.

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Quedan tres cifras sobre la mesa: 100 plazas previstas, 1,3 millones de precio y un millón ofrecido. La que falta —la respuesta de la propiedad— es la única que nadie puede calcular.