Noticia: Una manifestación recorre el centro de Valencia para reclamar el "derecho a la vivienda": "El precio es impagable"

Valencia se echa a la calle por la vivienda: 900 desahucios en el aire​

La vivienda ya no es un problema. Es una bomba. Eso es, al menos, lo que sostienen las entidades que este sábado han recorrido el centro de Valencia bajo el lema «Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!», desde la Plaza de San Agustín hasta la Plaza de la Virgen. La convocatoria —Juntes per l'Habitatge, Valencia no está en venda y Acord Social Valencià— tenía un objetivo inmediato y muy concreto: arrancar la prórroga del Escudo Social, que decae el 31 de diciembre. Si no se renueva, advierten, el 1 de enero de 2026 arranca la «terrorífica cuenta atrás del desahucio» para 60.000 familias en todo el Estado, 5.000 en la Comunidad Valenciana y casi 900 en la ciudad de Valencia.

Qué pide exactamente la manifestación​

El manifiesto leído al final de la marcha no se anda con paños calientes: exige la «urgentísima prórroga y mejora» del Escudo Social, un Plan de Choque con medidas «necesarias, concretas y consensuadas» con los movimientos sociales, vecinales y sindicales, y responsabilidades para todas las administraciones —local, autonómica y estatal— y para todos los partidos. El portavoz de la plataforma, Pablo Ramos, lo resumió con una frase que no admite interpretación: «El derecho a la vivienda no es una aspiración, sino un derecho».

Ramos cargó contra la «inacción política» de los tres niveles de gobierno y describió el precio de la vivienda en Valencia como «impagable e inasumible». Su diagnóstico: «Estamos ante un gran peligro: que el Escudo Social termine siendo una bomba social». Las consignas coreadas durante el recorrido apuntaban en la misma dirección: «Ni casa sin gente ni gente sin casa», «Basta ya, ningún desahucio más» o «Hay niños en la calle y no le importa a nadie».

El pulso con las administraciones: reuniones sin acuerdo​

La relación con las instituciones, según el relato de los convocantes, está rota. Con el Ejecutivo autonómico se han reunido «varias veces», pero todas las propuestas habrían chocado con un «no contundente». Con el consistorio, directamente, no hay interlocución: se habría negado a recibirlos. De ahí el anuncio de que las protestas serán «constantes» hasta que se produzca «algún acercamiento».

El problema, insisten, no entiende de siglas. «Gobierne quien gobierne», la vivienda permanece en un «plano secundario», y la plataforma subraya que las entidades convocantes no tienen «intereses» más allá de que la ciudadanía acceda a una vivienda digna. La lectura del manifiesto fue más allá: «La vivienda es un derecho social, pero es, ante todo, un derecho de la ciudadanía, de pertenencia a un pueblo, a una comunidad».

Alquileres inaccesibles, turismo y especulación​

El texto leído en la Plaza de la Virgen dibuja un mercado residencial capturado. Los alquileres son «cada vez más inaccesibles», las viviendas y el territorio se tratan como «un bien de mercado totalmente sometido a la especulación», se expulsa a vecinos de sus barrios mientras estos se llenan de apartamentos turísticos «sin aplicar ningún control real», el acoso inmobiliario se intensifica y falta un parque público de vivienda suficiente.

El manifiesto conecta la vivienda con todo lo demás: sin ella no hay igualdad de oportunidades, ni ocupación estable, ni educación de calidad, ni salud mental. «Defender la vivienda es defender el lugar donde crecen nuestros hijos e hijas», reza el texto, que también reclama respetar barrios y territorio para que ninguna actuación genere peligro, como ocurrió con la DANA.

Por qué el diagnóstico se rompe en la solución​

Aquí empieza el desacuerdo real. Una corriente del análisis sostiene que el problema es de oferta: se incorporan cientos de miles de personas al año al mercado laboral y residencial, y el parque de vivienda nueva no crece al mismo ritmo. El resultado sería el juego de las sillas: muchos demandantes, pocas casas, precios al alza. Desde esta óptica, cualquier subsidio a la demanda —ayudas al alquiler, prórrogas de protección— se traslada al precio y agrava lo que pretende corregir.

La postura opuesta apunta a la intervención pública directa: construcción de vivienda protegida fuera del mercado, limitación de alquileres y blindaje legal frente a los desahucios. Hay quien recuerda que el suelo y la legislación urbanística llevan décadas restringiendo la edificabilidad, y quien responde que sin parque público el mercado siempre gana la partida. Entre ambos extremos, una coincidencia incómoda: la política de vivienda lleva años aprobándose sin que los precios cedan.

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Con estos mimbres, la previsión es sencilla de formular y difícil de acertar: si el Escudo Social no se prorroga antes del 31 de diciembre, los juzgados tendrán trabajo extra a partir del 1 de enero. Si se prorroga, el problema de fondo seguirá exactamente donde estaba. Ninguna de las dos cosas resuelve el precio.