VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja gestionarán los fondos de pensiones públicos

Cinco gestoras privadas se reparten los fondos de pensiones de promoción pública​

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha seleccionado a VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja para administrar quince fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP). El contrato, con un valor estimado de 24 millones de euros, se formalizará previsiblemente en agosto, con el Gobierno en funciones tras las elecciones generales. La noticia, adelantada por EFE y confirmada por otros medios, ha pasado casi desapercibida en plena campaña electoral. La discusión que ha generado en el foro de economía desborda el anuncio concreto y se adentra en el futuro del sistema de pensiones, la privatización de la gestión de fondos públicos y el papel de la banca en un eventual colapso financiero.

Qué son los fondos de pensiones de empleo de promoción pública​

Los FPEPP son vehículos de ahorro complementario a la jubilación. Aunque llevan la etiqueta de «promoción pública», su gestión recae en entidades privadas: aseguradoras y bancos. El Ministerio de Seguridad Social los presenta como un instrumento para canalizar el ahorro de los trabajadores hacia planes de empleo, pero la letra pequeña revela que serán banca y aseguradoras quienes administren ese dinero. El contrato estipula la selección de cinco gestoras para quince fondos, con un valor estimado de 24 millones de euros que dependerá del patrimonio canalizado.

En el foro, la reacción inicial fue de desconcierto y sospecha. Un participante resumió el sentir general: «Dinero público y gestión privada. ¿Qué podría salir mal?». Otro apuntó directamente al trasfondo: «Apuntan el foco sobre correos o las elecciones en sí, mientras hacen una jugada de privatización de las pensiones». La coincidencia es amplia: se trata de un paso más en la externalización de la gestión de recursos públicos hacia el sector financiero.

La privatización que no se llama privatización​

El economista Oriol Sabata, citado en el hilo, sostiene que «no es un fondo público de pensiones, estará gestionado por empresas privadas, es decir, por banca y aseguradoras». Su análisis, recogido en un artículo, califica la operación de «gravísima» y habla de «la gran privatización que viene». La discusión en el foro recoge ese guante y lo extiende: hay quien recuerda que los planes de pensiones privados en España nunca fueron rentables para el partícipe, porque las comisiones de gestión se comían cualquier rentabilidad. «Robo asegurado», sentencia un mensaje.

La sombra de Chile planea sobre el debate. Varios participantes mencionan el sistema de pensiones chileno, implantado en su día con participación de un banco español, como el modelo que se pretende replicar. «No lo olvidemos», advierte un mensaje. La idea de que se está desmantelando el sistema público de reparto para sustituirlo por capitalización individual privada aparece una y otra vez, aunque sin pruebas concretas más allá de la coincidencia de nombres en la adjudicación.

La mochila austríaca y el debate electoral​

El mensaje inicial del hilo lanzaba una pregunta directa: «¿A quién vais a votar el domingo? ¿Al rojo Santander, al azul BBVA?». La ironía apunta a que ninguno de los partidos con representación parlamentaria ha cuestionado públicamente la adjudicación. «¿Han escuchado a algún partido denunciando esto durante la campaña electoral?», se pregunta otro participante. La conclusión implícita es que el consenso político sobre la externalización de la gestión de fondos públicos es mayor de lo que sugiere la confrontación partidista.

La llamada «mochila austríaca» —un fondo de capitalización individual por trabajador que sustituiría parte de la indemnización por despido— aparece en el debate como el complemento lógico de estos fondos. Un participante señala que puede ser «un arma de doble filo» en sectores con alta movilidad laboral, como el informático, porque un trabajador con una mochila bien dotada podría incluso agradecer el despido. Otro recuerda que la mochila ya se aplica en Austria y que su implantación en España cuenta con el respaldo de los mismos actores que ahora gestionarán los FPEPP.

El colapso bancario que viene​

Más allá de la noticia concreta, una parte del foro sitúa la adjudicación en un contexto más amplio: el de un sistema financiero que se prepara para una crisis. Un análisis muy comentado sostiene que los bancos españoles mantienen 250.000 millones de euros aparcados en el BCE al 4% sin dar crédito, lo que interpreta como una señal de que se avecina un colapso bancario y una crisis de deuda. Según ese mismo cálculo, las entidades estarían retirando de la oferta monetaria unos 10.000 millones de euros al mes.

La tesis, sin verificar, conecta con la idea de que los fondos de pensiones públicos podrían acabar comprando deuda española cuando el BCE deje de hacerlo. «Que os apostáis a que el dinero de las pensiones, lo gestione quien lo gestione, se va a utilizar para comprar bonos del estado español que no va a comprar ya el BCE», apunta un mensaje. La conclusión, en ese escenario, sería una hiperinflación y una intervención general de precios. Son especulaciones, pero reflejan una desconfianza profunda hacia la operación.

Un contrato de 24 millones con el Gobierno en funciones​

El contrato se formalizará en agosto, después de las elecciones generales, con el Gobierno actual en funciones. Esa circunstancia añade más leña al fuego: la adjudicación se produce en un periodo de interinidad política, lo que para algunos participantes es una señal de que la decisión estaba tomada de antemano y no depende del resultado electoral. «El consejo de administración de la burguesía que salga este domingo lo va a aplicar», resume un mensaje.

La adjudicación a cinco entidades —VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja— no es casual. Todas ellas tienen experiencia en la gestión de fondos de pensiones y planes de empleo. VidaCaixa, por ejemplo, ya firmó en julio de 2022 un acuerdo con la asociación de autónomos ATA para impulsar el primer plan de pensiones de empleo simplificado para trabajadores por cuenta propia. La noticia, recogida en el hilo, demuestra que el terreno ya estaba abonado.

Lo que no se discute: el silencio mediático​

Una de las quejas más repetidas es la ausencia de cobertura mediática. «¿Cuántos habéis visto esta noticia en TV?», pregunta un participante. La noticia se conoce por agencias y prensa económica, pero no ha tenido presencia en los grandes debates televisivos ni en la campaña electoral. Para muchos, ese silencio es la prueba de que la operación cuenta con el respaldo de los principales partidos y de los grandes medios.

El foro, en cualquier caso, no es unánime. Hay quien defiende que el sistema de reparto es insostenible por su propia naturaleza y que los fondos de capitalización son una solución inevitable. «Quitas las pagas, quitas las CCAA, pagas a los funcionarios como en la privada, recortas aquí y allí, y tienes pasta que te sale por las orejas», argumenta un mensaje. La discusión deriva entonces hacia el gasto público y la estructura del Estado, pero el punto de partida sigue siendo el mismo: la gestión privada de un dinero que se presenta como público.

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El contrato se firmará en agosto. Para entonces, el nuevo Gobierno —o el mismo en funciones— tendrá que decidir si mantiene la adjudicación o la revisa. Lo que no cambiará es el hecho de que cinco entidades privadas gestionarán el ahorro complementario de millones de trabajadores. Y que la noticia, salvo para unos pocos, pasó desapercibida.