Vox Valencia vota a favor de dar una paguita de 800 euros a irregulares. Se calientan las bases del partido ****n.

800 euros a irregulares: el bulo que retrata a Vox Valencia​

Vox Valencia ha votado a favor de una paguita de 800 euros para inmigrantes irregulares. Si ha llegado hasta aquí buscando eso, puede respirar: no ha ocurrido. Lo que sí se ha votado en Les Corts Valencianes es una reforma de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que, lejos de ampliar el acceso, lo restringe. El bulo ha recorrido las redes en cuestión de horas, ha encendido a las bases más radicales del partido y ha destapado una fractura interna que llevaba tiempo cociéndose.

Qué es la RVI y por qué nadie hablaba de ella hasta ahora​

La RVI es una prestación autonómica de lucha contra la exclusión social que existe al menos desde 2007, en diferentes formatos. Su cuantía ronda los 800 euros mensuales, una cifra que jamás había protagonizado un debate de esta intensidad. El motivo del revuelo no es la cuantía, sino quién puede cobrarla. La reforma pactada entre PP y Vox introduce el principio de «prioridad nacional»: para acceder a la ayuda se exige un empadronamiento continuado mínimo de tres años, frente a los doce meses que se pedían hasta ahora. Y lo más relevante: la nueva redacción excluye expresamente a las personas en situación administrativa irregular de estas prestaciones estructurales, salvo casos de urgencia vital.

El pacto PP-Vox: así se endureció la ayuda​

La votación no fue una improvisación. Vox apoyó activamente el endurecimiento mediante enmiendas transaccionales negociadas con el PP. El resultado: PP y Vox votaron a favor; PSPV y Compromís, en contra. Los críticos sostienen que con el acuerdo se rompe la red de protección social; los defensores replican que la versión anterior, impulsada por el Botànic, era un coladero y que ahora la ayuda queda reservada a quienes acreditan un arraigo real y duradero. Lo que nadie discute es que el partido que se presenta como el ariete contra la inmigración irregular ha logrado, en la práctica, que esa gente no cobre la prestación. El malestar se extiende cuando se compara con la situación de los autónomos: varios análisis señalan que un trabajador por cuenta propia con 45 años cotizados puede cobrar menos de esa cantidad. La cifra de 800 euros se convierte así en arma arrojadiza contra el Estado que «premia al que llega de forma irregular y castiga al que lleva toda la vida cotizando». Algunos expertos apuntan, además, a que la Unión Europea condiciona parte de los fondos a la introducción de requisitos de residencia más estrictos en las prestaciones sociales.

Bases calientes: traición, posibilismo y el fantasma del «PSOE verde»​

La reforma ha reavivado el dilema estratégico de Vox. Con solo 13 diputados en Les Corts, el partido no puede aplicar su programa sin pactar. Y cada pacto se paga en el tribunal de las bases. El sector más ortodoxo ve en el acuerdo con el PP la confirmación de que Vox se ha convertido en la subcontrata del régimen: mismo disfrute, mismos resultados. El sector pragmático recuerda que la ley anterior, gestada por la izquierda valenciana, era mucho más generosa con la inmigración irregular y que ahora, por primera vez, se introduce una traba real. Entre medias, los que ya no se fían de ningún partido: los mismos que exigían firmeza ayer, hoy ven a Vox formando parte del mobiliario institucional.

La paradoja final: el bulo ha hecho más daño a Vox que la reforma misma. La imagen de un partido concediendo paguitas ha calado en un electorado que desconfía de cualquier gesto hacia la inmigración. La realidad, más aburrida y más útil, es que Vox ha utilizado sus 13 escaños para endurecer una prestación que existía desde hacía décadas. Si algo demuestra el episodio, es que el posibilismo tiene un precio electoral. La duda es cuántos votantes están dispuestos a pagarlo. La próxima vez que vea un titular sobre una paguita regalada a irregulares, mire la letra pequeña: probablemente sea todo lo contrario.