Yolanda Diaz: Necesitamos empresas con mayor tamaño

Reforma empresarial: por qué el empleado 50 frena el crecimiento​

Yolanda Díaz ha puesto la reforma empresarial en el centro de su discurso. En un mensaje público sostuvo que ha llegado el momento de abordar «la gran asignatura pendiente» del país y resumió el objetivo en una frase: «Necesitamos empresas con mayor tamaño y participación de las personas trabajadoras». El diagnóstico se acepta sin demasiado ruido en una parte del análisis económico. Las recetas, no. Y el primer obstáculo tiene número: 50.

Qué propone Yolanda Díaz para las empresas españolas​

La propuesta parte de una premisa razonable: el tejido productivo está formado mayoritariamente por compañías diminutas, y el tamaño condiciona la capacidad de invertir, aplicar mejoras tecnológicas y aprovechar economías de escala. Con más escala, completa el argumento, llegan la productividad y los salarios. Lo que falta es lo que se le exige: qué reforma concreta hace que ese 80% de empresas gane tamaño. Una cosa es describir el problema y otra mover la aguja.

En el lado contrario, la desconfianza es total. Se sostiene que quien pide empresas grandes propone a la vez subir el impuesto de sociedades y el impuesto a las grandes fortunas, y que ese par de medidas trabaja en dirección opuesta. Crecer implica beneficios retenidos, inversión y riesgo asumido. Si el marco fiscal castiga las tres cosas, el incentivo se apaga.

El empleado número 50: comité de empresa y planes de igualdad​

Aquí está el nudo. Superar los 50 trabajadores activa, como se recuerda en el hilo, una batería de obligaciones: constituir comité de empresa, elaborar un proyecto de impacto de igualdad y sumar otras cargas administrativas. La conclusión que se extrae es casi mecánica: el empresario prefiere mantenerse en 49. No es una fila de argumentos ideológicos, es aritmética de costes, tiempo y litigiosidad.

Un escalón por debajo, el salto de micropyme a pequeña empresa tampoco sale gratis. Planes de igualdad, planes de prevención, información administrativa y legal. Cada norma se suma a la anterior sin retirar ninguna. Crecer deja de ser una ambición y pasa a ser una penalización.

Licencias de apertura y otras trabas que desincentivan crecer​

La burocracia municipal se lleva la palma, según los relatos del debate. Para una actividad metalúrgica, la licencia de apertura puede tardar hasta dos años en concederse. La legalización de una instalación eléctrica y fotovoltaica depende de que aparezcan los inspectores de industria, sin plazo. Y el papeleo previo se ha multiplicado.

Con ese panorama, la respuesta de parte del empresariado pequeño es la subcontratación. Hay autónomos con sociedad limitada y un socio que reconocen que su volumen de trabajo daría para contratar a dos o tres personas y dar el salto. No lo hacen. Prefieren repartir la carga entre otras empresas antes que asumir estructura fija. Y no es pereza: es que el retorno esperado no compensa el coste administrativo.

¿Subir impuestos ayuda a que las empresas crezcan?​

El tipo del impuesto de sociedades se sitúa en el 25%, según se apunta en el debate. Frente a él circula una propuesta por tramos: un 10% hasta un millón de facturación, un 15% a partir de cinco millones y un máximo del 20% por encima, planteada por un participante. Con eso, defienden, se atrae capital y se premia el crecimiento en lugar de castigarlo. Irlanda, Holanda o Malta aparecen en la conversación como espejo de lo que sí atrae sedes.

El caso práctico que se cuenta es revelador. Un autónomo desde 2014 monta una microempresa en 2022 y contrata a tres personas. Pretende acogerse al 15% previsto para la creación de nueva empresa durante los dos primeros años. Hacienda responde que no: lo considera continuación de actividad y le aplica el 25% desde el arranque. Un incentivo diseñado para premiar el salto, neutralizado por la interpretación administrativa.

Pymes y autónomos: quién sostiene realmente el empleo​

Más del 80% de las empresas del país son pymes y autónomos y generan cerca del 90% de los puestos de trabajo, según el cálculo que se maneja en este terreno. Los datos de J.P. Morgan Chase que se citan apuntan igual: 33 millones de pequeñas empresas —menos de 500 trabajadores—, de las que el 88% tiene menos de 20 empleados, y que en conjunto representan el 50% de la población trabajadora.

La sospecha de fondo es otra. Se señala que las grandes compañías delegan buena parte de su producción en pymes mediante subcontratas, se desentienden del riesgo laboral y se quedan con la parte rentable del negocio.

El Consejo de la Productividad y el fantasma de la empresa pública​

Entre las medidas que, según se menciona en el hilo, acompañan el discurso aparece un futuro Consejo de la Productividad. La reacción es de guasa: no se conoce nada más improductivo que un consejo dedicado a la productividad. Junto a él circula la sospecha de que el objetivo real sean grandes empresas públicas financiadas con dinero ajeno, controladas políticamente y pobladas de puestos afines. Otra corriente propone justo lo contrario: recortar el aparato político y suprimir los asesores eventuales.

El diagnóstico compartido es que hay un problema de tamaño empresarial. El acuerdo se rompe en el cómo. Y en el punto exacto donde se rompe —el umbral de los 50, la licencia que tarda dos años, el incentivo que Hacienda desactiva— sigue sin aparecer una respuesta que no sea subir otro impuesto o crear otro organismo.