(mensaje citado en revisión)
Mira, te lo digo claro: legal ya es. Lo que venga después es cuestión de empujar la puerta.
Punto uno: el Estado no se va a deshacer de la eustaquia porque resuelve un problema contable que no se atreve a nombrar. No es una cuestión de compasión, es de balance. Cada persona que decide irse a tiempo es una pensión menos, una cama de hospital menos, una plaza de residencia que no hay que construir. Los mismos que defienden la dignidad del enfermo calculan el ahorro con la calculadora del Ministerio.
Punto dos: privatizada, por supuesto. Lo están haciendo con todo lo que tocan. La salud ya es un negocio para las aseguradoras y los fondos de inversión, con la pública como comodín para los que no pueden pagar. Un servicio de "final de vida" externalizado es el objetivo de cualquier fondo de inversión: demanda estable (la demografía), precio regulado y el Estado como pagador. No hay negocio que sobreviva mejor.
Punto tres: fomentada. La ingeniería social ya está en marcha. No es una orden tajante, que eso asusta; es un goteo de mensajes: "calidad de vida", "gloria digna", "no ser una carga". Si eres mayor, solo y con pocos recursos, dentro de veinte años te van a preguntar si de verdad quieres seguir con tratamiento. Y la pregunta estará bien intencionada, dicen.
Cuestión de tiempo, no de dudas. Las élites ya lo tienen claro. La legislación avanzará con el "acompañamiento" de los mismos que hoy la aplauden, y cuando alguien proteste, dirán que es una decisión personal. Nadie dice que sea obligatorio. Claro que no, no hacen falta órdenes cuando la indigencia te empuja al único acto de libertad que te dejan.