200.000M de gasto en Pensiones ¿Alguien me lo explica?

Gasto en pensiones: 200.000 millones y ningún plan para pagarlos​

¿A dónde van 200.000 millones de euros al año? El gasto del Estado en pensiones públicas alcanzará el próximo ejercicio el récord histórico de 200.000 millones, y no por un desmadre puntual: hay más pensionistas, los que se jubilan ahora acceden con cuantías superiores porque su sueldo fue más alto, y todas las pensiones en vigor se revalorizan al menos conforme al IPC. Según el mensaje que abrió el debate, en la campaña electoral pasada no hubo un solo espacio donde ese número apareciera sobre la mesa; otra intervención responde que el tema sí salió, y que todos los partidos prometieron subirlas. La pregunta no es si hay que pagarlas. Es quién lo hace.

La foto fija la da la propia Seguridad Social: 12.017 millones de euros al mes en pensiones contributivas —jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares—, según los datos de julio difundidos por el Ministerio. A eso se suman las pensiones de clases pasivas, el régimen específico de los funcionarios públicos, y las no contributivas, que se abonan a quienes no han aportado lo suficiente al sistema. El Presupuesto de 2023 reservaba 190.600 millones para el conjunto: 167.000 para contributivas, 20.400 para clases pasivas y 3.000 para no contributivas.

¿Por qué las pensiones desaparecen de las campañas electorales?​

A juicio de quienes participan en el debate, ningún partido con opciones de gobernar puede permitirse defender lo contrario de «subir». Todos prometieron elevar las pensiones, y quien insinuaba lo contrario quedaba colocado al instante en el bando de los que odian a los mayores.

A eso se suma el horizonte temporal, como resume una de las intervenciones destacadas del hilo: un gobernante planifica a cuatro años; la factura del sistema de reparto la cobra el que llegue después. Si Europa pone dinero encima de la mesa a base de deuda, ¿para qué va a ser nadie el responsable que proponga rebajar la paga o abrir un sistema de capitalización? El resultado es un consenso mudo: todos suben, nadie explica de dónde sale.

El cálculo que compara el gasto en pensiones con el IRPF​

Uno de los ejercicios que se repiten en el hilo compara dos magnitudes que crecen a velocidades distintas. Según recuerda un participante, en 2008 el gasto en pensiones rondaba los 80.000 millones y la recaudación por IRPF estaba a la par, entre 80.000 y 90.000 millones. Hoy, añade, la partida de pensiones se ha ido a 200.000 millones mientras el IRPF apenas ha llegado a 100.000, poco más de la mitad del presupuesto español.

El cálculo es grueso —mezcla bases imponibles, tipos y colectivos—, pero señala algo difícil de discutir: el sistema de pensiones ya no compite con otras partidas, las aplasta. Cuando una sola rúbrica se come esa proporción del gasto, cualquier discusión sobre educación, sanidad o infraestructuras empieza perdiendo.

Las tres vías de reforma: edad, cálculo y pensiones máximas​

Subir la edad de jubilación o cambiar la fórmula que determina la base reguladora. Suprimir la jubilación anticipada. Bajar las pensiones máximas. Recortar la mayor parte de las no contributivas. Estas son las piezas que aparecen cada vez que alguien se atreve a poner el sistema sobre la mesa, y cada una arrastra sus propios problemas.

Suprimir la anticipada tropieza con qué hacer con los trabajadores que llegan a esa edad con una discapacidad sobrevenida. Bajar las máximas obliga a decidir hasta qué cifra, y con qué regla. Y hay un límite que casi nadie discute: no se puede aplicar el hachazo a quien ya ha cotizado treinta años y está a cinco de jubilarse igual que a quien lleva cinco aportando. Cualquier transición exige límites temporales o la reforma se convierte en una expropiación retroactiva.

Debajo de todo eso hay un debate de modelo: sistema público de reparto puro, sistema mixto con pensión asistencial pública más capitalización privada —el dominante en las economías desarrolladas— o capitalización individual con el Estado garantizando solo un mínimo en casos extremos. España está en el primero, con distorsiones.

¿Es sostenible el sistema público de reparto?​

El dato que más se repite en el debate es el peso del gasto público sobre el PIB: según el cálculo de un participante, en torno al 30% en 1980, el 40% en 2000 y aproximadamente el 50% desde 2020. En paralelo, añade, el gasto público por habitante pasó de unos 6.000 euros en 2000 a 13.000. La pregunta que sigue es incómoda: ¿tenemos hoy mejores servicios públicos que en 2000? Si la respuesta es que no, ese diferencial se ha ido a otra parte.

Ahí se cruzan dos diagnósticos. Uno sostiene que el agujero real son las redes clientelares y el gasto prescindible, que conviene auditar antes de tocar una sola pensión. Otro responde que esas redes son un efecto del sistema actual: un país donde la mayoría del presupuesto va a pensiones y nóminas públicas acaba votando a quien garantiza el reparto, y todo lo demás se organiza alrededor. En el hilo se cita a la AIReF, que según un participante ha documentado gasto público revisable por miles de millones.

El otro agujero: parlamentos, subvenciones y redes clientelares​

Circulan en el debate cifras llamativas sobre el coste de la política: 625 millones para 1.817 diputados, 343.973 euros por escaño. Otro participante corrige el dato: el Congreso cuesta alrededor de 100 millones y emplea a unos 1.500 trabajadores, y esos 625 millones corresponden al conjunto de parlamentos, incluidos los autonómicos, con limpieza, ujieres, transcriptores y conservación de edificios dentro. Algo parecido ocurre, según esa misma intervención, con el célebre gasto atribuido a determinadas partidas sociales, donde los desgloses mezclan cuatro anualidades y conceptos que antes se pagaban desde otros organismos.

El matiz no desactiva el fondo. El gasto público se ha duplicado en dos décadas y las cuentas no cuadran por ningún lado. Hay quien calcula que las estructuras clientelares de partidos y administraciones absorben bastante más que el desequilibrio anual del sistema de pensiones. Y hay quien responde que, sin tocar esas estructuras, cualquier ajuste de pensiones será pan para hoy.

El choque generacional: quién paga la fiesta​

Mientras la partida de pensiones marca récords, el país que la sostiene encadena contratos precarios, alquileres disparados y, según denuncian varios participantes, el paro juvenil más alto del entorno desarrollado. De ahí sale la comparación que más incomoda: hay quien afirma que existen pensiones que superan el salario de quien las paga, y cotizaciones altas de hace una década que hoy rinden por encima del sueldo de un técnico con dos carreras.

Entre quienes sostienen que el sistema es un expolio intergeneracional y quienes avisan de que sin las pensiones de los abuelos media España no llegaría a fin de mes, hay un dato que se repite: buena parte de los que hoy cotizan no cuenta con cobrar nada, o con cobrar muy poco y muy tarde. El pacto social se ha convertido en una hipoteca que se firma sin leer las condiciones.

Al final, el gran acuerdo de la democracia española: las pensiones suben, nadie explica con qué dinero, y el que levanta la mano para preguntar es un insensible. Que lo pague el de atrás. Y que no se queje.