32 menas para ibiza, cada uno sale a 100 mil euros en gastos

Ibiza paga 105.500 euros al año por cada uno de los 32 menores tutelados​

El Consejo Insular de Ibiza ha adjudicado a la Fundación SAMU un contrato de 13,5 millones de euros públicos para atender a 32 menores extranjeros no acompañados durante cuatro años. La operación, difundida junto al anuncio oficial de adjudicación, arroja una media de más de 100.000 euros anuales por plaza, o lo que es lo mismo, unos 289 euros diarios por cada menor, según un cálculo que circula en redes. La cifra ha puesto el foco sobre el coste real de la red de acogida y sobre quién se lleva ese dinero.

Qué dice el contrato y cuánto cuesta cada plaza​

El contrato cubre cuatro ejercicios y 32 plazas. La división es simple: 13,5 millones entre 32 menores y cuatro años deja 105.500 euros por menor y año. Al día, 289 euros. Para comparar, en el mismo material se apunta que una residencia de mayores ronda los 100 euros diarios con obligaciones legales de personal, y que el coste por interno en prisión se sitúa en torno a 2.300 euros al mes. La diferencia, sostienen quienes han hecho el cálculo, no se explica por la atención: se explica por el margen que se queda la entidad adjudicataria.

Hay quien va más allá y compara con lo que cuesta un internado de élite británico: entre 65.000 y 70.000 libras al año por alojamiento, manutención, enseñanza y deporte. Con ese baremo, pagar más de 100.000 euros por plaza se antoja, cuanto menos, llamativo.

El negocio de la acogida: quién gana con los menores​

La tesis más repetida es que la atención a menores migrantes se ha convertido en un sector económico con beneficiarios claros: fundaciones, ONG y empresas de servicios que firman contratos públicos sin concurrencia real. Se argumenta que el dinero no llega al menor, sino que se reparte en estructura, intermediarios y sobrecostes. La conclusión que se extrae es incómoda: si el negocio funciona, nadie tiene incentivo en cerrarlo.

Frente a eso, otra corriente recuerda que existen protocolos legales y que a los menores a los que se puede devolver con sus familias se les devuelve. Los que se quedan, se quedan porque no hay alternativa jurídica. Atenderlos no es opcional: es una obligación. El reproche, en todo caso, va a la gestión y a los sobrecostes, no a la existencia del servicio.

Devolverlos a Marruecos: el coste que nadie calcula​

La propuesta más repetida en el material es la deportación. El cálculo que circula es que devolver a un menor a su país costaría 200 euros o menos, frente a los 105.500 anuales de mantenerlo. Con 3,2 millones, se argumenta, se podrían costear miles de retornos. La objeción es que la devolución no es un billete de avión: requiere informes de los países de origen, contacto con progenitores y garantías legales. Cuando el retorno seguro es posible, ya se hace.

El trasfondo político: PP, PSOE y el reparto de fondos​

El contrato lo firma el Consejo Insular de Ibiza, gobernado por el PP, lo que desactiva el argumento de que esto es cosa de un solo partido. La acusación que recorre el material es que tanto el PP como el PSOE participan del sistema y que sus estructuras afines se benefician de los fondos. Por eso, se concluye, nadie lo para.

La dimensión que no sale en el contrato​

Más allá del coste directo, el material apunta a un impacto acumulativo: el gasto sanitario, educativo y de seguridad** que genera cada plaza a lo largo de la vida del menor. Los cálculos que se citan de otros países europeos hablan de contribución neta negativa de cientos de miles de euros por persona. La discusión, por tanto, no es solo cuánto cuesta el contrato: es cuánto cuesta el modelo.

La pregunta que queda abierta​

Si el coste real de la atención es una fracción de lo que se paga, y si el retorno seguro es legalmente viable en una parte de los casos, ¿por qué el sistema sigue adjudicando 13,5 millones por 32 plazas sin que ninguna administración haya auditado la estructura de costes? La respuesta, a la vista de los datos, no está en el contrato.