87 años.. 70 años viviendo(alquiler) en el retiro.. 1450€ pensión.. y ahora un "fondo buitre" quiere desahuciarla de "su casa"

Desahucio de Maricarmen: 70 años en Retiro con 1.450€ de pensión​

Una mujer de 87 años que lleva siete décadas viviendo de alquiler en el barrio de Retiro, en el centro de Madrid, se enfrenta a un desahucio impulsado por Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble. Según varios participantes del debate, cobra una pensión de 1.450 euros al mes en catorce pagas y paga una renta antigua muy por debajo del precio de mercado. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convertido su caso en bandera: «la lucha de Maricarmen es la lucha de todas». La convocatoria para frenar el desalojo se fijó para el miércoles, y el asunto terminó aplazado a la espera de que el Ayuntamiento encuentre una alternativa habitacional.

El caso condensa una contradicción que recorre el mercado del alquiler español: la misma legislación que protegió durante décadas al inquilino de renta antigua se ha convertido, con el paso del tiempo y la entrada de fondos de inversión, en un laberinto donde el propietario no puede recuperar su vivienda y el inquilino anciano se ve empujado a la calle sin una salida clara.

Qué es una renta antigua y por qué bloquea al propietario​

Los contratos de renta antigua, firmados antes de 1985, se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y permiten al inquilino permanecer en la vivienda con subrogaciones limitadas y actualizaciones de renta muy contenidas. En el caso que nos ocupa, el contrato se habría subrogado del padre a la madre y, según una de las interpretaciones que circulan, solo permite una subrogación, lo que dejaría a la ocupante en situación de precariedad jurídica. Es el argumento que esgrimen quienes defienden el desalojo.

En el lado opuesto, la lectura es otra: una mujer que llegó con 17 años, que vio morir a sus padres en esa casa y que a sus 87 años no tiene a dónde ir. El sindicato que la apadrina sostiene que el fondo compró el edificio en 2020 y que ahora quiere rentabilizarlo a precio de mercado. La casa, dicen, no es suya; pero tampoco lo es del fondo, que la adquirió como activo financiero.

Cuánto paga y cuánto podría pagar​

El dato que más incomoda a unos y a otros es el de la pensión: 1.450 euros al mes en catorce pagas, o lo que es lo mismo, casi 1.700 euros en doce pagas, según los cálculos que circulan en el debate. Con esa cantidad, sostienen algunos participantes, hay alternativas habitacionales en la periferia de Madrid o en municipios de Castilla y León donde los alquileres rondan los 500 euros. Otros replican que mudar a una anciana de su entorno a los 87 años no es una solución, sino una expulsión con papeles.

El problema de fondo no es cuánto cobra Maricarmen, sino cuánto vale el metro cuadrado en Retiro y cuánto está dispuesto a pagar el mercado por él. La vivienda en el centro de Madrid se ha revalorizado hasta extremos que hacen inviable cualquier renta que no sea de mercado. Y la renta antigua, por definición, no lo es.

El fondo que compró el edificio en 2020​

Urbagestión aparece en el relato como la sociedad que adquirió el inmueble y que ahora ejecuta el desahucio. No es un caso aislado: desde hace años, fondos de inversión y sociedades patrimonialistas compran edificios enteros con rentas antiguas para luego negociar salidas o litigar desalojos. El patrón se repite, según algunos participantes: un particular se cansa de aguantar una renta congelada durante décadas, vende a una empresa especializada y esta se encarga de lo que el particular no podía o no quería hacer.

Ese trasvase de patrimonio residencial desde familias a sociedades tiene una consecuencia directa: concentra la propiedad y profesionaliza el conflicto. Lo que antes era una negociación entre casero e inquilino se convierte en un pulso entre un fondo con abogados y una señora de 87 años con una pensión.

Qué ha pasado con el desahucio​

La convocatoria del sindicato para el miércoles buscaba precisamente eso: visibilizar el caso y forzar una salida política. Y funcionó, al menos de momento. El desahucio quedó aplazado hasta que el Ayuntamiento encuentre una alternativa habitacional para la inquilina. No hay fecha nueva, no hay compromiso firme y no hay solución definitiva. Solo una tregua.

La pelota está ahora en el tejado municipal. Si aparece un alojamiento público, el caso se cerrará sin más ruido. Si no aparece, el pulso volverá al juzgado y la imagen de una anciana en la calle volverá a los telediarios.

Qué se juega el mercado del alquiler con este caso​

Más allá del drama personal, el caso Maricarmen toca una fibra sensible del mercado: la convivencia entre rentas antiguas y precios de mercado. Los defensores del desalojo argumentan que mantener contratos históricos a precios ridículos distorsiona el mercado y desincentiva la inversión en vivienda. Los críticos responden que el problema no es la renta antigua, sino la falta de vivienda pública y la permisividad con los fondos que compran edificios enteros para exprimirlos.

Ninguna de las dos partes tiene una solución que no implique sacrificar a alguien. Y mientras tanto, Maricarmen sigue en su casa, con 87 años, esperando a que alguien decida qué hacer con ella.