El Gobierno ve margen para 400.000 funcionarios más
Dos puntos porcentuales separan a España de su destino declarado. La media de la OCDE sitúa el
empleo público en el
18% del empleo total y aquí estamos en el
16%, así que el Ministerio de Función Pública deduce que hay margen para algo más de
400.000 puestos nuevos de funcionario. El plan se apoya en una referencia internacional y en una promesa a diez años. Ni una nómina ni un presupuesto cerrado, de momento.
José Luis Escrivá presentó las líneas maestras de su plan en el Congreso y añadió el segundo pilar: en la próxima década se jubilará una porción enorme de la plantilla de la Administración. Reposición más creación de plazas, y del ministerio sale ya la palabra
boom aplicada a las ofertas de empleo público. Con un matiz que el propio departamento subraya: crear 400.000 puestos no equivale a contratar 400.000 personas, sino a que existan plazas por encima de las actuales.
¿Cuántos funcionarios hay en España actualmente?
La respuesta depende del boletín. Según la Encuesta de Población Activa, los ocupados del sector público
superan los 3,5 millones; según el boletín de personal de las Administraciones públicas, recién revisado, la cifra
pasa de tres millones. Medio millón de trabajadores de diferencia. Un desfase que en sí mismo explica por qué el salto del 16% al 18% se puede defender con un intervalo de confianza generoso.
A esas cuentas se suma la demografía interna del sector. El número de empleados públicos se ha multiplicado por cuatro desde la aprobación de la Constitución, y el proceso de estabilización —pasar interinos a plazas fijas— mueve miles de expedientes por toda España. Y hay quien sostiene que no hay opositores para cubrir ni la mitad de las plazas ofertadas, un problema que no se arregla subiendo un porcentaje.
Comparativa con Europa: qué pasa en los países nórdicos
El argumento del 18% obliga a mirar fuera. Y fuera los porcentajes bailan: según un cálculo que circula por el hilo, Escandinavia rondaría el
30% de empleo público, lo que duplicaría el margen español si se tomara ese espejo. Ahí está el primer
pero que apunta otro participante: en varios de esos países el empleo público no equivaldría a plaza vitalicia; se despide, se examina cada año y se cobra en línea con el sector privado o por debajo.
La otra objeción es de perímetro estadístico. Se sostiene que las cifras oficiales dejan fuera a colectivos que sí son sector público —empresas públicas de defensa, agencias, correos— mientras los países con los que se compara sí los suman. Ensánchese la base de cálculo y el 16% español se parece bastante menos al que sirve para pedir 400.000 plazas.
Sobre el mapa completo, país a país, hay un análisis que ordena a los estados por modelo: los manufactureros y extractores aguantan plantillas públicas gruesas; los de servicios, banca y turismo —España entre ellos— las pagan con salarios comparativamente peores en el sector público. El desglose completo deja un retrato incómodo para ambos bandos.
Funcionarios de carrera, interinos y la estadística que lo mezcla todo
Aquí se juega buena parte de la discusión. Una comparativa europea de
2012 cifraba en el
73,63% los funcionarios españoles con empleo garantizado de por vida, frente al
10% de media en Europa. Años después, el reproche que llega desde Europa apunta a la temporalidad, no a la estabilidad. El péndulo ha girado sin que nadie explique del todo por qué.
En medio, una masa laboral que no siempre aparece en las cuentas: el personal interino. Un cálculo que circula por los análisis del sector lo sitúa
por encima del millón de personas. El goteo de ceses es constante:
1.400 interinos en el SEPE, cerca de
400 en una empresa pública de gestión ambiental, un millar de temporales de una administración autonómica. Y en julio,
más de cien mil profesores se quedan fuera.
La exigencia también va en dirección contraria. Al anunciarse el fin de la cita previa obligatoria en la Seguridad Social, el SEPE y la Agencia Tributaria, la protesta de parte de la plantilla fue que habría que aumentar las plantillas un
30% para absorber la demanda. Dos relatos incompatibles sobre el mismo mostrador.
¿Hay margen presupuestario para 400.000 nóminas más?
Es la pregunta que desmonta la aritmética anterior. Para un participante, cuando el gasto corriente se financia con deuda, hablar de margen es, como mínimo, un ejercicio de optimismo. Y otro sostiene que la economía necesita cada vez más euros de deuda para generar un euro de PIB y que, desde 2008, la distancia entre ambas curvas solo ha hecho una cosa: crecer.
A eso se añade la lectura más descarnada, que no es la menos repetida: para otro contertulio,
400.000 puestos públicos son 400.000 votantes potenciales con nómina estable, y las jubilaciones de la próxima década son también un calendario electoral. No hace falta ser un lince para entender por qué el anuncio se coloca cuando se coloca.
Queda la duda de siempre: si el objetivo es converger con la OCDE, ¿por qué se elige la media y no el país que más gasta? Y, sobre todo, ¿quién firma las 400.000 nóminas que todavía no existen?