⚠️ cuidado. buscan delitos de repruebo en los mensajes sobre los primeros nacimientos de 2025

Un observatorio estatal rastrearía los mensajes sobre los nacimientos de 2025​

El anuncio, difundido como urgente por una cuenta de televisión, de que el Gobierno pone en marcha un dispositivo para rastrear durante toda la jornada los mensajes publicados en redes sobre los primeros nacimientos del año ha caído como un jarro de agua fría entre quienes venían discutiendo, con más o menos gracia, la nacionalidad de los recién llegados. Según ese relato, se buscan delitos de odio en las críticas a que la mayoría de los nacidos en España en 2025 no sean españoles. El dispositivo funcionaría como un observatorio con seguimiento continuo.

No es una medida aislada ni sorprendente. Llega después de años de ampliación del catálogo de delitos de odio y de la creación de unidades específicas para perseguir el discurso en internet. Lo llamativo es el objeto: no una amenaza concreta, no una organización, sino comentarios sobre estadísticas de natalidad. Ahí es donde el asunto deja de ser una anécdota y se convierte en un problema de definición.

Qué se sabe del observatorio y qué no​

El anuncio llega sin el detalle que importaría: qué organismo lo gestiona, con qué presupuesto, bajo qué criterio se decide qué mensaje entra en el radar y qué ocurre después con lo detectado. La información disponible habla de un rastreo de redes durante toda la jornada y de una monitorización continua, pero no de protocolos, ni de cifras, ni de responsables identificables.

Esa opacidad es, precisamente, lo que ha encendido los ánimos. Cuando se anuncia vigilancia sin explicar el marco, la reacción natural es imaginar el peor escenario. Y en un país donde la progresía ha hecho de la vigilancia del lenguaje una seña de identidad, el peor escenario se imagina rápido.

El argumento de la doble vara de medir​

La crítica más repetida no niega que existan delitos de odio. Discute el criterio. Se sostiene que hay opiniones durísimas contra determinados colectivos religiosos que circulan sin consecuencias mientras otras, mucho más suaves, se persiguen con celo. La sensación de asimetría es el combustible real del enfado, más que la existencia del observatorio en sí.

A eso se suma la sospecha de que la herramienta se use para lo que no se dice. Hay quien apunta que un dispositivo capaz de rastrear redes sociales a demanda puede emplearse para vigilar cualquier cosa, no solo el supuesto delito que justifica su creación. La tecnología no distingue de intenciones.

El coste de perseguir opiniones en lugar de delitos​

El otro gran bloque de críticas es económico y de prioridades. Se argumenta que los recursos públicos dedicados a monitorizar mensajes son recursos que no van a perseguir delitos reales, a gestionar fronteras o a resolver problemas que la ciudadanía percibe como urgentes. La comparación con la falta de medios en otras áreas es inevitable.

La pregunta de fondo es incómoda: ¿cuánto vale un tuit y cuánto vale un delito? Si el Estado dedica aparato a lo primero, algo está fallando en la jerarquía de lo segundo.

La cuestión de fondo: qué es un delito de odio​

El debate legal no es menor. Criticar una política migratoria, cuestionar una estadística o señalar un patrón demográfico no es, en principio, delito. El delito de odio exige incitación a la violencia, hostigamiento o menosprecio a un colectivo por su condición. La frontera entre opinión desagradable y delito es difusa, y ahí está el problema.

La propia evolución del concepto genera inseguridad jurídica. Cuando el catálogo se amplía y la interpretación se estira, el ciudadano deja de saber qué puede decir. Y un ciudadano que no sabe qué puede decir es un ciudadano que se calla. Que es, quizá, el objetivo.

Qué se puede esperar a partir de ahora​

El anuncio, tal como se ha difundido, no incluye plazos ni resultados esperados. No hay un informe previsto, ni una memoria, ni un mecanismo de rendición de cuentas. Sin eso, la medida queda en el aire: existe, se anuncia, pero no se sabe cómo se evalúa.

Lo único seguro es que el tema de la natalidad y la nacionalidad de los recién nacidos seguirá generando conversación. Y que ahora esa conversación tiene un ojo encima. Lo que no está claro es si ese ojo busca delitos o busca silencios.