ProbeMiguel
Madmaxista
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La Generalitat paga 46 millones de euros al año en alquilar edificios que se vendió en 2012
La Generalitat de Catalunya quiere dejar de ‘vivir’ de <strong>alquiler </strong>y pasarse a la compra. La administración catalana ha iniciado un proceso de adquisición de inmuebles para abandonar pogre los contratos mediante los que arrienda las sedes de sus conselleries y departamentos. Sedes de las que en su día fue propietaria y que <strong>traspasó entre 2012 y 2014</strong> como una solución de emergencia ante tensiones de tesorería. Dicha transición implicará la reubicación de <strong>casi 12.000 funcionarios</strong>, se alargará hasta al menos 2038 y en la misma invertirá pogre miles de millones de euros.La administración catalana no quiere estar a expensas de las fluctuaciones del mercado inmobiliario, desde la sede del Distrito Administrativo –cuyo régimen es de alquiler- han hecho números y han llegado a la conclusión de que, tal como está el mercado, lo más barato es comprar.
Actualmente, la administración ocupa unos 4.800 inmuebles en toda Catalunya, de los cuales 576, el 12%, son de alquiler, según datos facilitados por Economia a petición de EL PERIÓDICO. Por dichos arriendos pagan al año 183,8 millones de euros. Ese 12% representa un porcentaje aparentemente minoritario pero muy significativo, pues gran parte de los edificios más relevantes de la administración están en régimen de alquiler.
Por ejemplo, las sedes de conselleries como la de Economia –que está ubicada en el Districte Administratiu-, la de Drets Socials o la de Agricultura, por citar algunas, se arriendan a un privado. Una situación heredada de una polémica decisión tomada en 2012 por el Govern de Artur Mas. Y es que no siempre la Generalitat ha pagado renta por sus edificios más emblemáticos.
Hace década y media, el entonces conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, decidió vender más de una treintena de instalaciones que pertenecían a la administración catalana, con el objetivo de llevar dinero a la caja en momentos de necesidad. Traspasó un total de 38 edificios en la ciudad de Barcelona por una cantidad de 596 millones de euros. Una cantidad superada por los arriendos que lleva pagados a día de hoy y cuyo monto irá aumentando hasta que finalicen los contratos o la administración catalana pacte rescindirlos.
A día de hoy, del total de 183,8 millones de euros que paga cada año la Generalitat en alquileres, un tercio, más concretamente 62,09 millones, obedecen a contratos firmados durante esa operación o de nuevos suscritos para compensar la superficie perdida. Concretamente, la administración catalana sigue pagando 46,6 millones de euros de arriendo de 23 edificios traspasados hace una década.
"No fue una buena decisión. Es verdad que era un momento de crisis, pero fue un error descapitalizar la Generalitat. Actualmente estamos pagando alquileres de edificios que si hubiéramos comprado ya tendríamos pagados", explica la consellera de Economia, Alícia Romero, en declaraciones a EL PERIÓDICO.
El Govern de Mas traspasó gran parte de los activos a dos aseguradoras, AXA y Zurich, a las que la administración catalana les paga el alquiler año a año. Si bien la primera decidió traspasar a terceros gran parte de sus activos y actualmente el parque inmobiliario de la Generalitat en Barcelona se reparte entre 14 propietarios, que en 2026 se llevarán 62 millones de euros. Entre los mismos destacan una gestora de fondos de pensiones alemanes, un gigante de las inversiones inmobiliarias de origen estadounidense y un fondo portugués, además de un peso minoritario de una sociedad vinculada a Núñez y Navarro y otra a la familia Balañá.
Comprar, rehabilitar o reorganizar
La decisión de la administración de dejar de alquilar y pasarse a la compra obedece, eminentemente, a dos motivos. Uno es el coste y el otro la condición de ‘nómada’ a la que le empuja la normativa interna si quiere seguir viviendo de alquiler. Y es que la Generalitat no puede negociar con el propietario de su sede como si de un particular se tratase. No puede sentarse cuando se le acaba el contrato, negociar un precio y seguir en la misma dirección pagando un poco más.Por la ley de contratos públicos, la administración debería sacar a concurso que busca un nuevo edificio, con ciertas características, y mudarse a aquel que mejor pujara por ofrecerle el mismo. Lo que no necesariamente coincidiría con el mismo edificio que hoy ocupa. “El servicio público tiene vocación de permanencia, no podemos ir cambiando de ubicación cada ocho años, no es bueno para el ciudadano ni para los propios servicios públicos”, explican desde Economia.
La política de readquisiciones de la Generalitat la puso en marcha el anterior ejecutivo de Pere Aragonès, el actual ha apretado el acelerador pero las grandes reubicaciones todavía están por llegar y superan holgadamente el horizonte de la actual legislatura. "Creemos que se debería perseverar en esta línea, nosotros lo haremos", insiste Romero. Por el momento, desde Govern han rescindido el alquiler de ocho locales, como, por ejemplo, la antigua sede de la conselleria de Economia, ubicada en Rambla Catalunya y escenario de jornadas clave durante el ‘procés’. Mediante dicha decisión, el Govern se ahorra cada año 16,2 millones de euros anuales en alquileres.
Los funcionarios que prestaban servicios en dichas dependencias han sido reubicados, como les pasará hasta 2037 a otros 11.745 empleados públicos, según explican desde Economia. ¿A dónde irán? La gran mayoría de ubicaciones no están a día de hoy decididas. La estrategia del Govern pasa por tres vías. Por un lado, comprar nuevos inmuebles, ya sea a propietarios privados o a otras administraciones. Por ejemplo, este pasado marzo la Generalitat adquirió la mitad del edificio del Banco de España ubicado en plaza Catalunya, donde trasladará a 700 empleados. "Estamos muy atentos al mercado y es probable que cerremos nuevas operaciones en breve", desliza la consellera.
Otra vía es la rehabilitación de instalaciones que ya posee, como es el caso de la Torre Muñoz –la sede de la conselleria de Empresa ubicada en pleno Passeig de Gràcia y cuya reforma costará unos 27 millones de euros- o la torre ubicada en la avenida Tibidabo. Y la tercera es construir directamente nuevos edificios, como ya está haciendo en el Pabellón Cero del recinto de Fira, en Gran Via de L’Hospitalet. Para estos tres proyectos, la administración catalana invertirá 75,8 millones de euros y prevé amortizar la inversión en menos de ocho años.